Contaminación en el Lote 192. Imagen: Puinamudt, plataforma que agrupa a las federaciones indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón
00:25|14 de setiembre de 2017.- En junio de este año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) respondió de forma negativa a las comunidades indígenas del lote petrolero 192 que solicitaban, a través de sus federaciones, se les consulte la continuidad de las operaciones en dicho lote por 30 años más.
La negativa era de algún modo previsible. El paso siguiente entonces fue pedir que el Viceministerio de Interculturalidad, adscrito al Ministerio de Cultura, se pronuncie al respecto en virtud de su función de garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
La formalización del pedido se hizo a fines de julio, y hasta hoy, segunda semana de setiembre, no se obtiene una respuesta.
El día 5 de este mes, en su presentación ante la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, informó que la información del caso recién por aquellos días le fue entregado por el MEM.
La formalidad del proceso reciente se agota en esas líneas. Vale ahora dar cuenta de lo que hace especial este momento.
Un poco de historia
El Lote 192 se ubica en el noroeste de la región Loreto, en la frontera con el Ecuador, sobre las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre. Es territorio que, desde mucho antes de que existiese el Estado, habitan los pueblos indígenas Achuar, Kichwa y Quechua.
Con una superficie de poco más de 500 mil hectáreas, el equivalente a 40 veces el distrito de San Juan de Lurigancho, el Lote 192 (antes llamado 1AB) se explota desde hace 46 años: primero fue la estadounidense Occidental Petroleum, hasta el año 2000; luego la argentina Pluspetrol Norte, hasta el 2015; y ahora la canadiense Frontera Energy (antes llamada Pacific E&P).
El año 2015, cuando estaba cerca de vencer el contrato con Pluspetrol, el Estado inició un proceso de consulta previa, el cual se desarrolló de forma accidentada y culminó en medio de graves cuestionamientos.
De las 20 comunidades indígenas que participaron en el proceso, el Estado tomó en cuenta lo dicho solo por cuatro de ellas. Las otras 16 quedaron fuera y denunciaron lo que denominaron ‘el fraude de la consulta’. Acusaron al Gobierno de promover la creación de una federación indígena fantasma con el fin de sumar votos a favor de una complaciente continuidad de la actividad petrolera.
A la vez que se consultaba, en paralelo se licitaba el lote. Esta licitación finalmente se declaró desierta y se entregó, bajo la modalidad de contrato temporal de servicios, las operaciones a la entonces Pacific, por dos años. Dicho contrato debió vencer en agosto de 2017; no obstante, se viene prolongando debido a que el Oleoducto Norperuano dejó de operar por varios meses entre el 2016 y 2017.
Conferencia de prensa en Lima, el 6 de setiembre. En la imagen, al centro, Carlos Sandi, presidente de la Feconacor. Foto: CAAAP
Plazo vencido
Las federaciones que representan a las comunidades indígenas del Corrientes, Pastaza y Tigre, que son la Feconacor, la Fediquep y la Opikafpe, respectivamente, piden que se realice una nueva consulta. Se han cursado ya varios documentos e incluso los líderes de estas tres federaciones han hecho el pedido directamente a funcionarios del Estado en Lima, el pasado 22 de agosto.
En aquella oportunidad, al no obtener una respuesta, las federaciones dieron 20 días al Gobierno para que emita una resolución favorable. Este plazo venció el 12 de setiembre. El Gobierno, a la fecha, no se ha pronunciado.
Se espera entonces, que en breve se inicie una movilización dentro del lote, lo que implica el cierre de su producción. Esto de acuerdo a lo anunciado por un dirigente indígena, el pasado 6 de setiembre en Lima.
Las federaciones no exigen solo el cumplimiento de la consulta, derecho amparado en la ley nacional, y en tratados y acuerdos internacionales; las federaciones también exigen que se cumpla con remediar los más de dos mil sitios impactados por contaminación petrolera, que identificó en su momento la propia empresa Pluspetrol.
Además exigen, entre otras acciones, que se atienda a la población que se han visto perjudicada en su salud por causa de la actividad extractiva.
Tal como señalan las federaciones y las organizaciones civiles que las acompañan, el derecho a la consulta es sumamente importante porque garantiza en respeto de otros derechos.
En ese sentido, con la consulta previa, explican, lo que buscan es asegurar que las condiciones del nuevo contrato de explotación garantice el respeto de sus derechos, el derecho a un ambiente sano, a la salud y a la vida, al agua, a la alimentación, y el derecho al territorio.
Desde hace varias semanas, en las redes sociales se ha puesto en marcha una campaña para exigir al Gobierno que cumpla con la consulta previa del Lote 192. Imagen: Actúa.pe
Apoyo incondicional y creciente
Las comunidades del Lote 192 tienen como compañeros de lucha a los y las kukamas del Marañón, que también saben lo que es convivir con los efectos nocivos de la actividad petrolera, en su caso por causa del Lote 8 de Pluspetrol, concesión que expira el 2024.
También cuentan con el apoyo de organizaciones y personas amigas, que empatizan con su causa. No obstante, desde hace varias semanas, cientos de personas, tal vez miles, del país y de fuera, se han sumado como parte de una campaña, al pedido de consulta y de todo aquello que implique reivindicar y garantizar los derechos de las comunidades dentro del lote petrolero.
Este apoyo se viene expresando mediante las redes sociales o a través de acciones en calle que buscan sacudir en algo conciencias no familiarizas con el tema, quizás esperando así llegar hasta quienes toman las decisiones en el Estado.
El Gobierno ya se encuentra fuera del plazo dado por los indígenas; no obstante, en un pronunciamiento emitido el martes, fecha límite (ver aquí), las comunidades han ratificado su voluntad de diálogo. Sin embargo, hasta este momento, el Estado ha optado, como ya lo ha hecho antes, por el silencio.
