Durante la pandemia la tala de bosques continuó de manera alarmante, más de 190.000 hectáreas fueron deforestadas, siete líderes indígenas fueron asesinados cruelmente por defender el medioambiente y sus territorios. Todos ellos denunciaron en reiteradas ocasiones las amenazas que recibían por parte de traficantes de tierras, de personas, del narcotráfico y otras mafias vinculadas a la tala y minería ilegal. Hoy, los pueblos indígenas no solo claman por justicia para sus muertos, sino también que termine un Estado indolente y se pase a la protección y garantías para vivir con dignidad.
«Hoy, los pueblos indígenas no solo claman por justicia para sus muertos, sino también que termine un Estado indolente y se pase a la protección y garantías para vivir con dignidad». (Ilustración: Giovanni Tazza)
Por: Pedro Barreto, S.J.- Cardenal y arzobispo de Huancayo
19:20 | 27 de mayo de 2021.- Hace tres semanas, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales convocó a un urgente diálogo con líderes indígenas, líderes religiosos y autoridades nacionales para enfrentar las graves situaciones que encaran cada día nuestros hermanos y hermanas indígenas. Como respuesta a estos gravísimos problemas, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, presentó el DS N° 004-2021-JUS, “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, que sería la primera piedra en esta construcción de paz para la Amazonía y los pueblos indígenas.
Las comunidades de fe convocadas por IRI Perú acogemos y hacemos nuestro el clamor de los pueblos y líderes indígenas para reiterar el pedido que muchas otras voces ya exigieron desde la ciencia y la sociedad civil: urgen acciones inmediatas y articuladas a todo nivel que defiendan la vida en la Amazonía. Por ello, es necesario que el gobierno peruano adopte y mantenga las seis medidas planteadas en la Declaración por la Seguridad Indígena Amazónica que presentamos en el diálogo de Pucallpa el 14 de mayo entre los ministros, las autoridades regionales y los pueblos indígenas.
La primera es que se incrementen las medidas de protección de los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas que trabajan en la protección de los bosques, garantizando el financiamiento y ejecución del decreto recientemente presentado. Segundo, que se redoblen los esfuerzos para asegurar los derechos y territorios de los pueblos indígenas, reconociendo que la seguridad de la tenencia de la tierra es una condición necesaria para mejorar la economía y calidad de vida de las comunidades amazónicas.
Como tercera medida pedimos que el gobierno trabaje más decididamente para enfrentar la tala ilegal y la deforestación como una cuestión de seguridad nacional, reconociendo que los bosques en pie y una Amazonía saludable son esenciales para la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad hídrica y alimentaria, y la resiliencia sanitaria. Cuarto, que se tomen medidas para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre todos y cada uno de los proyectos que afecten directa o indirectamente sus territorios y su derecho a la vida, la salud y un medio ambiente sano.
El quinto punto es que se incrementen los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, así como el tráfico de tierras y la minería ilegal. Y, finalmente, como sexta medida, que se establezca un grupo de trabajo permanente integrado por las organizaciones indígenas, comunidades de fe, sociedad civil y autoridades para vigilar la seguridad de los pueblos indígenas y de los bosques.
Esta Declaración nos recuerda e invita a vivir uno de los sueños que el Papa Francisco exhortó en “Querida Amazonía”: “Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.
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Artículo publicado originalmente en la web de El Comercio. Se puede leer aquí.
