La comunidad, perteneciente al pueblo shipibo-konibo, y su organización representativa, la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado peruano para remarcar la necesidad de una implementación concreta y con aproximación intercultural de las medidas cautelares recibidas a su favor, debido a las amenazas y hostigamiento resultantes de sus acciones de defensa territorial.
Foto: Federacíon de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU)
11:00 | 29 de junio de 2021.- En agosto de 2020, la comunidad de Santa Clara de Uchunya y la FECONAU solicitaron medidas cautelares ante la CIDH para proteger la vida e integridad personal de los miembros y miembras de la comunidad y las autoridades y equipo de la FECONAU. La solicitud se sustentó en base a los múltiples ataques y amenazas que la comunidad ha venido recibiendo durante los últimos años por defender su territorio ancestral frente al avance de las invasiones de tierras, la deforestación y la expansión de los agronegocios de palma aceitera y otros cultivos.
El 28 de octubre de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares No. 776-20 de protección a favor de la comunidad y del presidente de la FECONAU (Resolución 81/2020). La Comisión consideró que las y los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por ello, solicitó al Estado peruano que: i) Adopte las medidas necesarias, y desde una perspectiva cultural adecuada, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, evitando en particular la comisión de actos de violencia por parte de terceros, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; ii) Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; iii) Informe sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medidas cautelares y así evitar su repetición.
El 23 de junio del 2021, ocho meses después de haberse otorgado las medidas cautelares, la comunidad, su federación y sus representantes tuvieron una reunión de trabajo con la CIDH y el Estado peruano para dar seguimiento a la implementación concreta de las medidas cautelares, en campo y no en papel, como lo han señalado reiterativamente los líderes del pueblo shipibo-konibo.
Esta reunión se dio en un contexto de un aumento de actos intimidatorios contra comuneras y comuneros de Santa Clara de Uchunya en lo que va de 2021, con rumores de que un grupo de delincuentes armados pretendían asesinar a cuatro autoridades de la comunidad, así como la presencia de sujetos desconocidos recorriendo la comunidad por las noches. Además, del avance de la deforestación en el territorio ancestral de la comunidad, incluyendo en las tierras adyacentes a la plantación de palma aceitera operada por Ocho Sur P SAC, sin fiscalización ambiental alguna.
Durante sus intervenciones, las y los beneficiarios denunciaron la ausencia del Estado en la comunidad, que en su accionar fragmentado, y cargado de racismo estructural y aquiescencia frente a la violencia que sobrevive la comunidad, no llega a articular acciones sólidas para abordar las causas estructurales que contribuyen a generar la violencia en la comunidad.
Las y los miembros de la comunidad propusieron al Estado que para cumplir con estas medidas son necesarias acciones para abordar la inseguridad física como: i) elaborar un esquema de seguridad para atender las situaciones de riesgo; ii) identificar con inteligencia policial los factores de riesgo en la comunidad y atacarlos; iii) reforzar las capacidades de acción logística de la comisaría de Nueva Requena para dar acompañamiento permanente a la comunidad; iv) brindar apoyo logístico a la ronda indígena de la comunidad para su autoprotección; y v) reforzar las capacidades del Ministerio Público en materia de prevención del delito para casos de amenazas contra miembros de la comunidad y FECONAU. Éste último incluye el reconocimiento a los pueblos indígenas como agraviados en delitos ambientales y no solo al Estado, que siempre está ausente.
Además, la inseguridad territorial debe ser mitigada como una causa estructural que genera las condiciones de las amenazas en la comunidad, y para ello se necesita i) aprobar el proyecto de decreto supremo sobre anotación preventiva de territorios indígenas y empezar su implementación con Santa Clara de Uchunya a manera de piloto; ii) acelerar el levantamiento de observaciones a una ampliación al título de propiedad de la comunidad con el fin de reconocer y asegurar la extensión completa de su territorio, que debe realizar el Gobierno Regional de Ucayali y así permitir su inscripción en los Registros Públicos; y iii) impulsar proyectos productivos para generar economía disuasorias y positivas respecto a las ilegales que atacan el territorio ancestral de la comunidad, siendo un Estado propositivo más que punitivo.
“Ha habido pocos avances. Por eso pedimos al Estado peruano que pueda apoyar a nuestros propios sistemas de defensa indígena, que deben ser implementados y así darnos nosotros mismos una auto-seguridad en la comunidad. De esa forma, veríamos un apoyo concreto. La reunión ha sido importante porque hemos expresado nuestros continuos temores al Estado peruano”, indicó Efer Silvano, jefe de Santa Clara de Uchunya.
Adicionalmente, la delegación de titulares de derecho solicitó a la CIDH que a la brevedad posible la se haga efectiva la carta art 41 solicitada por la comunidad frente a la negativa del Tribunal Constitucional de dar una decisión final frente a la demanda de amparo por la restitución y remediación territorial desde el 2016. También se solicitó una visita de trabajo de la CIDH al territorio de la comunidad para ver la implementación en campo de las medidas cautelares otorgadas y se realice un informe de evaluación del cumplimento de las medidas de conformidad a lo dispuesto en su Resolución 2/2020.
“Realmente no nos deja ninguna situación positiva el Estado peruano por cómo aborda la problemática. El Estado no se pronuncia realmente para dar una solución a los reclamos de Santa Clara de Uchunya. Y esperamos que, en una próxima reunión, el Estado tenga mayor compromiso hacia los pueblos indígenas, que den la solución que buscamos y que garanticen el territorio que tanto esperamos”, sostuvo Carlos Hoyos, comunero de Santa Clara de Uchunya.
Por su parte, el Estado peruano, representado por la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, escucharon con atención las demandas y propuestas de las y los beneficiarios, mostrando disposición para abordar y mejorar la propuesta de cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en favor de la comunidad.
La CIDH representada por el Sr. Comisionado y Relator para Perú en compañía de la Secretaria Ejecutiva, recogió las diversas preocupaciones y propuestas presentadas por las y los beneficiarios, y junto con agradecer el dialogo entre las partes, propuso implementar una ruta de seguimiento que implicara una próxima reunión de trabajo.
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El artículo original fue publicado en la web de Forest Peoples Programme y se puede leer aquí.
