Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se evaluó la situación de los derechos humanos en el Perú y se hicieron recomendaciones al respecto. Entre ellas está el «investigar imparcialmente las violaciones de derechos, ataques, acoso e intimidación (…) cometidas durante las protestas».
La principal demanda de las protestas en Perú es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Foto: Paolo Peña.
12:30 | 02 de febrero de 2023.- Durante la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) del Perú, más de 20 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la crisis política y social que se atraviesa, y pidieron un alto inmediato a la violencia. En el EPU, un mecanismo de la ONU que evalúa el cumplimiento de los derechos humanos en las naciones miembros, 24 países también denunciaron la violencia ejercida en el Perú durante las protestas y llamaron a garantizar el «derecho de reunión pacífica»
Más de 50 personas, entre policías y civiles, han fallecido en los últimos 50 días, en medio de las protestas al interior del país que iniciaron con la salida del expresidente Pedro Castillo, y la toma de mando de una nueva gobernante en el Perú. La principal demanda de las movilizaciones es la renuncia de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, y la convocatoria a elecciones generales. Sin embargo, durante la crisis se han reportado varias situaciones de vulneración a los derechos humanos de los manifestantes, que han sido documentadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Investigación y sanción
En la Examen Periódico Universal (EPU) del Perú, 15 de los 27 países instaron al Estado peruano a iniciar investigaciones «prontas, cabales, independientes e imparciales por violaciones de derechos humanos» en el marco de las protestas. Así también, se solicitó que se garantice sanciones efectivas para los perpetradores.
En esa línea, 11 países expresaron su preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en Perú, sugirieron la implementación de medidas para asegurar la legalidad, precaución y proporcionalidad en el uso de la fuerza, de acuerdo con los estándares internacionales; e instaron a proteger a los defensores de derechos humanos.
,Mientras que Argentina recomendó “extremar las medidas para garantizar la vigencia irrestricta del DIDH, en especial con miras a garantizar el derecho de la ciudadanía a reunirse pacíficamente y a ejercer su libertad de opinión y expresión»; Costa Rica sugirió garantizar el principio de independencia judicial y de fiscalías, así como llevar a cabo investigaciones sobre los actos de hostigamiento y ataques a personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte, Colombia sugirió que al juez Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, «se le garantice la independencia en sus funciones (…) y se le den las protección y garantías de protección otorgadas por la CIDH». Por otro lado, Chile manifestó, su “preocupación por la compleja situación que que actualmente atraviesa su país hermano» y reiteró su llamado para el total respeto a los derechos humanos. Además, recomendó “velar por la autonomía, independencia y respeto de las instituciones electorales en Perú”
