Derrame de petróleo en la Amazonía peruana. Foto: Bárbara Fraser
21:50|24 de agosto de 2018.- La Defensoría del Pueblo advirtió que el recientemente aprobado dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que propone la modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221) representaría un serio riesgo al rol rector del Ministerio del Ambiente (MINAM).
A través de un informe, la entidad sostiene que el planteamiento para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emita opinión previa vinculante respecto a las normas de otros sectores en materia de hidrocarburos, podría implicar que se veten las normas que el MINAM –en el marco de su rol rector en materia ambiental– elabore para su aplicación a todos los sectores, por ejemplo, en materia de evaluación del impacto ambiental.
«Dicha situación, sin duda, afectaría significativamente a la institucionalidad ambiental del país, debilitaría el rol rector del MINAM e implicaría que el Congreso de la República incumpla con el mandato constitucional de cautelar la protección del derecho a vivir en un ambiente sano de todos los peruanos y peruanas», alertó la Defensoría.
Artículo 4 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que figura en el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
El organismo autónomo también expresó su preocupación respecto a que la propuesta busque crear una excepción para el sector hidrocarburos del cumplimiento de las normas para una adecuada evaluación del impacto ambiental aplicable a todo proyecto de inversión.
Citó como ejemplo que se plantea la previsión por ley de la clasificación anticipada de los proyectos de inversión, sin considerar los criterios de protección ambiental previstos en las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y los criterios normados por el MINAM.
«Dicha medida desnaturalizaría el carácter técnico de dicha evaluación, con lo cual no se garantizaría la adecuada identificación, prevención, supervisión, control y prevención anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de los proyectos de inversión», enfatizó el organismo.
De igual modo, advirtió que facultar al contratista al libre ingreso y salida del área del contrato, sin respetar los derechos de propiedad de terceros, implicaría una vulneración del derecho de propiedad previsto por la Constitución y legislación nacional.
Informe de la Defensoría del Pueblo que analiza el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
De otro lado, la Defensoría saludó que se proponga la incorporación como un supuesto de terminación del contrato el incumplimiento por parte del contratista, de la normativa aplicable en materia ambiental.
Sin embargo, observó que para ello «no debería exigirse que la infracción cometida genere un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas, debido a la alta complejidad de la carga probatoria en esta materia, lo cual generaría que dicha causal sea inaplicable.»
De otro lado, la Defensoría informó que se ha solicitado que la información sobre incumplimientos a las normas ambientales sea considerada en el proceso de convocatoria y/o negociación de los contratos y como causal de pérdida de la calificación de una empresa de hidrocarburos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó al Congreso de la República a que tome en consideración los argumentos de su informe para la evaluación del dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas, «con la finalidad de que la propuesta normativa cumpla con lo previsto en la Constitución y las leyes, y respete los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas, especialmente de los grupos más vulnerables.»
Para leer el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas hacer clic aquí.
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Fuente: Con información de la Defensoría del Pueblo
