Indígenas matsigenkas e la comunidad nativa Tayakome, en el Parque Nacional del Manu. Foto: Coharyima
Por: Ismael Vega Díaz. Director del CAAAP y profesor de la UARM
Fuente: Noticias SER
10:14|04 de mayo de 2020.- La ausencia de un plan de emergencia para atender a una población especialmente vulnerable como son los pueblos indígenas, después de 50 días de cuarentena, revela la exasperante indolencia de la burocracia estatal y lo lejos que estamos de una democracia intercultural.
La historia de la relación entre Estado y pueblos indígenas es una historia de despojo, discriminación y exclusión. Esto agudiza la crisis sanitaria que actualmente vivimos. Si el gobierno no estaba preparado para enfrentar la pandemia del Covid-19 en las ciudades, mucho menos lo estaba para hacerlo en los territorios indígenas. Los pueblos indígenas siguen siendo los últimos en ser atendidos.
Por eso, en lugar de apoyar y fortalecer la decisión de los pueblos indígenas de cerrar las fronteras de sus territorios para defenderse de la pandemia, se han producido enfrentamientos entre autoridades, policías y miembros de la marina de guerra y las comunidades. No se entiende que gracias a este control territorial se ha evitado una rápida propagación del Covid-19 en los territorios indígenas. Lamentablemente, en los últimos días constatamos que ya se han comenzado a producir los primeros contagios en varias comunidades y no se sabe cómo se va manejar esta situación, que parece escaparse de control.
Por su parte, las organizaciones indígenas y la sociedad civil han demandado diálogo y han planteado propuestas al gobierno desde que se inició la pandemia, y en las últimas semanas se han producido algunos espacios de diálogo entre ambas partes. Sin embargo, estos son insuficientes y desarticulados y no se concretan en una estrategia integral multisectorial, multinivel y multiactor con la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia. En este contexto el Grupo de Trabajo sobre Pueblos indígenas de la CNDDHH[1], plataforma de la sociedad civil que impulsa procesos de incidencia y diálogo político para contribuir a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha hecho llegar al gobierno un conjunto de propuestas para enfrentar la propagación del Coronavirus y proteger la vida de los pueblos indígenas.
Temas como la participación efectiva de los pueblos indígenas en las instancias de toma de decisiones (Comandos COVID 19, Comisiones Multisectoriales, etc.), la contención sanitaria, la creación de un fondo indígena, el control territorial, la seguridad alimentaria, los protocolos para las actividades extractivas, la protección especial de los pueblos indígenas en aislamiento y los peligros que la reactivación económica implica para los derechos de los pueblos indígenas y los estándares ambientales son temas cruciales, analizados en este Grupo de Trabajo.
Desde esta importante plataforma se propone con carácter de urgencia las siguientes medidas[2]:
1) Creación de un Comité Multisectorial que integre a los gobiernos Regionales y Locales dedicado a proponer e impulsar medidas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a la propagación del Covid-19. Dicho comité debe contar con la participación activa de las organizaciones indígenas nacionales y regionales para la toma de decisiones.
2) Distribución de alimentos y productos de limpieza a todas las comunidades, previa creación de un mecanismo de distribución y un protocolo de mitigación del contagio, el cual debe ser coordinado con las organizaciones indígenas y articulado con los gobiernos regionales y locales.
3) Fortalecer el control territorial ejercido por los pueblos indígenas para garantizar el cierre de los accesos y salidas a las comunidades, de forma coordinada entre las organizaciones indígenas, los gobiernos locales y regionales, y los Ministerios del Interior y Defensa.
4) Obligatoriedad para todo personal externo privado o funcionario público que ingresa a las comunidades que haya pasado por una prueba de descarte del Covid-19 y que esta tenga resultado negativo.
5) Fortalecer el precario sistema de salud de las zonas rurales e implementar adecuadamente los centros de atención con equipos, personal y medicamentos.
6) Creación de un protocolo de evacuación para personas que den positivo al Covid-19 en comunidades indígenas.
7) Garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) a través de la intangibilidad de sus territorios (cese de actividades de terceros), así como la implementación de cordones sanitarios y medidas específicas de control post-emergencia nacional. Dicha protección debe darse de forma articulada entre el Estado y las organizaciones indígenas.
8) Tomar las medidas necesarias para que los planes de reactivación económica post pandemia, no vulneren los derechos los pueblos indígenas ni rebajen los estándares de calidad ambiental o estándares sociales desarrollados por la Corte IDH y el Tribunal Constitucional del Perú.
9) Trabajar en articulación con las organizaciones de pueblos indígenas protocolos comunitarios de salud y protocolos de vigilancia epidemiológica, para que estos puedan ser replicados posteriormente a nivel de las comunidades.
10) Trabajar en articulación con las organizaciones de pueblos indígenas y dirigentes comunales, la identificación de población en alto riesgo de salud en las comunidades, creando un padrón.
La existencia de un plan con medidas especiales para los pueblos indígenas se viene oyendo desde hace muchos días, sin embargo hasta la fecha no se ha publicado, y ahora estos ya no pueden esperar más. La pandemia ya ha llegado a las comunidades y el gobierno tiene la obligación de actuar ya, pero con la participación real y efectiva de los pueblos indígenas y sus organizaciones para evitar el peor escenario, que sería el etnocidio.
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[1] El GTPPII–CNDDHH está conformado por las siguientes instituciones: Instituto del Bien Común (IBC), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Earth Rigths International (ERI), Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), OXFAM, Red MUQUI, COOPERACCION, Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI), Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Foro Solidaridad Perú, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IIDLADS), Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Comisión de Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Iquitos, Asociación Fé y Derechos Humanos (FEDERH PUNO), Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), EQUIDAD Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Proyecto Amigo y Asociación Paz y Esperanza.
[2] Las propuestas han sido elaboradas y presentadas por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH
