Gran preocupación manifestaron las comunidades que se ubican en el tramo del Proyecto de la carretera Urakuza – Huampami, en Amazonas, por los impactos que podría causar, como acrecentar las economías ilegales que existen en la zona.
Foto: Cedida.
Por: Vigilante Amazónico
19:30 | 15 de septiembre de 2021.-Gran preocupación manifestaron las comunidades indígenas que se ubican en el tramo del Proyecto de la carretera Urakuza – Huampami, y que atraviesa los centros poblados del mismo nombre en los distritos de Nieva y El Cenepa, ubicados en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, por los impactos que podría causar esta carretera a las comunidades, como acrecentar las economías ilegales que existen en la zona.
El último 10 de septiembre del 2021, se realizó una reunión sobre la conformación de la mesa técnica multisectorial para la coordinación del inicio de la consulta previa de la carretera Urakuza – Huampami, con la participación del alcalde de Condorcanqui, Héctor Orlando Requejo, el alcalde de El Cenepa, Carlos Alberto Yagkikat, el alcalde de Imaza, Celio Montenegro Castañeda, los Apus de las comunidades nativas de El Cenepa, dirigentes de las Organizaciones del El Cenepa, y entes del Estado, como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provias Descentralizado y otras organizaciones involucradas.
Durante la reunión, las organizaciones indígenas señalaron que su oposición a la carretera Urakuza – Huampami se debe específicamente a la falta de información recogida en el estudio de Preinversión a Nivel Perfil: “Creación del servicio de transitabilidad entre los centros poblados de Urakusa y Huampami, distrito de Nieva – Distrito El Cenepa – Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas”, la cual además se encuentra desactualizada y no cuenta con un estudio de factibilidad que alerte de los peligros que esta carretera podría causar.
La zona donde se quiere realizar este proyecto tiene presencia de economías ilegales. Por eso, la preocupación de las organizaciones indígenas es que la carretera podría facilitar el tránsito de mineros ilegales y el ingreso de insumos para la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal, lo cual afectaría a las comunidades indígenas ubicadas en este tramo.
Ante esa situación, el presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Hortez Baitug, señaló que la primera consulta previa que se hizo no fue adecuada, pues no solo no se contó con ellos, sino que no tenía un estudio que transparente los impactos y que ofrezca alternativas de desarrollo.
“La consulta no fue llevada de buena fe, en ODECOFROC no hemos establecido aún el inicio de consulta previa. La población pide proyectos sustentables, acá se tienen que sumar los gobiernos a apoyar con las propuestas de proyectos productivos para nuestra población, tenemos un memorial donde hemos convocado a las autoridades, quienes están coludidos, negociando los recursos de nuestro pueblo, por eso se ha tomado acuerdos de que se debe fortalecer el ordenamiento del transporte fluvial y que la consulta previa no va, la carretera no va a dar solución, ya vemos que la ruta que están en mal estado”, indicó el líder indígena.
La falta de propuestas productivas en la zona, ha provocado que muchas comunidades indígenas se vean involucradas en economías ilegales, y para contrarrestar ello, ODECOFROC viene realizando proyectos de desarrollo productivo como chacras multiestrato y piscigranjas como alternativas de desarrollo; sin embargo, esto no es suficiente para las demandas y necesidades que tienen las comunidades indígenas ubicadas en Condorcanqui.
Entre los acuerdos de la reunión, se acordó la conformación de un Comité Multisectorial que integran al equipo técnico de cada organización y del Gabinete Indígena Awajún Wampis e Hispano, orientado por el Ministerio de Cultura. Así mismo se solicitará la asistencia técnica de las instituciones involucradas.
También se determinó concertar reuniones de trabajo técnico con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la ciudad de Lima y Condorcanqui, integrar a la Mesa Técnica a la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, y la Contraloría General de la República. Además, que las convocatorias próximas quedan a responsabilidad de las Municipalidades Provincial de Condorcanqui, Distrital de El Cenepa, Río Santiago y el Distrito de Imaza de la Provincia de Bagua.
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Nota original de Vigilante Amazónico. Se puede leer aquí.
