Foto: Radio Exitosa
Por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos*
14:52|31 de julio de 2017.- Por más de tres décadas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha insistido en que la democracia es el mejor escenario para lograr el bien común, la paz y la justicia para todas y todos. Creemos en la democracia, hemos luchado por su reimplantación, hemos denunciado a los grupos terroristas que querían imponer sus ideas a base de muerte y destrucción. Y hemos luchado de manera pacífica contra las violaciones a los derechos humanos y su impunidad.
La democracia en contexto
Desde el regreso al Estado de derecho, hemos llamado la atención de los sucesivos gobiernos sobre la necesidad de desarrollar una transición democrática que supere los males del pasado, como son la impunidad, la falta de independencia del sistema de justicia, la poca o nula presencia del Estado en muchos lugares de nuestro país. Hay que luchar contra la delincuencia, sobre todo contra aquellas expresiones que han cooptado el poder, inclusive sobre funcionarios gubernamentales: el narcotráfico, la minería y tala ilegal, el crimen organizado. A esto se agrega que la corrupción ha llegado a niveles tan altos, que nuestros tres últimos ex-presidentes se encuentran con prisión preventiva uno, con orden de captura otro, el restante en investigación.
La transición democrática se frustró debido a que los sucesivos gobiernos pusieron por delante las mejoras en el crecimiento económico, en desmedro de las demandas en salud, educación, infraestructura y prevención de desastres. Es decir, en desmedro de las reformas sustanciales que debió tener el Estado.
Hoy vemos con mucha preocupación que el derecho a la salud de millones de peruanas y peruanos, está desprotegido. Un reciente evento en la ciudad de Lima, como fue la caída de un ómnibus turístico, nos reveló las debilidades de un centro de salud tan importante como el Hospital “Arzobispo Loayza”, en pleno centro de la capital que, además de estar desbordado en su capacidad de atención, ni siquiera tiene un tomógrafo operativo.
Una tragedia como el incendio en el emporio comercial “Las Malvinas”, revela la incapacidad estatal para proteger y fiscalizar los derechos laborales de millones de compatriotas. Es más, se culpa a la “informalidad”, como si no fuera un deber del Estado garantizar trabajo digno y seguro[1]
Tras las condenas de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori por corrupción, los peruanos nos enorgullecemos de haber sancionado ejemplarmente a un conjunto de autoridades del más alto nivel, con voluntad política y vigilancia ciudadana. Creemos que estos dos elementos son fundamentales para la hora actual. De allí es que reconocemos la importancia de la Ley de Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprobada en el Congreso.
Porque sostenemos que la vigencia irrestricta de los derechos humanos de todas las personas -y en especial los de las comunidades en histórica situación de exclusión como los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, trans, gais, bisexuales e intersexuales (LTGBI)- es no solo un elemento constitutivo de la democracia, sino que permite también analizar la calidad de la misma, presentamos un breve balance del primer año de gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El indulto a Fujimori
Desde la huida a Japón de Alberto Fujimori Fujimori en noviembre del 2000, acompañamos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de su gobierno en la exigencia al Estado peruano para que lo extradite y juzgue en democracia. En consecuencia, patrocinamos a las víctimas en los casos Cantuta y Barrios Altos, así como en el proceso por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti. Las sentencias emanadas de estos procesos y sus confirmaciones han sido reconocidas en el país y en el extranjero como hitos y ejemplos a ser imitados. Por ello nos preocupan las insistentes declaraciones del presidente Kuczynski sobre un eventual indulto al violador de derechos humanos.
No nos oponemos a un indulto humanitario a Fujimori, siempre y cuando exámenes médicos independientes determinen una grave e irrecuperable condición de salud que amerite su salida de prisión para compartir sus últimos días con sus seres queridos. A lo que nos oponemos rotundamente es al uso político de esta gracia para avasallar la justicia y para favorecer intereses subalternos.
La insistencia sobre un eventual indulto se vuelve especialmente preocupante porque no observamos una voluntad política que apunte a resolver los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario tenemos que recientemente el Congreso ha dado curso a una acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que resolvieron que los casos por los cuales ha sido sentenciado Fujimori eran por delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles.
La admisión de esta acusación contra los magistrados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, viola el debido proceso y pone en riesgo la independencia que debe tener el máximo intérprete de la Constitución, que en los próximos meses debe fallar sobre causas muy importantes, como la Ley contra el transfugismo impulsada por el fujimorismo para impedir la formación de nuevos grupos parlamentarios, y los habeas corpus a favor de Fujimori.
Reparaciones a víctimas del conflicto armado interno
De la agenda de pendientes vinculados al conflicto armado interno, como el progreso de la judicialización de casos, las reparaciones a las víctimas constituyen el campo en el que más progresos ha registrado en el último año.
Se derogó el Decreto Supremo 051-2011-PCM que impedía el registro de víctimas para su acceso a reparaciones económicas luego de 2011, ha habido progresos en el reconocimiento de las dobles afectaciones ocurridas donde el conflicto y las víctimas han podido transferir a sus familiares directos las becas de estudio a las que tienen derechos en el marco de las reparaciones.
La presencia de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos en el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, así como la creación de la Dirección General de Búsqueda de personas desaparecidas, para la implementación de la Ley de Búsqueda, son pasos importantes. Sin embargo, no se ha cumplido con los plazos previstos por la ley para la creación del Banco Genético de Personas Desaparecidas, ni se han realizado aún acciones de búsqueda de desaparecidos en el marco de la nueva ley.
Finalmente, sigue siendo un pendiente de muchos años la modificación del Plan Integral de Reparaciones para ampliar el reconocimiento de víctimas y beneficiarias a personas afectadas por diversas formas de violencia sexual; así como también, la aprobación e implementación de lineamientos de reparación integral a víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado claves para una adecuada reparación en función de las secuelas específicas de esta violencia.
Defensoras y defensores de derechos humanos y protesta social
Aún no se aprueba una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, durante el primer año del gobierno 9 han sido asesinados 3: por uso excesivo de la fuerza estatal en contextos de protesta social, y los otros 6 debido a la acción de sicarios.
En el último año se ha recrudecido la criminalización de los defensores, ampliando los plazos para la detención sin cargos hasta los 15 días[2], y condenando a prisión a 17 defensores de los derechos humanos en todo el país, incluyendo a sindicalistas y defensores del medio ambiente. Se trata de una situación sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia.
El fenómeno de puerta giratoria se expresó de manera patente con la designación de altos funcionarios provenientes del sector minero en las carteras de Interior y en la Presidencia del Consejo de Ministros[3]. El Decreto Supremo 003-2017-IN modificó de manera cosmética el régimen legal de los convenios entre la Policía y las empresas, centralizando la información y toma de decisiones sobre el uso de los recursos derivados de estos convenios, pero manteniendo conflictos de intereses que vienen generando graves violaciones de derechos humanos en los últimos años.
El gobierno viene haciendo uso de la declaratoria de estados de emergencia y militarización. El caso más reciente es el de la masiva huelga de maestros que ha suscitado la declaratoria de estado de emergencia en Cusco y Puno.
Pueblos indígenas y medio ambiente
So pretexto de acabar con la “tramitología”, se ha desregulado la protección de los territorios indígenas. El Decreto Legislativo 1333, dado en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo, posibilita expropiar las tierras comunales sin consentimiento de los directamente afectados. Y aunque la norma fue inicialmente observada por el Congreso, luego del diálogo entre el Presidente y la lideresa del fujimorismo habría la intención de insistir sobre esta norma[4]
Si bien los procesos de consulta se han continuado implementando, presentan vacíos y pendientes serios. Incluso hay sectores que no los reconocen, como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), al cual el propio Poder Judicial ha tenido que recordarle la obligación de consultar, como sucede en los casos Atuncolla en Puno[5] y la sentencia sobre el lote 116, ubicado en Condorcanqui, Amazonas[6]
En el aspecto ambiental, el riesgo mayor está en la pretensión de dejar sin fondos al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En este momento hay una demanda ante el Tribunal Constitucional respecto a su capacidad de disponer de los aportes que recibe por las multas que impone. Los demandantes no solo quieren que no se les cobre este aporte, sino también que se les devuelva todo lo pagado. De darse esta figura, la OEFA perdería el 75% de sus fondos[7]
Durante este gobierno se han seguido presentando roturas del Oleoducto Norperuano, que genera afectaciones al medio ambiente y en lugares donde viven los pueblos indígenas. Los procesos de remediación ambiental en las comunidades ubicadas en el Lote 192, son lentos y la población indígena sigue exigiendo la acción del Estado.
Género, derechos de las mujeres y las personas LTGBI
En materia de los derechos de las mujeres la violencia de género continúa siendo una grave violación a los derechos humanos. Pese a los avances logrados en el marco de la movilización ciudadana del #Niunamenos, las denuncias por violencia de género y feminicidios se han incrementado y continúa la demanda por una cabal investigación y sanción de estos casos de parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Las medidas adoptadas aún no corresponden a la magnitud del problema y se quedan en el ámbito de la atención de las consecuencias; sin embargo, aún no se empieza con una educación con enfoque de género para combatir las causas.
Además, crece la amenaza de desactivar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para fusionarlo con el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), lo cual viene de la mano con la propuesta que también buscaría fusionar el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) 2012 – 2017 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género, basándose en el argumento del escaso avance del PLANIG, el cual solo se ha avanzado en 20% de su implementación. Es decir, al grave incumplimiento de las políticas públicas en materia de igualdad de género y violencia de género, se suma ahora el intento de su desmembramiento y fusión.
Otro tema de preocupación es la escasa implementación del protocolo de aborto terapéutico, que incluso tuvo que ser materia de denuncias por parte de la sociedad civil para su implementación, a lo cual se añade una demanda en contra del decreto que lo aprueba la cual se encuentra admitida por el Poder Judicial.
Adicionalmente, las mujeres afectadas por esterilización forzada como parte de la política pública implementada en el gobierno de Alberto Fujimori continúan sin poder acceder a verdad, justicia y reparación. La única medida adoptada antes de la entrada de gobierno de PPK fue la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), el cual a la fecha es insuficiente y continúa carente de presupuesto. La demanda principal de las víctimas de una investigación de los hechos (comisión de la verdad) aún no se cumple. Pese a que el gobierno firmó un acta para dar los primeros pasos hacia la creación de un grupo de trabajo para implementar las reparaciones integrales, en esta materia no hay avance alguno. Por último, en justica, el caso aún se encuentra en investigación fiscal, es decir aún no se judicializa.
Respecto a las personas LTGBI, no solo continúan sin discutirse las iniciativas legislativas para el reconocimiento de su igualdad plena, sino que además se han registrado serios retrocesos. El Congreso decidió retirar la mención a la orientación sexual e identidad de género de las personas como categoría protegida contra la discriminación y los crímenes de odio del Decreto Legislativo 1323 dado por el Ejecutivo. Y, ante la presión de sectores antiderechos, el Ejecutivo ha retirado de motu propio la identidad de género como categoría protegida de la Política Nacional del Deporte (DS 003-2017-MINEDU). Las mesas de trabajo sobre derechos LTGBI creadas en los últimos años en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han cesado sus reuniones. Y sobre el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular se cierne la amenaza de derogatoria mediante una acción popular que cuestiona el enfoque de igualdad de género y la inclusión de la orientación sexual e identidad de género como categorías de discriminación abordadas en las aulas.
La lucha por una educación sexual basada en los derechos humanos y en los avances científicos, incorporando los enfoques de género e interculturalidad, ha sido cabalmente asumida por el Ministerio de Educación, pero buena parte del Congreso pretende “tutelar” a los jóvenes y adolescentes, negándoles el derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos. Al tratar de imponer el control sobre la cantidad y calidad de los contenidos de la educación sexual, la meta de la mayoría del Congreso parece ser la imposición obligatoria a toda la población de una moral de carácter neoconservador.
CONCLUSIONES
-El Gobierno en su primer año ha hecho muy poco en materia de derechos humanos, por falta de voluntad política y por además tener una oposición mayoritaria en el Congreso que no está a favor de promover los derechos humanos, sino más bien de restringirlos.
-La democracia se sustenta en el respeto a los derechos humanos, y estos no se pueden soslayar so pretexto del desarrollo económico del país, ni por acuerdos políticos que abren paso a la impunidad y la corrupción.
-Tener a ex-presidentes procesados por actos de corrupción debe llevarnos a reforzar los controles ciudadanos, y exigir a los gobernantes una mayor transparencia, especialmente en la realización de obras con contenido social.
-De allí que el drama que sufren nuestros hermanos y hermanas de Piura y Tumbes afectados por las lluvias de marzo de este año, la reconstrucción de esa zona debe ser un ejemplo de trabajo coordinado, transparente y democrático.
-El Presidente tiene la oportunidad, en su mensaje a la Nación, de pronunciarse por la vigencia de los derechos humanos, reafirmar su compromiso con la democracia y cerrar el paso a todo autoritarismo. Hacer otra cosa sería postergar una vez más las expectativas de miles y miles de peruanos y peruanas que votaron por un país sin impunidad y con plena justicia.
Notas:
[1] El artículo 23 de la Constitución señala que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.
[2] Decreto Legislativo No. 1298, y modificación del art. 2.24.f de la Constitución.
[3] Por ejemplo: Carlos Basombrío, actual Ministro del Interior, ha sido director de la ONG ANDES vinculada a Minera Yanacocha hasta el 2015 y miembro del Comité Consultivo de la Minera Anglo American hasta julio del 2016. Amalia Ruiz Seminario, es encargada de la Dirección General de Orden Público del Ministerio del Interior, entidad dedicada al abordaje de la conflictividad social desde el sector. Ha tenido cargos importantes en Río Tinto, Antamina y Anglo American. Javier Fernández Concha Stucker ha sido gerente general de la empresa minera Sulliden Shahuindo, con severos cuestionamientos por sus prácticas ambientales y sociales. Desde su puesto desconoce los más de doscientos conflictos sociales identificados por la Defensoría del pueblo en el país, y sostienen que solo existen cinco y que es necesario revisar los compromisos alcanzados con la población en las mesas de diálogo para ver cuáles se pueden cumplir y cuáles no. Ver https://elcomercio.pe/peru/violacion-orden-juridico-consecuencias-412919
[4] Ver: https://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/235201-gobierno-presentara-proyectos-de-ley-sobre-expropiacion-de-terrenos-y-obras-de-saneamiento/?utm_source=boletin&utm_medium=matutino&utm_campaign=2017-07-13&utm_source=planisys&utm_medium=Camp_NewsletterSE&utm_campaign=EnvioNewsletter-13-07-20172017-07-13&utm_content=11
[5] https://derechosinfronteras.pe/mem-debera-consultar-a-comunidades-de-atuncolla-para-viabilizar-la-concesion-minera-en-sus-territorios/
[6] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/31/03/2017/decision-historica-poder-judicial-ordena-consulta-del-lote-116
[7] https://juancruizm.lamula.pe/2017/07/02/escandalosa-sentencia-del-tc-liquidaria-al-oefa-y-la-fiscalizacion-ambiental-en-el-peru/juancruizm/
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*Balance publicado el 27 de julio en el sitio web de la CNDDHH
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