Desde 1951 la Iglesia trabaja por la salud de 110 comunidades dispersas a lo largo del río Napo, unos 26.000 habitantes en total. La atención se realiza mediante convenio con la Dirección Regional de Salud de Loreto. Sin embargo, la falta de contratación de personal estable por parte de la DIRESA y el ‘cuestionable’ proyecto de construcción de un nuevo hospital en Santa Clotilde preocupan al Vicariato
Por: Beatriz G. Blasco
12:00 | 05 de octubre de 2020.- Más de tres décadas lleva el Vicariato de San José del Amazonas gestionando la Microred de Salud del Napo, que atiende, a lo largo de más de 500 kilómetros por los ríos Napo, Curaray y Arabela, a unas 110 comunidades indígenas, 26.000 personas. Esta gestión de los últimos 30 años se da mediante convenio con la Dirección Regional de Salud de Loreto, aunque la población local es atendida por la Iglesia desde mucho antes. Concretamente desde 1951. Esta historia es clave para comprender la confianza que la gente le tiene en la Microred y que, gracias a esa confianza y otros factores más, esta extensa zona solo haya contabilizado hasta el momento un deceso por Covid-19. El envío rápido de ayuda y los protocolos y prevenciones diseñados por los profesionales de la Microred han tenido mucho que ver.
Sin embargo, esta atención de notable calidad (teniendo en cuenta el contexto general amazónico) está en riesgo. Esto preocupa mucho a los representantes del Vicariato, pues desde esta institución de Iglesia la intención es continuar brindando el mejor servicio posible, continuar acompañando a una población que no solo necesita, sino que valora y reclama que la Iglesia esté ahí. Pero, ¿cuál es el problema? Precisamente para exponerlo fue que, el pasado 24 de octubre, Mons. José Javier Travieso, obispo del Vicariato San José, el vicario general p. César Caro y la ecónoma Anna Borkowska se reunieron, por más de dos horas, con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Previamente, se le había enviado una carta exponiendo la situación.
Las grandes dificultades para contratar personal es uno de los problemas. “Desde hace varios años la Microred Napo no cuenta con plazas para contratación del personal asistencial mínimo necesario (baste mencionar que el hospital II-1 de Santa Clotilde no tiene ni una plaza CAS para contratar médico), y con el presupuesto de COVID se han ido cubriendo las brechas de contratación. Ahora estamos enfrentando que, a partir de octubre, más de 30 personas esenciales en el hospital y los IPRESS van estar despedidas (todos los médicos del hospital, muchos técnicos de enfermería, laboratoristas, enfermeros, obstetra). Es muy difícil encontrar profesionales que quieran ir a trabajar en la selva, pero sin ninguna plaza contractual resulta imposible. Contratos de locadores son inaceptables para el personal asistencial permanente”, se lee en el texto enviado a Mazzetti.
Pero, además, ahora se suma el hecho de que el Gobierno Regional de Loreto planea ejecutar en Santa Clotilde una obra de inversión pública de construcción del nuevo hospital II-1. Esto sería una buena noticia de no ser porque este proyecto está “sobredimensionado para las necesidades e infraestructura de servicios del pueblo, en un emplazamiento diferente al del actual hospital, un terreno lejano en las afueras del pueblo. Creemos que esta decisión iría en perjuicio del buen servicio sanitario que se ha prestar a la población, y de la continuidad, de hecho, del convenio entre la Dirección Regional de Salud de Loreto y el Vicariato”.
Ante este panorama los responsables del Vicariato han expuesto a la ministra Pilar Mazzetti que se encuentran muy preocupados por el futuro de la atención de salud de la población indígena y ribereña del río Napo: “Esta situación es escandalosa e insostenible. ¡No se puede atender a la población sin personal ni recursos económicos! Y el actuar del Gobierno Regional pone en peligro la continuidad del convenio entre el Vicariato y DIRESA para el apoyo y administración de la Microred Napo”.
Peticiones al MINSA
Desde el Vicariato, esencialmente, se pide al Ministerio de Salud y a la ministra Mazzetti, como máxima responsable, que se aseguren plazas CAS para un mínimo de personal en los establecimientos de la Microred Napo y presupuesto mínimo mensual para atención de pacientes SIS y, para ello, proponen la firma de un convenio marco entre el MINSA y la Iglesia, pues “la DIRESA no cumple”. También se le solicita que intervenga respecto a la ubicación de la nueva inversión en salud, proponiendo que el hospital nuevo siga en el mismo terreno que el que se ocupa actualmente, y que se reevalúen las dimensiones de esta infraestructura antes de construir algo innecesario que no sea útil ni práctico. Por último, se le emplaza a garantizar “la continuidad del convenio entre la Dirección Regional de Salud de Loreto y el Vicariato San José del Amazonas, para que la población del Napo pueda seguir beneficiándose de una atención sanitaria de calidad”.
Con esta situación lo que está en juego es el bienestar y la salud de miles de personas de una de las zonas más apartadas de la Amazonía Peruana. Miles de familias que tienen el mismo derecho que cualquier compatriota de la ciudad a acceder a un sistema sanitario de calidad.