El Poder Ejecutivo tomó en cuenta los informes del Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones ambientalistas e indígenas.
Foto: Difusión
19:20 | 01 de julio de 2021.- A iniciativa del parlamentario César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y sin consulta previa, en mayo pasado, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 6486/2020-CR, que impulsaba la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul. Tras observaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones indígenas, el presidente Francisco Sagasti observó esta norma al considerarla como «altamente inviable» por el riesgo socioambiental que implicaba su construcción.
A través del Oficio Nº 383 -2021 -PR del 23 de junio último, el Poder Ejecutivo observó este proyecto de ley y recordó que los proyectos que afecten a los pueblos indígenas deben implementar el derecho a la consulta previa, en concordancia con el pronunciamiento de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), que solicitó que se haga efectivo el derecho de petición de consulta previa de diversos pueblos indígenas que viven en la zona de incidencia del proyecto.
El Ejecutivo consideró también que aproximadamente 24 km del trazo del proyecto de carretera atravesarían tierras de comunidades nativas tituladas. Ante ello, señaló que la interconexión que pretendía establecer el proyecto afectaría el derecho al territorio de los pueblos Shipibo y Asháninka, poniendo también en riesgo la vida y salud de los pueblos que protege la Reserva Indígena Isconahua.
Además, el Gobierno peruano, en concordancia con la opinión técnica del Ministerio del Ambiente (Minam), dio cuenta que el proyecto no cuenta con un análisis de múltiples factores que analice los riesgos de afectación de los ecosistemas amazónicos.
«Así, podría facilitar la entrada o incremento de economías ilegales, migración desordenada y otros impactos asociados, como la aparición de circuitos de trata de personas, deforestación, pérdida de bosques para agricultura u otros usos, entre otros. Asimismo, no desarrolla un análisis sobre el impacto ambiental que podría ocasionar a la diversidad biológica existente en la Amazonía, como en el Parque Nacional Sierra del Divisor».
También resalta la ausencia de estudios técnicos que permitan sostener la viabilidad de la interconexión por vía terrestre en el marco de los estándares sociales y ambientales establecidos por el ordenamiento jurídico vigente.
El Ejecutivo enfatiza su inviabilidad técnica debido a que las declaraciones de interés nacional y necesidad pública en inversiones del Estado, aunque pueden ser meramente declarativas, no son consistentes con los procesos de evaluación de la viabilidad de proyectos establecidos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
El Oficio recuerda que en el 2011 Provías Nacional inició la elaboración del Perfil del proyecto, denominado “Construcción de la carretera Binacional Pucallpa (Perú – Cruzeiro Do Sul (Brasil), tramo: Pucallpa – Frontera Brasil”, el cual fue declarado inviable por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pues se advertía que su carácter fronterizo restringe la continuidad de la carretera y que el trazado propuesto por Perú no contaba con la opinión favorable de Brasil, por lo que se rechazó el perfil del proyecto.
Finalmente, el Ejecutivo afirmó que el proyecto no incluye una justificación de la necesidad de la propuesta, ni un adecuado análisis costo–beneficio, como establece la Ley marco para la producción y sistematización legislativa y el Reglamento del Congreso de la República, sino, por el contrario, no presenta sustento alguno, ni un análisis para conocer los impactos de la propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general.
Por ello, el Ejecutivo considera que el Congreso de la República debe archivar el proyecto de Ley Nº 6486/2020-CR, considerando las observaciones del Despacho Presidencial del Perú. Estas observaciones se suman a las de diversas instituciones como el Minam, la ORAU, la Defensoría del Pueblo y la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Como se recuerda, diversas organizaciones sociales alertaron de este proyecto que iba a atravesar el Parque Nacional da Serra do Divisor (Brasil), una de las áreas más biodiversas del mundo, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2017; y podría generar riesgos socioambientales a la propuesta de Área de Conservación Regional Alto Tamaya – Abujao y a la Reserva Indígena Isconahua (Perú) para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en la región amazónica de Ucayali.
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Artículo original publicado en la web de La Mula. Se puede leer aquí.
