A raíz de un evento organizado sobre el Parque Nacional Cordillera Azul, en el que no se consideró la voz de los pueblos indígenas sobre la conservación de parte de su territorio, las federaciones del pueblo Kichwa, en San Martín, se pronunciaron frente a lo que consideran un acto «excluyente y discriminatorio» por parte de entidades públicas y privadas.
Foto: IDL
12:50 | 26 de julio de 2021.- Organizaciones Kichwas en la región San Martín expresaron su indignación y malestar por lo que, señalan, es una visión «excluyente y discriminatoria» por parte de entidades privadas y del Estado sobre la conservación en el Perú. A través de un pronunciamiento, denunciaron que no se consideró ninguna voz indígena en un evento donde se hizo mención al Parque Nacional Cordillera Azul y las estrategias para su sostenibilidad, pese a que esta Área Natural Protegida forma parte de su territorio ancestral.
El pasado miércoles 7 de julio, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio del Ambiente, la ONG Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), Hernández & CÍA Abogados, y Verra y Total Energies, organizaron un conversatorio virtual denominado «La sostenibilidad de Áreas Naturales Protegidas: REDD+ y el Acuerdo de París». En el evento se expusieron los mecanismos para la conservación de la naturaleza que estas instituciones llevan a cabo.
Sin embargo, según se lee en el documento, estas acciones de conservación «se hacen a costa de los bosques que las generaciones Kichwa han ocupado, protegido y manejado de manera ancestral, así como de la vulneración de sus derechos fundamentales». Agregaron que en ningún momento las instituciones que organizaron el evento virtual se aseguraron de que se cumpliera con la participación efectiva, que incluye el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) como obligación del derecho internacional en materia de derechos humanos.
Reclamaron también que el Sernanp no puede hablar de gestión integral del territorio cuando se excluye a los pueblos indígenas y no se «conversa de manera horizontal» con las comunidades ni con sus federaciones representativas. Además, sostienen que los pueblos indígenas tampoco reciben una participación equitativa en la distribución de los beneficios de las actividades que se realizan al interior de sus territorios, a pesar de que así lo señala artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, y el artículo 8.j del Convenio de Diversidad Biológica.
«En una última declaración, el ministro del Ambiente menciona que a través del Parque Nacional Cordillera Azul y una empresa internacional del sector extractivo se ha efectuado la venta de bonos de carbono más grande en la historia del Perú por 87 millones de dólares (…) exigimos que los recursos económicos percibidos sean justamente distribuidos, pues, ¿cómo es posible que organizaciones externas y trasnacionales perciban beneficios mientras nosotras y nosotros no somos
escuchados?», se lee en el documento.
En esa línea, expresaron su preocupación porque un estudio de abogados presente en el conversatorio, Hernández & CÍA, «ha asesorado legalmente al Grupo Melka y al Grupo Ocho Sur, empresas de palma aceitera asociadas con la deforestación masiva y violaciones de derechos humanos a nuestros hermanos y hermanas del pueblo shipibo-konibo de Ucayali». Aún así, mencionan, la empresa participó en el evento virtual junto a los demás expertos en conservación del Minam y del Sernanp.
Firman el pronunciamiento el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM), y las organizaciones indígenas integrantes de la Coordinadora de Defensa y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) del Perú.
Lee el pronunciamiento de forma íntegra a continuación:
