Por una Ley de Debida Diligencia en Perú: Lanzarán campaña para recolectar un millón de firmas

Así lo anunciaron a una sola voz los representantes de los sindicatos, organizaciones indígenas e instituciones civiles presentes en la Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Un espacio donde se abordó la obligación del sector privado para actuar con la “debida diligencia” e impedir que se repitan situaciones de vulneración de derechos humanos.

Foto: CAAAP

16:00 | 11 de noviembre de 2022.- “Es necesario estar en estos espacios y hacer visible las múltiples violencias que vivimos en nuestros territorios por las empresas (…) Nos prometen desarrollo, carreteras, postas de salud, pero lo que más nos traen es el deterioro de nuestra vida”. Son las palabras de Mayra Macedo, lideresa indígena Shiwilu de la región Loreto, quien este jueves 10 de noviembre se sumó a una decena de dirigentes y representantes andinos y amazónicos que alzaron su voz en la Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos

Esta actividad se desarrolló del 7 al 11 de noviembre, en paralelo al CADE Ejecutivo, tradicional evento que reúne a los empresarios del país, con el fin de reflexionar y construir una agenda común a favor de los derechos humanos en el ámbito de la conducta empresarial responsable, exigir la creación e implementación de un proyecto de “Ley de Debida Diligencia” en el Perú; y abordar el avance de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021 – 2025.

Una iniciativa que es organizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con más de 20 instituciones y redes que integran la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, los pueblos indígenas y los sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores (CATP).

Tras una semana de charlas, las organizaciones brindaron una conferencia de prensa donde exigieron un diálogo verdadero con el sector empresarial. Asimismo, denunciaron diversas vulneraciones a los derechos de laborales de los trabajadores, a los derechos de las comunidades indígenas, al derecho a un ambiente sano, entre otras, en casos relacionados a derrames petroleros, agroexportación, minería, entre otras actividades empresariales.

Por el millón de firmas

Los representantes de las organizaciones participantes anunciaron que el próximo año lanzarán una campaña nacional para recolectar un millón de firmas y presentar el proyecto de ‘Ley de Debida Diligencia’ al Congreso de la República para su posterior aprobación. El objetivo, señalaron, es evitar que se repitan las situaciones de vulneración a los derechos humanos, sociales, ambientales, económicos y culturales por parte del sector privado.

“Demandamos a las autoridades, al Estado y a las empresas el pleno cumplimiento de nuestros derechos (…) Desde acá le decimos a la CADE, que la crisis del Perú no se resuelve con una mirada empresarial simplemente. Por eso hemos acordado una campaña nacional para recoger firmas y sensibilizar a la ciudadanía de una Ley de Debida Diligencia”, expresó Juan Chang, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú.

El representante de la CUT invocó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña nacional para recolectar firmas para la aprobación de este proyecto de Ley. “Rechazamos a empresas violadoras de derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, que nos corresponden en los territorios, ríos, lagos y mares (…) Convocamos a todos los peruanos y peruanas a participar en el recojo de firmas. Los esperamos y necesitamos”, agregó.

Sin remediación

“Hoy en día los hermanos de Cuninico están sufriendo derrame de petróleo. Mas de 50 años de explotación petrolera en Loreto y sin embargo el Estado ni la empresa hace ninguna actividad para remediar. Tampoco hay una sanción para esas empresas que están afectando no solo el territorio, sino nuestra vida y cultura. Estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria”, denunció la lideresa Mayra Macedo, representante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Así como la gran fuga de más de 2, 500 barriles de crudo en Cuninico, la costa norte y la Amazonía peruana registran a los más de 1,000 casos de derrame de hidrocarburos en los últimos 25 años, hechos que no han sido atendidos como es debido por las empresas responsables ni el Estado. En Chiriaco, Amazonas, ocurrió una situación similar en 2016, cuando más de 3,000 barriles de petróleo del Oleoducto Norperuano cayeron sobre la quebrada Inayo.

“Hemos luchado y ganado el juicio en Chiriaco, pero aún no termina este proceso. Pero presentamos este caso aquí y pudimos aprender sobre los derechos humanos. Ese conocimiento es el que vamos a llevar a nuestras comunidades”, indicó Eusebio Cuñachi, líder awajún que llegó a Lima desde la comunidad Nazareth, ubicada en el distrito de Imaza, Bagua, para participar en la Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

Artículos relacionados

AIDESEP: Pueblos indígenas de la Amazonía exigen el fin de la compra de “Oro Sucio” y medidas inmediatas para detener la minería ilegal

AIDESEP: Pueblos indígenas de la Amazonía exigen el fin de la compra de “Oro Sucio” y medidas inmediatas para detener la minería ilegal

En el marco del III Encuentro de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA), líderes y lideresas indígenas de la Amazonía peruana hicieron un llamado a los países compradores de oro, como Estados Unidos, Suiza, India y Arabia Saudí, para que detengan la compra de “oro sucio”, extraído de manera ilegal en la región amazónica. 

leer más
San Martin: ordenan la suspensión de actividades de extracción de madera en territorio kichwa de la comunidad de Puerto Franco

San Martin: ordenan la suspensión de actividades de extracción de madera en territorio kichwa de la comunidad de Puerto Franco

El último 25 de setiembre de 2024, el Juzgado Mixto de Bellavista concedió una medida cautelar a favor de la comunidad Kichwa de Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), para suspender de manera inmediata las actividades de extracción de madera de la empresa Agrupación Maderera Alto Biavo S. A. C. dentro del territorio de la comunidad de Puerto Franco, ubicada en la región San Martín. Esto incluye que se suspendan todos los actos o solicitudes que se pudieran presentar contra la resolución judicial.

leer más

Ud. es el visitante N°

Facebook

Correo institucional CAAAP

Archivos

Pin It on Pinterest