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10:30 | 18 de agosto de 2022.- .Más de un centenar de organizaciones, instituciones, colectivos y movimientos ciudadanos expresaron su preocupación por la situación que enfrenta la democracia en el país, ante el archivamiento del Acuerdo de Escazú y la posición expresada por el actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, quien señaló recientemente estar en contra de la ratificación de este tratado internacional.
En el documento se advierte que, además de alterar la histórica posición de la política exterior peruana, la postura del canciller contradice el objetivo prioritario 7° de la Política General del Gobierno sobre la «Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Por otro lado, indican que también contradice con la posición del ministro del Ambiente, Modesto Montoya; y no se cumple con varios objetivos de la Política Nacional del Ambiente.
» (…) Personas y comunidades que están severamente afectados por el incremento del crimen organizado asociado a los delitos de minería ilegal, la tala ilegal, narcotráfico y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, entre otros delitos que están afectando la vida, la paz, la gobernabilidad democrática y el patrimonio natural (…) Es obligación del Estado garantizar un ambiente saludable para todas las personas y, además, asegurar el ejercicio pacífico de los derechos ambientales en entornos seguros y propicios», señalaron en el pronunciamiento.
En ese sentido, demandaron la renuncia o rectificación del canciller al gobierno del presidente Pedro Castillo, es decir, que se disponga las correcciones necesarias en las posiciones de Rodríguez Mackay y se proceda a reforzar las capacidades del Estado para «atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales y a impulsar el mejoramiento de democracia y transparencia en materia ambiental, especialmente con los medidas para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales».
Convocan movilización
En medio de la crisis política actual, las organizaciones firmantes del pronunciamiento también han convocado a una movilización para este jueves 18 de agosto, a la 1 de la tarde, en la sede de la Cancillería, ubicada en la ciudad de Lima. En defensa de la democracia ambiental y el bien común, exigen la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú y piden al Estado no dar la espalda a los defensores y defensoras ambientales.
Cabe resaltar que el Acuerdo de Escazú busca garantizar los derechos humanos ambientales de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Está vigente en 24 países de América Latina y el Caribe y, en la actualidad, fue ratificado en 13. Además, es considerado el primer tratado multilateral de la región sobre asuntos ambientales, que da apoyo a los derechos humanos en general. En el Perú, el pasado 11 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República ratificó su archivamiento.
A continuación, lee el pronunciamiento de forma íntegra:
