En una extensa carta el vicepresidente de AIDESEP, Richard Rubio, pone el suceso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y explica que las comunidades de Libertad y Negro Urco vienen realizando control fluvial de forma responsable para proteger a todas las comunidades del ingreso de personas procedentes de Iquitos, gran foco de infección.
Deslizador guardacostas de la Marina discutiendo con la Guardia Comunal de la Comunidad
Campesina Libertad . Foto: Cedida
Por: CAAAP
19:00|23 de abril de 2020.- “Cuando el deslizador de la Marina navegaba por el río Napo con destino a la localidad de Santa Clotilde-sede del distrito del Napo pertenecientes a la provincia de Maynas, región de Loreto, los miembros y autoridades de las comunidades campesina y nativa estaban haciendo guardia en el río cumpliendo con el rol de autodefensa de control territorial y, al ver que pasaba el deslizador de los guardacostas, se aproximaron en unos botes y dos canoas a cerrar el paso de la nave. Ello llevó a una discusión entre un suboficial que no se quiso identificar con los comuneros de la Comunidad Nativa de Negro Urco y de Libertad. El suboficial superior increpó “que quiénes son ustedes para cerrar el río. Por qué nosotros no tenemos conocimiento de lo que están haciendo, es más porque no han comunicado al gobernador regional, al subprefecto y la policía nacional local la decisión que tomaron para que la Marina esté informada”. El suboficial continúo increpando a los comuneros y les dijo que “deberían pasar la cuarentena dentro de sus casas sin salir y que las otras personas no les debería importar”. Para los comuneros la cuarentena se vive protegiéndose del ingreso de terceros y foráneos, por ello, su decisión de cerrar el tránsito en el río a embarcaciones que continúan haciendo tránsito de carga y pasajeros especialmente viniendo desde Iquitos donde es un grave foco de infección”.
Este es un extracto de la carta de cuatro páginas, adjuntado inclusive imiágenes del hecho, que el vicepresidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Richard Rubio, ha enviado a la Defensoría del Pueblo, concretamente a la Adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas. En ella relata el desconocimiento que manifestaron miembros de la Marina de Guerra del Perú hacia el control fluvial establecido por los moradores de la Comunidad Campesiona de Libertad y de la Comunidad Indígena Negro Urco, como puerta de entrada al distrito del Napo que agrupa a 74 comunidades nativas de cuatro pueblos indígenas (Quichua, Murui-Muinane, Arabela y Maijuna), siete comunidades campesinas y dos centros poblados. Un control que los moradores vienen realizando en las últimas semanas luego de detectarse, durante las primeras semanas del estado de emergencia, ingreso a la zona de personas en botes teóricamente cargados de víveres sin que, en el cumplimiento de sus funciones, las autoridades competentes realizaran un control efectivo de la situación.
Guardia Comunal cerrando el paso en el río. Foto: Cedida
“Los pueblos indígenas se sienten ofendidos por el maltrato a la Presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, Señora Betty Rubio Padilla, y al personal que resguarda el cumplimiento de la cuarentena. La Federación ha venido apoyando con alimentos y coordinando el apoyo de las autoridades sectoriales, el control de tránsito fluvial para respetar la cuarentena y asegurar el abastecimiento alimentario de sus bases federativas”, relata la misiva.
Del mismo modo, se indica, que a las comunidades y a las federaciones les sorprende que:
- Este deslizador de guardacostas se haya dado el trabajo de navegar horas por el río sin llevar mascarillas, material de prevención o alimentos para las comunidades;
- Pese a que la decisión de cerrar el rio fue comunicada a la Comisaria de la PNP esta no haya comunicado a las autoridades superiores.
- Que la Marina no se haya comunicado con el puesto policial para conocer la situación en la zona antes de realizar el viaje.
En la parte final del documento se solicita que “se respete el derecho nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación (arts. 2.2 y 7 de la Constitución y 2.2 y 4.1 del Convenio 169 de la OIT) en organizar nuestra protección para evitar la propagación del contagio del COVID-19 en las comunidades”.
