Representantes de las organizaciones del Pacto de Unidad con la congresista Tania Pariona (izquierda). Foto: Facebook de Ketty Marcelo
-Polémica norma fue emitida a inicios de año en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo.
21:45|25 de mayo de 2017.- Fecha histórica para los pueblos indígenas. Hoy, casi entrada la noche, el Pleno del Congreso derogó el Decreto Legislativo Nº 1333 que contemplaba la creación de un ente a cargo de disponer de predios no saneados con el fin de facilitar proyectos de inversión priorizados.
Este retroceso en la norma se logra luego de varios meses de trabajo por parte de las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y sus aliados de la sociedad civil.
«Hoy es un día histórico. A pesar de que no contamos con una institucionalidad indígena dentro del Estado, sí contamos con estrategias y estas han dado resultados», dijo Ketty Marcelo, presidenta de la organización nacional de mujeres indígenas Onamiap, que integra el Pacto de Unidad.
La anulación de la ley se consiguió mediante la aprobación de un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que deroga el cuestionado decreto. Justamente, su presidente, Miguel Ángel Torres, fue quien expuso ante el pleno las razones de la derogatoria.
Argumentaron en el mismo sentido, las congresistas Tania Pariona Tarqui, María Elena Foronda y Marisa Glave Remy. Finalmente, la norma se derogó con 82 votos a favor y 13 en contra.
El apoyo de la sociedad civil fue determinante. Imagen de una campaña impulsada por la plataforma Actúa.pe
Desde su publicación, en enero de este año, los pueblos indígenas vieron en el D.L. 1333 una grave amenaza a su derecho de propiedad y posesión. En un comunicado a inicios de mes, el Pacto de Unidad lo calificó de «ilegal e inconstitucional».
Esto debido a que favorecía y facilitaba las inversiones en infraestructura a costa del despojo de aquellos territorios comunales que se encontraban cerca a zonas donde el gobierno prevé ejecutar grandes obras de infraestructura y megaproyectos de inversión privada y pública.
El instituto IDLADS, organización de la sociedad civil, daba piso a dicho temor al señalar en su momento que con la norma se perjudicaba a «los pueblos indígenas cuyos territorios no están titulados y además cuyo 49.6% de sus territorios están afectados por concesiones otorgadas por el gobierno.»
Lo que se espera ahora es que la norma sea sometida a consulta previa, algo que no se ha hecho, explicó Ketty Marcelo, quien criticó, de otro lado, el casi nulo respaldo recibido de instituciones como el Viceministerio de Interculturalidad, ente estatal a cargo de la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Marcelo detalló que esta victoria conseguida en el pleno «tiene mucho que ver con la militancia, el activismo y el compromiso de las organizaciones del Pacto de Unidad, que trabajaron buscando a congresistas y presentando ante ellos nuestra agenda indígena».
El Pacto de Unidad lo integran la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), Onamiap, Fenmucarinap, Cunarc y Unca.
