La victoria en la primera vuelta de Pedro Castillo sorprendió al país y la región. El maestro rural supo representar la identidad indígena y campesina, al mismo tiempo que personificó el discurso de cambio. De cara al balotaje, Keiko Fujimori no logra desprenderse de la imagen de corrupción de su padre y de la desestabilización que generó en los últimos años. En las últimas encuestas, Castillo duplica en intención de voto a la hija de Alberto Fujimori y afina el lápiz para transformar una economía marcada por la desigualdad.
Foto: Aldair Mejia/La República
Por Alberto Chirif
10:15 | 3 de mayo de 2021.- Desde que la Constitución Política del Perú de 1979 estableció una “segunda vuelta” cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcance más de la mitad de los votos válidamente emitidos (sin considerar los viciados y los nulos), solo se había presentado un caso en el que los finalistas fuesen de un partido de derecha y el otro de izquierda. Ocurrió en 1985 cuando Alan García Pérez, representante del APRA, partido que en sus inicios tuvo posiciones progresistas y antimperialistas, ganó la votación, y Alfonso Barrantes Lingán, de Izquierda Unida, quedó en segundo lugar. Aquella vez, Barrantes renunció al balotaje: consideró que era un acto inútil y oneroso para el país dada la diferencia de votos que había obtenido García.
En las últimas elecciones, la situación se ha repetido, pero con variantes. El representante de la izquierda, Pedro Castillo de Perú Libre, quedó primero, mientras que la candidata de la derecha, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, salió segunda. Desde las elecciones de 1990, en las que fue elegido Alberto Fujimori, ciudadano japonés que falsificó sus papeles para aparecer como peruano (¡y de qué manera!, inventando su nacimiento un 28 de julio, el día de la independencia de Perú), la actitud de los electores ha estado guiada principalmente por el voto en contra. Es decir, un voto que no demuestra la preferencia por el candidato al que se apoya, sino el rechazo visceral por el otro.
De este modo, en 2001 se eligió a Alejandro Toledo en contra de Alan García. En 2005, la victoria fue para Alan García que manipuló la acusación de comunista contra Ollanta Humala. En 2011, ganó este último contra Keiko Fujimori. La hija de Alberto Fujimori también cayó derrotada en segunda vuelta en 2016, esta vez frente al liberal Pedro Pablo Kuczynski (más conocido como PPK).
Pedro Castillo sorprendió a todos con su victoria en primera vuelta. Es el favorito para el balotaje frente a Keiko Fujimori. Fuente: Twitter
El estigma de ser la hija de Alberto Fujimori
Aunque Keiko Fujimori ha demostrado tener el cuero duro para soportar las acusaciones (tanto como quienes la acompañan), está acosada por el fantasma de dos derrotas consecutivas en segunda vuelta. Además, carga con los delitos de su padre durante los 11 años que estuvo al frente del gobierno del país junto con el siniestro personaje de Vladimiro Montesinos, quien fuera la mano derecha del ex presidente.
Fujimori ha sido condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves; como culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992); por el secuestro de un empresario y de un periodista; y por el allanamiento ilegal de la morada en la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, su secuaz, en búsqueda de videos que pudieran incriminarlo. Por su parte, Montesinos cumple una pena de cárcel de 22 años por delitos de corrupción de funcionarios, usurpación de funciones, lavado de activos, conspiración, tráfico de armas, homicidio calificado y desaparición forzada.
“Keiko y sus hermanos se beneficiaron con los fondos del Estado que su padre malversó para financiar sus estudios en dos universidades de Estados Unidos.”
Podría ser considerado injusto acusar a una hija de las ruindades de su padre, pero no es así: Keiko Fujimori ocupó el cargo de “primera dama” entre 1994 y 2000, luego de que su madre levantara cargos de corrupción contra su esposo, Alberto Fujimori. Aunque dicho cargo es decorativo, Keiko y sus hermanos se beneficiaron con los fondos del Estado que su padre malversó para financiar sus estudios en dos universidades de Estados Unidos.
Está demostrado que el sueldo de un presidente peruano no alcanza para mantener a cuatro hijos estudiando en universidades estadounidenses. También está comprobado que Montesinos, a quienes los hijos de Alberto Fujimori llamaban “tío”, les llevaba mensualmente maletines con 10.000 dólares para sus gastos universitarios y de mantenimiento. En ese tiempo, los muchachos tenían suficiente edad para darse cuenta de que el manejo de ese dinero era irregular y que su procedencia era ilícita. El ser heredera del gobernante más corrupto que haya tenido el Perú hasta esos años parece ser para Keiko Fujimori un dato que no la afecta.
Keiko Fujimori no logra desprenderse de la imagen de su padre. Llegó al segundo lugar con apenas el 13% de los votos y mira de lejos a Castillo en una segunda vuelta. Foto: Twitter
En el nombre del padre
Superada su fase como hija del poder, Keiko Fujimori ha realizado su propia carrera en el camino de las malas artes y la corrupción. En primer lugar, manipuló la destitución de Pedro Pablo Kuzynski en 2018 y, dos años más tarde, la de Martín Vizcarra, quien lo había reemplazado en el cargo. Antes de las elecciones, Keiko fue formalmente acusada por el equipo especial de Lava Jato, por presuntamente haber recibido aportes ilegales para sus campañas presidenciales anteriores, entre ellos de la constructora brasileña Odebrecht. La denuncia incluye a otras 41 personas, a quienes se las acusa por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal ha solicitado 31 años de prisión para ella. Si no gana esta elección presidencial, deberá enfrentar el juicio y una posible condena.
La derrota de Keiko Fujimori en las dos anteriores elecciones no significa que su partido, Fuerza Popular, no tenga poder en la escena política nacional. En las elecciones de 2016 colocó en el Parlamento a 73 congresistas sobre un total de 130, aunque es cierto que perdió a gran parte de ellos en el camino por sus malas gestiones. De todas maneras, la presencia de su partido va más allá de lo electoral y está relacionada con la estructura política que su padre estableció durante su mandato.
En 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso y llamó a elecciones para convocar una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva Constitución. La nueva Carta Magna estableció un modelo económico que protege a las empresas, en especial las transnacionales, al mismo tiempo que desampara a los trabajadores. A esto se resume el libre mercado en el Perú: beneficios y subvenciones a las empresas y abandono de los trabajadores a su propia suerte.
“El libre mercado en el Perú se resume a beneficios y subvenciones a las empresas y abandono de los trabajadores a su propia suerte”.
Para asegurar la continuidad de su modelo, Fujimori sometió al Poder Judicial y, en marzo de 1999, les hizo a las Fuerzas Armadas un acta de sujeción y sumisión a las medidas arbitrarias de su gobierno. Además, compró a gran parte de la prensa y creó nuevos diarios “populares”, la denominada “prensa chicha”, para defender sus medidas y denigrar a sus opositores. Asimismo, se ufanó de haber derrotado al terrorismo porque, en efecto, en 1992 se produjo la captura de Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso.
Sin embargo, este no fue un mérito de su gobierno, sino de la policía que durante la década anterior había mejorado las estrategias de inteligencia que finalmente llevaron, sin derramar una gota de sangre, a capturar a la figura más importante de Sendero Luminoso. También fue mérito del rechazo de la población organizada. De hecho, Pedro Castillo formó parte de estas rondas campesinas. A pesar de ello, la derecha lo califica de “terrorista” y de haber sido parte del “ejército asháninka”, una organización que combatió al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en el Río Pichis y luego a Sendero Luminoso en Satipo y la cuenca del Río Ene.
Keiko fue acusada por el equipo especial que investiga la corrupción del Lava Jato y también participó de las destituciones de Pedro Pablo Kuzynski y de Martín Vizcarra. Foto: El Comercio
El modelo económico fujimorista
En el Perú, tenemos un panorama tributario puesto al servicio de las empresas. Esto ha sido muy bien explicado por el economista Pedro Francke. Aunque parezca mentira, casinos, bingos, carreras de caballos y loterías no pagan el Impuesto General a las Ventas (IGV) que la ciudadanía sí paga por las medicinas, alimentos, vestimenta y servicios básicos. Los bancos tampoco lo pagan: es un sector que gana más del 20% anual, mientras apenas paga el 1% por los ahorros de sus clientes. Al mismo tiempo, los bancos cobran tasas de interés por encima del 40% a pequeñas y medianas empresas y el 45% a los consumidores.
En el mismo sentido, las universidades privadas tienen exoneraciones que ascienden a 1783 millones por IGV y tampoco pagan 104 millones por Impuesto a la Renta. Estas universidades privadas se han multiplicado como conejos y muchos de sus gestores han entrado a la política e, incluso, se han postulado a la presidencia. Demás está decir que el negocio educativo ha producido una educación de ínfima calidad. Asimismo, la minería tiene el beneficio de la depreciación acelerada de sus inversiones y recibe “devoluciones” tributarias. Entre 2014 y 2017, estas devoluciones sumaron 6.000 millones de soles anuales (más de un millón y medio de dólares).
“Las medidas a favor del sector agroexportador nacen de una ley de un ministro que ocupó el cargo apenas ocho meses. Era un agroexportador que retornó a su empresa para disfrutar de los beneficios de la norma que él había dado.”
Por su parte, el sector agroexportador también se beneficia de la reducción del Impuesto a la Renta a la mitad de lo que paga el resto de las empresas y puede recuperar el IGV por la compra de equipos, insumos y contratos de construcción. El agronegocio también se beneficia de la reducción de los derechos laborales: la jornada laboral para los campesinos es de 12 horas; solo se paga horas extras cuando superan ese máximo (para el resto de las empresas, la jornada es de ocho horas y se paga horas extras de 25% adicional en días laborables y de 50% en días feriados); el pago del jornal es de 31 soles (US$ 8,20) y en él está incluida la Compensación por Tiempo de Servicios (que en otros casos es de 1,3 sueldos extra por año). Las empresas también se benefician con la reducción del costo del despido intempestivo de un trabajador y la menor contribución a la seguridad social.
Un dato nada anecdótico es que las medidas a favor del sector agroexportador nacen de una ley de un ministro que ocupó el cargo apenas ocho meses, entre junio y noviembre de 2000, cuando Alberto Fujimori huyó del país y renunció por fax a la presidencia. El ministro era un agroexportador que, luego de dejar el cargo público, retornó a su empresa para disfrutar de los beneficios de la norma que él había dado. Este mecanismo, conocido como “puerta giratoria”, es una práctica habitual en el país.
Posteriormente, entre mayo de 2016 y octubre de 2018, el mismo ministro ocupó el cargo de secretario general de Fuerza Popular y debió renunciar luego de que se descubriera que había entregado audios adulterados a un canal de televisión en Lima para tratar de desacreditar la versión de un piloto de avión que había acusado a un importante dirigente de su partido, Joaquín Ramírez, por lavado de dinero. El exministro es una de las 41 personas que han sido denunciadas, junto con Keiko Fujimori, por el fiscal especial que sigue el caso de Lava Jato.
En su década como presidente de Perú, Alberto Fujimori estableció las bases de un modelo económico autoritario que profundizó la desigualdad. Foto: La Tercera
El fujimorismo y las bases del saqueo
El conjunto de políticas instaladas por Alberto Fujimori se ha mantenido intacto a lo largo de los siguientes gobiernos y ha consolidado la acumulación de la riqueza en pocas manos, a costa del patrimonio nacional y las pésimas condiciones de trabajo. El libro del economista Germán Alarco, Riqueza y desigualdad en el Perú, nos pone frente al brutal abismo del país. Entre 2012 y 2016, los millonarios con un patrimonio productivo superior al 1.000.000 de dólares se duplicaron, quienes tenían más de U$S 100.000.000 se multiplicaron por cuatro y los billonarios, con más de mil millones se multiplicaron por cinco. De este modo: entre 2014 y 2016, Perú fue el país con mayor nivel de desigualdad de la Alianza del Pacífico: el ingreso per cápita del 10% más pobre es de 965 dólares anuales, mientras que el del 10% más rico es de 20.141 dólares, es decir, 20 veces más.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), el empleo informal era del 75,2% en 2020. En el área urbana, los trabajadores formales alcanzan al 31%, pero en las zonas rurales representan solo el 3,8%. La misma institución reveló que el 20,2% de la población del país estuvo en condición de pobreza en 2020. Sin embargo, los criterios para medirla no parecen adecuados ya que se considera como pobres a aquellas personas cuyo gasto mensual fue menor a 352 soles (US$ 93).
Este es el panorama con el cual el país llegó a las últimas elecciones en las que participaron 24 partidos. La derecha se presentó dividida entre Keiko Fujimori, un señor del Opus Dei que declaró torturar su cuerpo con un cilicio y no haberse casado por estar enamorado de la Virgen María, y otro que, si no fue el autor de los decretos que dieron pie a la tragedia del “Baguazo” en 2009, donde murieron 33 ciudadanos y desapareció un oficial de la Fuerzas Armadas, estuvo siempre de acuerdo con su propuesta: la eliminación de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y campesinas, para su “capitalización” y la conversión en prósperos empresarios.
Castillo representa un discurso de cambio y renovación de la política, pero, especialmente, personaliza la identidad del Perú campesino e indígena. Foto: Twitter.
Entre la identidad y el discurso de cambio
Pedro Castillo fue líder gremial del movimiento docente e integró las rondas campesinas de Cajamarca, un tipo de organización creada para combatir el abigeato que ocupó un rol central para derrotar a Sendero Luminoso. Son varios los factores que pueden explicar su éxito, pero uno muy importante es la identidad. El Perú es un país al que la Conquista y la República afectaron su identidad indígena y andina, por el brutal racismo imperante. Los cholos son tolerados por los grupos de poder si se ponen al servicio de la oligarquía.
La búsqueda de identidad es tan fuerte que en las elecciones de 1990 la población prefirió a Alberto Fujimori porque, a fin de cuentas, un japonés se parece más al fenotipo indígena y campesino, que los peruanos descendientes de europeos como Mario Vargas Llosa. Si bien Alejando Toledo respondía a estas características físicas, él buscaba diferenciarse engolando la voz u olvidando palabras en castellano para demostrar que había estudiado en Harvard. Junto a sus características físicas, la condición de maestro de Castillo (una de las profesiones a la que pueden acceder las personas de menores recursos) ha sido importante para captar votos de quienes reconocen el mérito de venir de abajo.
“El Perú es un país al que la Conquista y la República afectaron su identidad indígena y andina, por el brutal racismo imperante. Los cholos son tolerados por los grupos de poder si se ponen al servicio de la oligarquía.”
Otro factor que puede explicar su triunfo en primera vuelta es el tipo de campaña que Castillo ha llevado a cabo. No le ha preocupado tanto llenar las plazas de las grandes ciudades, como sí visitar los pequeños pueblos de todo el país. Casi la totalidad de los distritos más pobres del Perú le han dado su voto al maestro rural. Su campaña tampoco se ha basado en la televisión, sino del “boca a boca” y la radio.
Pero lo más importante ha sido que Castillo representa un discurso de cambio y renovación de la política en un país que soporta el embate de una derecha bruta y achorada (DBA), como ha sido calificada. “Achorado” es un peruanismo que proviene de “choro” o “chorizo”, es decir, ladrón. Si bien la acepción no es ajena a la realidad, en este caso alude a la actitud matonesca del choro. Luego de la derrota de la subversión que se debió particularmente al trabajo de la policía y de los sectores populares, la DBA se envalentonó e implantó condiciones brutales de explotación. Olvidó que si bien los métodos de Sendero Luminoso eran perversos, su conformación había nacido a raíz de las terribles condiciones de opresión de las mayorías. Nada de eso existió para la derecha bruta y achorada que, por el contrario, se dedicó a vociferar que la insurrección era consecuencia de la intervención de países extranjeros y negó que hubiera condiciones concretas y objetivas de la propia realidad peruana. Ahora ya no culpa a Cuba, sino a Nicolás Maduro y a Evo Morales.
“Castillo representa un discurso de cambio y de renovación de la política en un país que soporta el embate de una derecha bruta y achorada.”
Frente a la izquierda más intelectual, representada por Juntos por el Perú y Verónica Mendoza, con un excelente plan de gobierno y un gran equipo de colaboradores, Perú Libre de Pedro Castillo ha tenido presente que la gente ni lee ni decide su voto mediante el análisis de grandes planes, sino por el mensaje que responda a sus preocupaciones: empleo, salud, educación y dignidad. Además, Castillo ha respondido a las acusaciones de autoritarismo y perpetuación en el poder. La DBA olvida que quien se perpetuó durante una década fue Alberto Fujimori: de no haber negociado armas con las FARC de Colombia a cambio de coca, algo que la DEA no le toleró, habría continuado en el poder más tiempo.
Al momento de cerrar estas líneas, la intención de voto por Pedro Castillo duplica a la de Keiko Fujimori. Falta, sin embargo, más de un mes para la segunda vuelta y en ese tiempo, la derecha bruta y achorada va a incrementar su capacidad de fuego contra esta candidatura que podría significar un cambio de rumbo profundo en el destino del país.
Alberto Chirif es antropólogo y desde 1970 trabaja los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Entre 1989 y 1995, fue asesor de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en la Región de Iquitos.
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Artículo publicado originalmente en la web de Debates Indígenas. Se puede leer aquí.
