La Defensoría del Pueblo en Ucayali solicita, además, la asignación de un presupuesto exclusivo para la prevención y atención de casos de COVID-19 en las comunidades indígenas de la región. Ucayali alberga a más de 55 mil ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifican como parte de alguno de los 20 pueblos indígenas que existen en este departamento
Foto: Defensoría del Pueblo
11:00|18 de abril de 2020.- La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali recomendó al Gobierno Regional de dicho departamento adoptar acciones inmediatas a fin de proteger la salud de los miembros de la comunidad shipibo-konibo ‘Puerto Betel’, de la provincia de Coronel Portillo, donde se están registrando casos de personas contagiadas por COVID-19.
En un documento dirigido al director regional de Salud de Ucayali, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, Hugo Pari, solicitó que se garantice la atención médica de dos ciudadanos indígenas afectados por esta enfermedad, hasta su completa recuperación y posterior vigilancia clínica. Asimismo, que se disponga la realización urgente de pruebas de despistaje al resto de miembros de la comunidad para determinar el número de afectados.
En otra parte del documento, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali solicita, además, la asignación de un presupuesto exclusivo para la prevención y atención de casos de COVID-19 en las comunidades indígenas de la región.
La institución se dirigió también al titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali, solicitándole coordinar con la Dirección Regional de Salud, para informar a los miembros de las comunidades nativas sobre las medidas de protección frente al COVID-19, teniendo en cuenta aspectos de interculturalidad como costumbres y tradiciones.
Asimismo, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali pide que se facilite un albergue intercultural en la ciudad de Pucallpa para trasladar a los ciudadanos de comunidades indígenas que se vean afectados por la enfermedad.
Al pedido anterior, se suma el oficio dirigido días atrás, por la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la institución, Nelly Aedo, al gobernador regional de Ucayali, en el que recomienda diversas medidas dirigidas a evitar que la enfermedad se propague en las comunidades indígenas y a garantizar una adecuada atención de la emergencia para esta población, para quienes solicitó la difusión de acciones de prevención del COVID-19 y las disposiciones que vienen adoptando las autoridades para atender la enfermedad, respetando sus lenguas originarias.
En el documento se señala que la Defensoría del Pueblo ha advertido un tráfico fluvial intenso en los principales ríos de navegabilidad de la Amazonía, lo que indicaría un traslado preocupante de personas, y podría propagar el COVID-19 en las poblaciones indígenas ubicadas al interior de las regiones amazónicas. Ante ello, se solicita igualmente al Gobierno Regional de Ucayali coordinar con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a fin de que se dé cumplimiento a las medidas restrictivas, como la inmovilización social obligatoria, establecidas en el estado de emergencia nacional.
Cabe señalar que Ucayali alberga a más de 55 mil ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifican como parte de alguno de los 20 pueblos indígenas que existen en esta región. De ellos, más del 40% viven en la provincia de Coronel Portillo, lo que la convierte en la de mayor población indígena de esta zona del país.
Con 73 casos confirmados de COVID-19 en Ucayali al 18.04.20, la Defensoría del Pueblo advierte que la enfermedad podría expandirse a otras comunidades indígenas si no se actúa con rapidez, por ser este un sector altamente vulnerable debido a la precariedad de los servicios de salud. De acuerdo a reportes de la institución, solo 4 de cada 10 comunidades indígenas cuenta con un establecimiento de salud en su territorio, por lo que resulta de suma importancia que el Estado implemente un plan de atención con enfoque intercultural, que responda a las necesidades de estas comunidades para darles la mayor protección posible.
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Fuente: Defensoría del Pueblo
