Las comunidades achuar, kukama y urarina de la zona de influencia de este lote petrolero, en Loreto, exigen el respeto a la institucionalidad indígena y que se garantice el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con sus pueblos. Denuncian también la intervención irregular de efectivos policiales en sus territorios para custodiar la infraestructura petrolera.
Comunidades indígenas que habitan en las cuencas del río Corrientes, Marañón, Chambira y Patoyacu, en Loreto, se pronunciaron para exigir que se respete la institucionalidad indígena, se garantice el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con sus pueblos y se cumplan las obligaciones socioambientales en el Lote 8. Este proyecto para la extracción de hidrocarburos se encuentra paralizado desde 2020, tras la disolución de Pluspetrol, la empresa operadora.
En una reunión, realizada de 2 al 3 de marzo, los pueblos achuar, kukama y urarinas demandaron que Perupetro, empresa que en representación del Estado se encarga de negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, se comprometa a no suscribir un nuevo contrato petrolero o una modificatoria del contrato vigente, sin que antes se llegue a un acuerdo con las comunidades indígenas a través de un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada.
«Este es un derecho de rango constitucional, ganado por la lucha de los pueblos indígenas, que no permitiremos que se pisoteen. Asimismo, exigimos que inicie el proceso de inmediato, que no pase un año ni medio año; pero que respeten estrictamente la institucionalidad indígena», señalaron a través de un pronunciamiento. De lo contrario, advirtieron, actuarán en el marco de sus costumbres y autonomía, «ejerciendo la justicia indígena» para defender sus territorios y la vida de sus familias.
Durante la reunión desarrollada en la comunidad Pucacuro, en la cuenca del Corrientes, participaron representantes indígenas de las comunidades indígenas que forman parte de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FENACOR), con el acompañamiento de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Entre otros los pedidos señalados también están la incorporación de las comunidades San José de Saramuro y San Pedro del distrito Urarinas al proceso de Consulta Previa del Lote 8.
Responsabilidad ambiental
En relación a la situación de Pluspetrol y sus obligaciones sobre los daños ambientales y la contaminación petrolera en los territorios indígenas, el pronunciamiento emitido subraya que la empresa está obligada a cumplir todas las responsabilidades ambientales y sociales establecidas en el contrato que firmó para operar en el Lote 8, según lo indicado por el arbitraje internacional. «Pluspetrol debe incorporar en su Plan de Abandono los más de 1300 sitios impactados que existen en el lote, y no burlarse ni pisotear la vida de las comunidades proponiendo menos».
En ese sentido, se pide que el Ministerio de Energía y Minas exija a Pluspetrol que presente «en el más breve plazo», la segunda propuesta del Plan de Abandono y que este sea aprobado solo si incorpora todos los sitios identificados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Invasión policial
En el documento emitido por las comunidades del ámbito de influencia del Lote 8, se denuncia además la presencia de un contingente policial para vigilar la infraestructura petrolera en el territorio de las comunidades, enfatizando que cualquier intervención debe respetar la autonomía indígena y debe de coordinarse previamente con las autoridades comunales. «El día 1 de febrero a la medianoche, ha llegado un contingente policial a la batería Pavayacu, sin ninguna coordinación con la comunidad. O peor, porque Pluspetrol y la Policía han instalado puestos de control y vigilancia en el territorio de la comunidad Pucacuro sin consultarles ni avisarles», explicaron.
Recalcaron que en la comunidad urarina La Petrolera culpan a la población de los cortes del ducto y pretenden imponer de esa manera la presencia de las fuerzas del orden, sin coordinar con las comunidades las acciones de vigilancia y cuidado correspondientes. «Rechazamos tajantemente estas acciones y acusaciones de Pluspetrol que atentan contra nuestros derechos y rechazamos la presencia de la Policía que está siendo utilizada como vigilante de las petroleras», expresaron.
