La imposición del mega proyecto Hidrovía Amazónica en territorio indígena es una amenaza para las poblaciones indígenas y ribereñas que viven a lo largo de los ríos: Huallaga, Marañón, Amazonas y Ucayali; señalan dos líderes indígenas de Ucayali y Loreto. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones acaba de aprobar una adenda del proyecto que pasa de 20 a 23 años el periodo de concesión del mega proyecto, además de duplicar las áreas donde se dragarían los ríos sin proceso de consulta previa.
Por: CAAAP
16:30 | 18 de diciembre de 2020.- El proyecto Hidrovía Amazónica tiene una serie de cuestionamientos desde el inicio de su proceso de concesión, el 2015 las poblaciones indígenas han tenido que recurrir al Poder Judicial para el cumplimiento de la consulta previa, a la fecha la empresa concesionaria no ha levantado las 400 observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental detalllado (EIA-d), que contempla 60 observaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 60 más del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y más de 200 observaciones de otras instituciones públicas. Sin embargo, el Ministerio de Transporte ha promovido una propuesta de adenda al contrato, ampliando tres años la concesión y duplicado las áreas de dragado de los cuatro ríos que involucra el proyecto.
“El anuncio oficial del Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizando la ampliación del número de tramos o áreas que serían dragados como parte del Proyecto Hidrovía Amazónica, constituye un nuevo atropello al derecho a la consulta a los pueblos indígenas amazónicos, tal como ya lo ha denunciado AIDESEP. Con esta ampliación aumentaría el peligro de los graves impactos socioambientales y culturales de este megaproyecto, porque no toma en cuenta los estudios técnicos que ya alertaron sobre los graves efectos que tendrían los dragados en los 13 puntos (malos pasos) identificados en el contrato de concesión inicial del proyecto”, señala Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Jorge Abad, director ejecutivo del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) enfatiza que el Ministerio de Transporte debe mejorar los estándares y los términos de referencias de los proyectos de gran inversión, ya que este proyecto pasó de 13 zonas de dragado a 23, casi el doble. “Es importante entender el río, no puedes venir y decir vamos a dragar por 20 años y en el camino vemos qué pasa, eso no se puede admitir porque los ríos de la Amazonía peruana son muy diversos. Hay que agregar a ello las consecuencias que puede haber a la biodiversidad, es decir a los ríos como hábitat, estos componentes no se han tomado en cuenta a profundidad, y no han sido considerados en los términos de referencia, y tampoco en los siguientes estudios que se han realizado. Por otro lado, el estudio no contempla mediciones del transporte de sedimentos, a pesar de que se va a dragar, es decir estamos hablando de sedimentos del fondo del río ¿cómo se va a pretender dragar si no cuentan ni siquiera con mediciones?”, advierte Abad.
Para el líder indígena, Alfonso López, no se puede seguir imponiendo proyectos de gran inversión sin consultar a los pueblos indígenas, “el Convenio 169 señala bien claro que si un proyecto afecta al pueblo indígena debe ser consultado, sí el Ministerio de Transporte decide ampliar el proyecto, esta adenda debe ser consultada, nosotros hasta ahora no tenemos claro del verdadero impacto de este mega proyecto. Nos están quitando el derecho a nuestro territorio, porque el río también es nuestro territorio, es nuestra fuente de alimentación, es nuestra vida. Con Hidrovía el Estado peruano no solo está violando nuestro derecho al territorio, sino que están amenazando nuestra vida. No nos han informado hasta la fecha sobre la ampliación del dragado, nos pretenden imponer un pensamiento y voluntad que va contra nuestras herencias y contra la lectura que tenemos con el cosmo. Mezquinar y amenazar nuestros ríos repite la historia permanente de abuso y violaciones a los pueblos indígenas, lo que pretende hacer el Estado es matar a nuestras próximas generaciones, desaparecer nuestra cultura, están matando nuestro futuro”.
Mientras que el apu Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, sostiene que las organizaciones regionales y locales que están dentro del ámbito del proyecto han hecho de público conocimiento el rechazo absoluto a la continuidad de Hidrovía Amazónica. “No es posible que se amplié el el dragado si el proyecto tiene 400 observaciones, el Ministerio de Transporte no puede seguir con las intenciones de poner en marcha esta mega obra. Nos quieren sorprender aprovechando la situación de la pandemia, nosotros ya tenemos una posición firme: no vamos a aceptar las condiciones o estrategias que emplean las empresas y las instituciones públicas para promover este proyecto, el Estado debe respetar nuestra posición, y no solo es una negación absoluta a la continuidad de este proyecto de parte de las poblaciones indígenas sino de los caseríos que están asentados en todo el recorrido de estos cuatro ríos”.
Hidrovía Amazónica es un proyecto que no solo carece de licencia social sino que tiene serias observaciones técnicas que no han sido resueltas por el Consorcio Cohidro, el ingeniero Abad remarca que el Ministerio de Transporte debe de mejorar los estándares y los términos de referencia de los proyectos que promueve. “Nosotros le hemos dicho al MTC, que sus requerimientos son muy limitados, se requiere más análisis y estudios, por ejemplo, que el Estudio Detallado de Ingeniería (EDI) se haga antes para que sirva como insumo al EIA, sobre todo en proyectos donde la incertidumbre de los impactos ambientales es alta. Tenemos que velar para que las cosas se hagan bien en el país, debemos de preocuparnos de elevar los niveles o los estándares de calidad en la ingeniería y la ciencia, porque después vienen las repercusiones ambientales”.
“Aumentar las zonas donde se haría el dragado, como se indica en la adenda, es multiplicar exponencialmente los impactos que esta acción produciría en los ríos, en los territorios y en la alimentación y la vida de más de 400 comunidades de los 14 pueblos indígenas que serían impactados por este megaproyecto, que no solo ha sido rechazado por las Organizaciones Indígenas de Loreto y Ucayali, sino que además han exigido su cancelación definitiva y el inicio de un proceso de diálogo en torno a la protección de los ríos y el transporte fluvial”, finaliza el antropólogo Ismael Vega.
¿Qué señala la adenda?
- Se amplía el plazo de concesión: de 20 a 23 años.
- La suscripción de la acta de entrega del Área de desarrollo del tramo I y II pasa de 32 a 70 meses de suscrito el contrato.
- La entrega del informe final del Estudio de Impacto Ambiental-detallado pasa a ampliarse de 14 meses a 52. Mientras que el informe final del EDI pasa de 22 a 64 meses.
- Se reconoce que la naturaleza de los ríos no permite definir los malos pasos. Entre otros.
