En la reunión con el primer ministro, Salvador del Solar, en la comunidad de San Cristobal se escucharon reclamos que indicarían que el Estado peruano sigue cerrando los ojos ante las necesidades de los pueblos indígenas principalmente en el ámbito de garantizar para ellos un sistema de salud pertinente, eficiente e intercultural
Representantes de las comunidades de las 4 cuencas. Foto: Renato Pita Zilbert
Por Caterina Rondoni
13:42|27 de junio de 2019.- El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 22). Esto representa un pasaje fundamental por cumplimiento de la protección de muchos otros derechos humanos, incluido el de la vida. Sin embargo, el derecho a la salud encuentra obstáculos considerables para su realización. Uno de estos, especialmente en un estado como Perú, es la desigualdad de acceso debido a la complejidad cultural y geográfica del país.
El tema de salud fue uno de los puntos focales abordados en la reunión del pasado 12 y 13 de junio entre autoridades indígenas de la federación de las Cuatro Cuencas y funcionarios del Gobierno, viceministros y ministros, con la importante participación del primer ministro, Salvador del Solar. Los líderes indígenas Quechua, Achuar, Urarina, Kichwa y Kukama se han enfrentado a un largo viaje para sentarse a la mesa de diálogo y confrontar a las autoridades estatales sobre temas relacionados con su territorio y sus derechos.
Desde el principio, surgieron con fuerza en la discusión los numerosos problemas críticos relacionados con la salud de las comunidades federadas. La exposición esquemática del funcionario del Ministerio de Salud Pública contrastó con las voces poderosas de los exponentes indígenas que sacaron a la luz los defectos del sistema nacional hacia los ciudadanos de la selva peruana. La imagen que surge es la de un Estado que ha cerrado los ojos ante las necesidades de los pueblos indígenas durante demasiado tiempo.
Resultados que nunca llegan
Entre los problemas más apremiantes, está el estado de salud de las personas que experimentan altos niveles de metales pesados en su sangre. En 2015, los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas lograron ponerse de acuerdo con el Estado para llevar a cabo un estudio toxicológico destinado a determinar el grado de contaminación de sus tierras y de los ríos que se produjeron después de los derrames de petróleo en la zona. Determinar los niveles y factores de riesgo de exposición al plomo, cadmio, arsénico, mercurio, bario y a Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) es de hecho fundamental para poder tomar medidas efectivas para las personas contaminadas. Un estudio único diseñado y administrado entre el Estado y los pueblos indígenas y supervisado por la Organización Panamericana de Salud. Un estudio que examina el estado de salud de 1162 personas de 39 comunidades de los ríos Pastaza (389 personas), Tigre (85 personas), Corrientes (434 personas) y Marañón (260 personas) del departamento de Loreto.
La publicación del informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico realizado en 2016 fue un tema de discusión encendido en la reunión del 12 y 13 de junio. De hecho, a pesar de la promesa de una publicación programada para agosto de 2018, hasta la fecha, la información completa sobre la situación toxicológica del área permanece cerrada dentro del MINSA. Este retraso, sin embargo, no es sorprendente, insertado en el marco de una serie de aplazamientos, debido principalmente a una falta de asignación presupuestal completa y oportuna con repercusiones también a nivel técnico (por ejemplo, ocasionó que el procesamiento de las muestras biológicas demore un año, lo cual pudo afectar la calidad de las mismas).
Durante el encuentro, el Primer Ministro se comprometió a coordinar una reunión con las federaciones FECONACOR, FEDIQUEP, OPIKAFPE y ACODECOPSAT los primeros días de julio para entregar el informe. Sin embargo, seguimos cuestionando sobre el porqué de un retraso tan grande en la publicación de datos esenciales para la salud de las poblaciones de la selva.
Madre indígena expone sus preocupaciones a los representantes del Estado. Foto: Rebecca Pagani
Más reclamos sobre atención en salud
Otros más fueron los temas de salud tratados durante la visita gubernamental. Entre ellos, una preocupación para los representantes indígenas es la implementación real del Modelo de Atención Integral Intercultural de Salud. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este modelo representa la primera experiencia a nivel nacional que implementa la Política Sectorial de Salud Intercultural y tiene un importante valor por su diseño participativo. Modelo que representa una oportunidad preciosa para el Estado peruano de explorar nuevas y mejores maneras de atender la salud de la población indígena con un enfoque de interculturalidad, y con la activa participación de los ciudadanos indígenas. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Salud no ha priorizado de ninguna manera el presupuesto destinado al Modelo, que sigue siendo parte de un fondo general que se utiliza para actividades de emergencia a nivel nacional. Desde una cantidad inicial de 6,5 millones de soles, programada para 2017, los fondos se redujeron al 38% de lo acordado, para luego sufrir un nuevo recorte. De hecho, solo se utilizó el 17% del pronóstico original.
Por lo tanto, los representantes de las Cuatro Cuencas han solicitado, ante el viceministro de salud pública, que se establezca un presupuesto exclusivo para el Plan de Salud Integral. Esta es una decisión necesaria para que todos los esfuerzos realizados por la federación para desarrollar un plan tan innovador se reflejen en la protección del derecho a la salud de los habitantes de las comunidades.
Finalmente, en varias ocasiones se habló de la necesidad de atención médica especializada, prácticamente inaccesible para los habitantes de las comunidades más alejadas. De hecho, a pesar de que los funcionarios del MINSA declararon que, entre enero y noviembre de 2018, 13.451 fueron asistidos por las brigadas de salud integral, numerosos testimonios de los voceros de las comunidades reportan una situación de falta de profesionalismo. De acuerdo con los exponentes de las comunidades de las Cuatro Cuencas, muy a menudo las brigadas de médicos especializados no realizan sus tareas, atienden unos pocos casos y no con la debida profesionalidad. Muchos señalan que los especialistas que se envían no son más que graduados recientes que necesitan tener experiencia en el campo y están dispuestos a aceptar un salario bajo. El Estado debería, por lo tanto, proponer salarios apropiados para los especialistas por el fin que tengan los medios para ingresar en la selva y garantizar una atención médica de calidad para todos los ciudadanos del país.
En definitiva, la reunión del 12 y 13 de junio reveló una imagen de la mala gestión de la salud pública. Un Estado como el peruano, no puede olvidar que, en su complejidad cultural y geográfica, debe prestar más y especial atención a los ciudadanos que sufren la falta de servicios básicos. De hecho, el Estado debe ser el primer promotor de una atención integral e inmediata a sus ciudadanos, y no un obstáculo para la realización del derecho a la salud, al agua, a los alimentos, a un entorno saludable y a la vida en general.
