Chiriaco, secuelas de un derrame de petróleo

-Chiriaco, en Amazonas, cerca de Bagua, cobró notoriedad hace dos años cuando un derrame de petróleo inundó su pequeño río. Con baldes, alentados por la promesa de un pago, los niños que viven en esta zona colaboraron en la recuperación del crudo. Hoy sus cuerpos debilitados muestran las consecuencias de este desastre ambiental.

Texto: Agencia Imagen Perú

21:30|18 de marzo de 2018.- En Nazareth la vida puede valer dos soles. Osmán Cuñachi lo sabe ahora, pero no aquel 10 de febrero de 2016. Tenía entonces solo once años y era un chico vivaz y alegre, y no pensó ni por un instante que su niñez se interrumpiría y se convertiría –ahora que suele estar sentado como un adulto agobiado por los achaques de la edad– en una nostalgia de días felices, pues ya no puede hacer deporte con sus compañeros, porque las piernas le duelen y se le hace difícil correr, y porque los dolores de cabeza llegan de improviso.

Ese día, Osmán y sus tres hermanos participaron en el recojo de petróleo en el río Chiriaco. Según afirman, dos personas ofrecieron pagar a todo aquel que llevara el «oro negro» de vuelta a tierra. Osmán escuchó que hablaban de 150 soles y, a diferencia de sus hermanos, que recolectaron el crudo desde la orilla, se introdujo en las aguas aceitosas y malolientes para acopiar mayor cantidad de hidrocarburo. Al final del día le dieron dos soles por limpiar todo ese descalabro.

«Participaron muchos niños y hasta mujeres embarazadas, pero nadie de Petroperú entró al río», dice Jaime Cuñachi, padre de Osmán, y agrega que «ellos vinieron a crear enfermedades, no desarrollo».

Lo de Osmán no es un caso aislado. Según el Gobierno Regional de Amazonas, 45 comunidades de nativos awajun fueron afectadas por el derrame de 2.917 barriles de petróleo, ocurrido el 25 de enero de 2016 en el kilómetro 440,7 del tramo II del oleoducto norperuano (provincia de Bagua, distrito de Imaza, quebrada Inayo). Petroperú, operadora del oleoducto, intentó contener la contaminación haciendo una represa pero una fuerte lluvia desbarató ese trabajo. El petróleo irrumpió entonces en el río Chiriaco y luego en el Marañón. El informe del gobierno regional afirma que 243 personas (la mayoría niños) de cuatro comunidades –Nuevo Progreso, Wachapea, Nazareth y Pakun– fueron expuestas al petróleo sin protección y que 9.140 pobladores del distrito de Imaza presentaron «riesgos de daño a su salud».

Las cifras ocultan el drama de personas de carne y hueso. Como el de Grimilda Taan (12) que tiene frecuentes dolores de cabeza, fiebre y diarreas, según refiere la enfermera Sandra Supo del puesto de salud de Nazareth. Lo que es peor, la madre de la niña piensa que ella «se va a morir a los 15 años».

La psicóloga social Brigitte Davey sostiene que «la población, además de los síntomas físicos, ha quedado afectada emocionalmente… Las madres de los chicos tienen entendido que sus hijos se van a morir, la pregunta es cuándo».

Cuando fuimos a la Zona Cero, donde se rompió el ducto, Grimilda y sus amigos de la escuela 16361 de Nazareth se treparon a los árboles para recoger guaba, una fruta de la zona. En el carro entonaban –en idioma awajun– canciones que aludían al desastre ecológico, como esta que dice: «El agua ya está contaminada, y los peces mueren, y ellos tienen vitaminas y proteínas para crecer y no quedarme como un enano».

Jeremías Taan, padre de Grimilda, asegura que Petroperú solo llevó a su hija a la posta de salud, que allí le dieron ibuprofeno y paracetamol, nada más. «Nunca más nos atendieron. Y no sabemos cómo tratar a nuestros niños, nadie nos orienta».

El alcalde del distrito de Imaza, Otoniel Danducho, afirma sobre el tema: «Nos preguntan si tenemos el canon minero o petrolero, pero les digo que solo tenemos el canon de contaminación que estamos pagando por cuarenta años».

Pruebas en Canadá

Ante este problema, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente).

El gobierno regional de Amazonas y el OEFA tuvieron una reacción positiva ante esta medida, pero no pasó lo mismo con el ministerio de Salud. De acuerdo a Segundo Herrera, abogado del CAAAP, «el ministerio de Salud contestó la demanda diciendo que ya había atendido a todos los afectados y que ya no tenía nada más que hacer».

Ante esta respuesta, el CAAAP tomó una decisión. Junto a un grupo de médicos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sacó muestras de sangre, orina y cabello a 25 niños. «Esas muestras fueron enviadas a Canadá donde se determinó que había intoxicación en los menores», afirma Herrera.

Ante todas estas evidencias, buscamos a Petroperú para que diera sus descargos. Hasta el cierre de esta edición, ningún vocero de la empresa quiso emitir una declaración.

Cabe precisar que el 6 de enero de este año, una fuente de Petroperú aseguró al diario El Comercio que los cambios en la salud de los menores no tenían que ver con los derrames sino con «patologías preexistentes y propias de las condiciones de vida de la región». Además, en el documental Petróleo, temor al veneno mortal, presentado recientemente por el CAAAP, el ingeniero Víctor Huarcaya, de Petroperú, afirma que «las aguas están limpias». «Me decían que el pescado del río está contaminado y no se puede comer, yo estoy en condiciones de decirles que el pescado se puede comer», asegura en el video colgado en YouTube.

Gerson Danducho, poblador de Nazareth, que posee una piscigranja de gamitanas, tiene una versión distinta a la de Huarcaya: «Nos dijeron que el petróleo iba por arriba y el pescado por abajo, y que no había problemas. Todo falso. Y además, dos años después, continúan los afloramientos y manchas de petróleo cada vez que llueve. Evidentemente comer pescado no es seguro, pues debe estar contaminado, pero la gente lo sigue consumiendo».

Bernardo Bitap, awajun que fue contratado en marzo de 2016 para la remediación, recuerda que sacaron miles de bolsas de petróleo que cubrían la quebrada Inayo, pero como no era posible extraer lo que estaba adherido a la superficie: «echaron un líquido llamado orange, que hacía que el petróleo se vaya para abajo a un metro de profundidad».

La multa del OEFA

Carol Mora, asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), considera que el problema es de fondo y no de forma. «Ya los derrames son tan continuos que uno pierde la capacidad de sorpresa ante ellos, y te das cuenta de que es un problema estructural y sientes que la solución no se agota en ir a la zona y atender la emergencia por unos días. Al ser un problema estructural, el procedimiento administrativo que se inicia y las multas no resuelven el problema. Lo cierto es que la actual gestión del sector ambiente le ha dado una mirada muy endeble al tema de gestión ambientalista», argumenta.

En julio de 2014 se promulgó la Ley 30230, que impedía al OEFA imponer multas durante tres años. Solo se le daba la facultad de establecer correctivos y recomendaciones. La idea era pasar de un Estado que persigue a uno que ayuda a corregir los daños. Pero la misma ministra del Ambiente, Elsa Galarza, reconoció que la norma no tuvo el efecto disuasivo que se buscaba y que las infracciones se incrementaron durante esos tres años.

A pesar de la Ley 30230, en diciembre de 2017 el OEFA multó a Petroperú con S/ 49,7 millones por los casos de Chiriaco y Morona, pues se trató de un caso de reincidencia.

Carol Mora explica que «una de las grandes deficiencias del sistema es que las multas no se destinan para reparar los daños al ambiente y a la salud de las poblaciones afectadas. Las multas van al Tesoro Público, a Economía».

La abogada de la SPDA se pregunta: «¿Por qué el oleoducto sigue funcionando si los derrames siguen ocurriendo? ¿Por qué tenemos un sistema donde una empresa puede seguir operando a pesar de tener 33 derrames de hidrocarburos en los últimos tres años?». Y responde a esas interrogantes con una propuesta: «Tal vez sería una estrategia mucho más inteligente, y menos onerosa para el Estado, paralizar las actividades del oleoducto, para lo cual, tanto el OEFA como Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), tienen las facultades necesarias para dictar un cese temporal, e implementar una estrategia integral preventiva, que incluya obviamente una inversión de mantenimiento».

Mora tiene puesta su esperanza en el Congreso, que discute la renovación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Uno de los temas que se están promoviendo es que los contratos de las empresas puedan caducar por incumplimiento de cláusulas ambientales.

Sospechosos atentados

A fines de 2016, Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), informó que en los últimos 20 años ocurrieron 190 derrames de petróleo. Lo más inquietante fue que Osinergmin admitió que el 32% de estos casos se dieron por corrosión en la infraestructura de los ductos, y un alarmante 37% por atentados a estas instalaciones.

¿Quién gana con estos ataques? Alicia Abanto, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, de la Adjuntía para Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, responde: «Hay actores que se están beneficiando de estos hechos delictivos que son los ataques al oleoducto. Se tiene que investigar quiénes son los que están lucrando con los derrames perpetrados. Hay una cuestión a tomar en cuenta: el informe que emitió la comisión multipartidaria del Congreso, presidida por César Villanueva, que señala que hay empresas que fueron contratadas directamente por Petroperú para realizar la remediación ambiental, a pesar de que su capital era ínfimo en relación a la cantidad involucrada en los contratos».

Abanto espera que la fiscalía continúe con el trabajo iniciado por el Parlamento. «Estamos solicitando que este informe de la comisión Villanueva se vea en el Pleno y se apruebe, para que el Ministerio Público pueda investigar los delitos que están vinculados con los derrames petroleros y las decisiones, irregulares o no, que pudo haber tomado Petroperú».

Ajeno a las disquisiciones políticas, Osmán Cuñachi, ahora de 13 años, y con exposición confirmada al plomo, mercurio, cadmio y arsénico, de acuerdo al análisis realizado en Canadá, me dice desde su hamaca: «solo quiero estar sano como cualquier chico, y no tener temor a que tenga un tumor u otra enfermedad en el futuro». Alguien, que esquive los laberintos burocráticos de este país, debe asegurarse de que así sea. Alguien le debe una respuesta a este niño.

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Fuente: La República