09:40|03 de junio de 2017.- El viernes 7 de julio, miles de personas saldrán a las calles en rechazo a un eventual indulto a Alberto Fujimori, exmandatario preso por crímenes de lesa humanidad. En el caso de Lima, el punto de concentración será en la Plaza San Martín desde las 5:00 p.m.
El temor ante un eventual indulto surgió hace un par de semanas luego de que el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, hiciera pública su intención de otorgar dicha gracia al expresidente condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Desde entonces, en las redes sociales se han lanzado numerosas convocatorias para marchar en contra, una de estas la hace la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que ha manifestado que sería «funesto para el país y la democracia que se otorgue un indulto por presión política».
Esto en razón de que el fujimorismo, con mayoría en el Congreso a través del partido Fuerza Popular, ha logrado descartar a tres ministros de Estado e intentado censurar a otro, lo que ha motivado que Kuczynski ponga nuevamente en el debate público la posibilidad del indulto.
«El anunciado indulto afecta nuestras bases institucionales, constituye una intromisión sobre el sistema de justicia, y representa una burla sobre el dolor de las miles de víctimas del conflicto armando interno y de la dictadura fujimorista», afirma Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH.
En un reciente mensaje dirigido a las 78 organizaciones que conforman la Coordinadora, Bracamonte sostuvo: «Enfrentamos una coyuntura crítica y dolorosa, donde serán las ciudadanas y ciudadanos a quienes nos corresponderá enfrentar este nuevo abuso de poder (uso ilegitimo del poder)».
La noticia de un eventual indulto a Fujimori ha propiciado el pronunciamiento de organismos internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Estos destacan que «el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad», como es el caso de Alberto Fujimori, según halló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual fue confirmado por la Corte Suprema del Perú.
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991), incluyendo un niño de ocho años; la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta (1992); y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer (1992).
A Fujimori se le acusa además de implantar en el Perú un programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar que dio como resultado la esterilización de cerca de 300.000 mujeres, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y en su gran mayoría indígenas. Al respecto, este mes se define si la denuncia de 77 mujeres víctimas se archiva o no.
