Indígenas awajún de la región Amazonas. Imagen referencial. Foto: Jonathan Hurtado
-Informe de la Defensoría del Pueblo revela situación de grave indefensión y vulnerabilidad de niñas y adolescentes indígenas ante la violencia sexual que se presenta en el ámbito escolar, y que no encuentra sanción en el propio sistema administrativo sancionador ni en la justicia ordinaria.
17:50|22 de mayo de 2017.- Las niñas y adolescentes indígenas que son víctimas de violencia sexual en el ámbito escolar tienen prácticamente todo en contra a la hora de denunciar, ellas mismas o sus familias, a sus agresores.
Aquellas que lo hacen, se encuentran en el camino con una serie de obstáculos de tipo geográfico, económico, sociocultural, lingüístico, de organización o de género.
Así lo señala un informe publicado recientemente por la Defensoría del Pueblo que pone el tema en primer plano revelando una situación de enorme vulnerabilidad y desventaja para el caso de las niñas y adolescentes de la Amazonía.
El informe evidencia que, en primer lugar, el sistema administrativo de sanciones, aquel que existe dentro del propio sistema educativo, en la práctica no logra prevenir y sancionar oportuna y rápidamente a los agresores.
Se ha encontrado así una serie de irregularidades en los pocos procesos administrativos iniciados que terminan beneficiando a los docentes agresores en perjuicio de las estudiantes.
Según explica el documento, dicho sistema «no está diseñado para responder en forma apropiada y eficiente a las particularidades socioculturales de los pueblos indígenas», a lo que se suman otros factores como lo económico y lo geográfico.
Esto último puede llevar a que la víctima no presente una denuncia contra su agresor ante, por ejemplo, la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), por estar esta a una gran distancia de la comunidad, lo que involucra gastos onerosos en traslados.
El mismo factor entra a tallar del lado de la autoridad educativa en caso se inicie una investigación.
«No tenemos presupuesto para ir a comunidades nativas para investigar casos de violencia. Tendríamos que ir con nuestros propios recursos», dice para el informe una funcionaria de una UGEL en la selva central.
Se suman a estas dificultades, «la aceptación de los actos de violencia sexual perpetrados por docentes mediante una actitud permisiva de la comunidad educativa», la misma que responsabiliza de esta violencia a las propias estudiantes.
Todo esto conlleva, concluye el informe que recoge testimonios de las visitas realizadas a las regiones Amazonas y Junín, a que las niñas y las adolescentes indígenas queden en absoluta indefensión y en completa vulnerabilidad a la violencia por parte de los agresores.
El panorama en la justicia ordinaria
Esta situación, de indefensión y vulnerabilidad, se repite una vez que los casos se presentan ante la justicia ordinaria e incluso ante la justicia comunal.
En cuanto a la justicia ordinaria, la limitada disponibilidad de fondos y recursos económicos para el desarrollo de las investigaciones dificulta el trabajo de sus operadores.
Se cuentan entre ellos el juez de paz y las diferentes instancias del Ministerio Público, Poder Judicial, comisarías y los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
Por otro lado, detalla el informe, las familias de las niñas y adolescentes indígenas abusadas sexualmente no cuentan con recursos económicos para el traslado hacia las instancias operadoras de justicia.
Estas muchas veces se ubican en ciudades lejanas de las comunidades nativas, imposibilitando el inicio y desarrollo oportuno del proceso penal sobre los violadores.
Los procesos también se ven limitados por el bajo nivel de confianza en los operadores de justicia.
Al respecto, el documento sostiene que son comunes las sospechas de corrupción y pago a funcionarios públicos para que absuelvan al docente agresor, lo que provoca que las familias ya no quieran continuar el proceso penal.
Un escollo a la presentación de las denuncias es también la ausencia de traductores o intérpretes en razón a la amplia diversidad lingüística que hay en los pueblos de la Amazonía.
Esto pese a que existe una ley (Art. 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que «posibilita la presencia ineludible de un intérprete bilingüe durante las actuaciones judiciales cuando el justiciable así lo requiera.»
Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo realizó su informe en base a las visitas que realizó, entre setiembre y noviembre del 2015, a diversas comunidades rurales de Amazonas, Huancavelica, Junín, Lima, Loreto y Puno.
Esto con el fin de supervisar los servicios prestados por el Estado para garantizar el derecho a la salud, educación, a una vida libre de violencia, acceso a justicia y participación política de las adolescentes y mujeres indígenas.
El informe además de presentar un diagnóstico sobre la realidad alarmante que afrontan las niñas y las adolescentes indígenas, hace una serie de recomendaciones a diversas entidades del Estado.
Puede acceder al informe completo, de 54 páginas, haciendo clic aquí.
