A pesar de que la cuenca del río Ene no contabiliza, a la fecha, casos positivos por COVID-19, la organización indígena argumenta en un pronunciamiento los motivos por los que la llegada de docentes desde otras ciudades del país pondría en riesgo “el éxito de la cuarentena colectiva” y asegura que los requisitos de salubridad e higiene que dicta la Resolución Ministerial no se pueden cumplir en la realidad de las comunidades.
Por: CAAAP
13:00|18 de junio de 2020.- “El Ministerio de Educación anunció la reactivación de las clases presenciales en las zonas rurales. Desde la Central Asháninka del Río Ene, consideramos que el regreso de los alumnos y docentes representa un grave peligro para los Asháninka del río Ene y queremos aportar al debate con un par de ideas”. Así inicia el comunicado que la organización indígena que articula a las comunidades nativas del río Ene viene difundiendo bajo el título ‘¿Reactivación de clases presenciales en el Ene?’ y donde se cuestiona la última resolución ministerial donde el Estado autoriza a partir del mes de julio el reinicio de clases presenciales en zonas rurales donde el COVID-19 no tiene presencia o hay pocos casos positivos. Desde CARE, como se lee en la parte final, se concluye que “la solución para el impasse del sector educativo se encuentra en el cierre de la brecha de conectividad, la instalación de internet satelital en todos los centros educativos y la implementación de una metodología innovadora y audaz, y no en la reactivación de las labores presenciales”.
¿En qué se basa CARE para concluir de esta forma? Son varias las observaciones que se hacen desde la organización representativa de esta parte del pueblo asháninka. Por un lado, que “una posible apertura de la zona para docentes provenientes de diferentes zonas del país pondrían en peligro el éxito de la cuarentena colectiva”, pues se indica que la mayor parte de los profesores no se encuentran actualmente en las comunidades, sino que tendrían que llegar desde ciudades con gran número de casos positivos, como Lima, Huancayo, Pichanaki o Satipo, entre otros. Por otro lado, aseguran que el sistema de salud actualmente no tiene capacidad para realizar miles de pruebas de despistaje a los docentes de toda la zona rural y que, además, en la resolución ministerial no se aclara a quién le compete esta parte del proceso. También cuestionan la validez de las pruebas rápidas, por los amplios márgenes de error ya conocidos.
Un último punto es al respecto de la adecuación de los espacios de forma adecuada a la nueva realidad, asegurando que en las comunidades “no existen espacios adecuados ni condiciones de salubridad que permitirían a los docentes, UGEL y CARE implementar, en un esfuerzo común, un ambiente de aprendizaje que protege a nuestros hermanos Asháninka de un posible contagio”.
A este respecto, la coordinadora del CAAAP en Satipo, Gabriela Mayta, confirma que “las decisiones que se toman desde Gobierno Central, respecto a la educación, tal como lo menciona CARE, no son acordes a la realidad que se vive en la zona. Primero porque la gran mayoría de escuelas no tienen los servicios de saneamiento. A eso se suma la falta de mascarillas y medios de protección, así como las precarias condiciones de sus postas que obligan a que, ante cualquier contratiempo sanitario, haya que trasladarse a las ciudades”. Igualmente, alerta que la mayor parte de los docentes que laboran en el río Ene no son de la zona, e ingresar tal y como propone el Gobierno, implicaría que no puedan retornar a sus casas hasta final de año, algo que muchos no estarían dispuestos a aceptar, mientras que estar entrando y saliendo supondría un alto riesgo de contagio.
A continuación, el pronunciamiento completo de la Central Asháninka del Río Ene.