Foto: ANDINA
-Compartimos a continuación un reciente comunicado emitido por los expertos de la ONU, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, y Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
15:40|13 de julio de 2017.- El Gobierno de Perú debe suspender las negociaciones sobre un nuevo contrato de explotación de una de las áreas petroleras más ricas del país hasta que los derechos de los pueblos indígenas locales estén protegidos, piden dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
El área, conocida como Lote o Bloque 192, se encuentra situada en la remota región norteña de Loreto en la selva amazónica peruana, cerca de la frontera con Ecuador. Actualmente se negocia un contrato de licencia para la extracción de petróleo durante 30 años.
Los Relatores Especiales sobre sustancias y desechos peligrosos, Baskut Tuncak, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, señalaron que este llamamiento responde a los “esfuerzos manifiestamente inadecuados” para proporcionar compensación por los vastos derrames de crudo ocurridos en la región en el pasado.
“Los derrames de petróleo continúan afectando negativamente los derechos de los pueblos indígenas y el actual proceso de negociación no reconoce suficientemente el derecho al consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos”, indicaron los expertos.
“El Gobierno peruano debe suspender las negociaciones directas con las empresas hasta que se garantice el derecho al consentimiento libre, previo e informado y se hayan subsanado todos los daños ambientales”, recalcaron.
“Tal como ya hemos indicado, el Perú debe proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, así como a la consulta, de conformidad con las normas internacionales pertinentes”, dijeron.
Los pueblos indígenas han exigido durante años medidas como la titulación de tierras, el pago por el uso de la tierra, la restauración del suelo y el agua, una compensación adecuada por los daños ambientales y un proceso de consulta.
“El Gobierno tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos de las poblaciones en la región, así como de responsabilizar a las empresas por cualquier violación de los derechos humanos que hayan cometido, antes de volver a conceder una nueva licencia para la explotación de las tierras”, subrayaron los expertos.
El bloque 192, conocido previamente como Bloque 1 A/B, tiene un largo historial de contaminación, emergencias ambientales y conflictos. Los oleoductos viejos y corroídos han sufrido repetidas rupturas en los últimos años, contaminando con sustancias tóxicas fuentes de agua y alimentos. En años recientes, protestas de las comunidades indígenas han interrumpido en numerosas ocasiones las actividades de perforación.
La empresa estatal Petroperú está negociando un nuevo contrato conjuntamente con Perupetro, otra empresa estatal responsable de la producción. La compañía argentina Pluspetrol se retiró del lugar en 2015 y un contrato temporal fue otorgado a la compañía canadiense Pacific Stratus Energy.
El Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos tenía previsto visitar el país en mayo de 2017 a invitación del Gobierno, pero la visita se pospuso debido a una situación de emergencia por inundaciones.
“Espero visitar el Perú tan pronto como sea posible acordar una fecha idónea con el Gobierno”, declaró.
“Una visita constituiría una excelente oportunidad para seguir colaborando de forma constructiva con las autoridades pertinentes. Estoy preparado para apoyar los esfuerzos del Gobierno con el fin de abordar las preocupaciones de la comunidad”, concluyó el Sr. Tuncak.
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El Sr. Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, y la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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Fuente: ONU Derechos Humanos
