Además de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) también se pronunció para exigir el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones para nuevos representantes en el Ejecutivo y Legislativo. Hasta el momento, cinco personas perdieron la vida en lo que va de las manifestaciones por la crisis política.
Foto: AIDESEP
12:30 | 12 de diciembre de 2022.- En medio de la crisis política que enfrenta el país tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, su posterior vacancia por parte del Congreso de la República y la juramentación de la nueva presidenta, Dina Boluarte, los pueblos originarios del Perú vuelven a hacer un llamado para exigir la convocatoria de nuevas elecciones generales y anunciar una movilización permanente.
A través de un pronunciamiento, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, indicó que respaldarán la decisión autónoma de las comunidades y pueblos de «declararse en movilización permanente en y desde los territorios amazónicos, hasta lograr la convocatoria de adelanto de elecciones generales», tanto del Ejecutivo como del Congreso.
Así también, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) manifestaron que no se rendirán hasta que, «en un plazo inmediato y con nuevas reglas consensuadas con las organizaciones sociales y las organizaciones representativas de los pueblos y las mujeres indígena», se realicen nuevas elecciones. En esa línea, expresaron no reconocer a la presidenta Dina Boluarte, razón por la cual también saldrán a las calles.
Ambas organizaciones pidieron el cese de la represión policial y un alto a los asesinatos contra los ciudadanos que salen a protestar. Hasta el momento, los enfrentamientos con las autoridades policiales en estas manifestaciones han cobrado la vida de cinco personas. Además, en el país se reportan bloqueos de carreteras e incremento de resguardo policial en aeropuertos. Una situación que ha sido rechazada por diversos movimientos, colectivos, instituciones y organismos nacionales e internacionales.
Entre ellos, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), que indicó a través de su portavoz que están dispuestos a apoyar los esfuerzos para que las autoridades cumplan con sus oblaciones en materia de derechos humanos y permitan que la gente ejerza su derecho a la reunión pacifica y a la libertad de opinión y expresión. «Subrayamos la importancia de escuchar las preocupaciones y quejas de la población para abordar eficazmente la situación actual, en consonancia con la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos», mencionó el organismo.
Por su parte, desde la Conferencia Episcopal Peruana, los obispos del Perú hicieron un llamado urgente a las autoridades para pedir un alto a la violencia; a las fuerzas del órden, a velar por la integridad de las personas; y a la clase política, a construir puentes de diálogo y respetar el debido proceso. «Nuestro querido país no debe continuar en la zozobra, el miedo y la incertidumbre. Necesitamos diálogo sincero, calmar los ánimos para proteger nuestra débil democracia, conservar la institucionalidad y mantener la fraternidad de nuestro pueblo», expresaron.
Ni un muerto más
Ante el fallecimiento de dos jóvenes durante las protestas ciudadanas en Andahuaylas (Apurímac), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que se ha reportado al Comité de Derechos del Niño de a ONU «la brutalidad que la policía ha dejado hasta el momento: dos ejecuciones extrajudiciales de adolescentes y la mutilación de una niña». Asimismo, expresaron su solidaridad y profundo pesar con las familias de las víctimas.
