En el último día de la visita oficial de la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH), el relator para el Perú Stuardo Ralón recalcó que los derrames petroleros necesitan una atención prioritaria del Estado y las instituciones responsables desde un enfoque de derechos humanos, para así avanzar en la protección y reparación integral de las poblaciones afectadas.
El vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Edgar Stuardo Ralón Orellana. Foto: ANDINA/Andrés Valle.
Por: CAAAP.
19:15 | 13 de octubre de 2022.- “Treinta días y mi gente no sabe que tomar ni comer. Petroperú sigue invitando a las empresas transnacionales a que exploten petróleo dentro de los territorios de los pueblos indígenas, pero su Oleoducto Norperuano ya no sirve. Y ni Petroperú ni el Estado peruano se han acercado a nosotros”. Son las palabras de la presidenta del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Chapra, Olivia Bisa. Palabras que dirige a los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita oficial al Perú.
Casi un mes después de la fuga de más 2.500 barriles de crudo en la quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, líderes y lideresas de la Amazonía viajaron hasta la ciudad de Lima para denunciar la inacción del Estado para atender los problemas causados por este desastre ambiental, y la falta de contención y remediación por parte de la estatal Petroperú, encargada de operar el Oleoducto Norperuano.
Diálogo con la CIDH
Los representantes indígenas se reunieron en Lima, el 10 de octubre, con la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, y el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Edgar Stuardo Ralón Orellana, a quienes les solicitaron su intervención durante este “momento crucial” que viven las comunidades nativas afectadas tras cincuenta años de explotación petrolera en sus territorios.
Reunión entre los relatores de la CIDH con los líderes y lideresas indígenas amazónicos afectados por los derrames petroleros realizada en Lima. Foto: CAAAP
“Para nosotros es una esperanza que nuestras voces sean escuchadas (…) No tenemos agua, no tenemos víveres. Hasta cuándo nosotros vamos a esperar. Somos seres vivos. Pido que nos ayuden y apoyen a hacer incidencia con el estado. Ayúdennos a que Petroperu y el Ejecutivo se hagan responsable de sus actos, que Petroperú limpie sus derrames”, expresó la lideresa del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Chapra.
De acuerdo al presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) Alfonso López Tejada, representante de cuatro federaciones indígenas y cerca de un centenar de comunidades nativas de Loreto, el Perú es un país donde el gobierno se ha vuelto aliado de las transnacionales y la inversión privada que viola los derechos de los pueblos y genera “desgracia” en vez de “desarrollo”.
“Destruyen el agua, las cochas, el bosque, los espacios donde sembramos nuestra agricultura familiar. Espacios que ahora están contaminados y afectados por este cambio climático y calentamiento desastroso (…) Queremos decirle al gobierno desde acá, y a través de ustedes, que nos ayuden a intervenir, que estamos dispuestos a sentarnos y encontrar juntos la solución de los problemas”, añadió el dirigente indígena.
Foto: Líder indígena de la comunidad kukama San Francisco, Julio Arirúa.
Pese a que, desde hace más de una semana, las comunidades nativas que representa Alfonso López han bloqueado el río Marañón como forma de protesta ante la indiferencia del Estado a sus demandas, el líder indígena expresó que siguen prestos al diálogo para buscar, juntos, una ruta que les “conduzca a encontrar responsables, presupuestos y tiempos para poder salir y tener por lo menos agua apta para el consumo humano”.
En la reunión con los representantes indígenas estuvo también el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez Rubio, la lideresa de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, Mariluz Canaquiri, entre otros.
Reparación integral
Hoy, en una conferencia de prensa, el comisionado Stuardo Ralón calificó como “dramática” la situación narrada por los líderes y lideresas indígenas afectados por la contaminación petrolera en la Amazonía, así como la que viven los pescadores de Aucallama, en Lima, perjudicados por el crudo derramado en el litoral. La estatal Petroperú, indicó el comisionado, debe “tener capacidad de respuesta para atender los pasivos ambientales”
Para el relator los derrames de petróleo son “hechos reiterados que necesitan una atención prioritaria desde un enfoque de derechos humanos”. Dijo que los testimonios de los representantes indígenas y pescadores señalan que el Estado “no ha garantizado una reparación adecuada”, ni la “protección de los derechos de quienes fueron particularmente afectados en sus derechos económicos, sociales culturales y ambientales”.
“Están sufriendo graves impactos en su salud, falta de acceso a agua potable, está en riesgo su seguridad alimentaria, su derecho al trabajo, y todo ello se está dando en un contexto marcado por la pobreza de estas poblaciones vulnerables (…) El estado y la institucionalidad responsable, de conformidad a la legislación interna, deben avanzar en la protección y reparación integral de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo”, subrayó.
En ese sentido, explicó que una falla estructural que detectaron en los casos de derrames es que cuando se genera una judicialización para establecer quien es el culpable, mientras está en curso el proceso de investigación «pareciera que nadie se hace cargo de los daños inminentes a la población», quedando «en abandono y a su suerte. Enfatizó que, por ello, «debe haber un fondo de emergencia de garantía para que haya un equilibrio: por un lado se investigue la responsabilidad, y por otro, la atención no se demore en llegar a las población».
Inestabilidad democrática
El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refirió que la institucionalidad democrática y los derrames petroleros son temas “estrechamente relacionados”, debido a que el cambio constante en las autoridades de gobierno dificulta que pueda realizarse, de forma sostenida, acciones de programas y políticas públicas de reparación a poblaciones vulnerables y de protección a sus derechos humanos.
Por eso recalcó que “se necesita el funcionamiento normal del Estado de derecho”, y anunció que, desde la CIDH, se emitirá un pronunciamiento más amplio en los próximos días para dar a conocer “un listado de sugerencias y recomendaciones”, con el fin de que se pueda priorizar de manera urgente en la agenda del Estado “la atención de las víctimas y personas afectadas por los derrames de petróleo”.
La visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó del 10 al 13 de octubre, y tuvo como objetivo monitorear y evaluar la institucionalidad democrática y su impacto en los derechos humanos, así como los derrames de petróleo y su afectación en el medio ambiente. Junto a los dos relatores también llegó un equipo de especialistas de la CIDH y la REDESCA.
Durante estos días se realizaron 24 reuniones con altas autoridades de gobierno, organismos internacionales e instituciones de la sociedad civil. Además, se visitó el distrito de Ventanilla para conocer la situación de los pescadores afectados por el crudo vertido en el litoral, y se llevó a cabo una audiencia con el presidente Pedro Castillo y sus ministros de Estado en Palacio de Gobierno.
