Durante la II Macro Amazonía de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, representantes de las comunidades donde ocurrieron los derrames de crudo de Morona y Chiriaco exigieron medidas concretas por parte del Estado para la defensa de la salud ambiental y humana, reconociendo los desafíos urgentes que aún enfrentan.
19:00 | 29 de agosto de 2023.- Reunidos del 25 al 26 de agosto en la localidad de Chiriaco, escenario de uno de los más grandes derrames de crudo en el Perú, en la provincia de Bagua del departamento de Amazonas, más de 30 líderes, lideresas y representantes amazónicos de comunidades indígenas participaron del «II Macro Amazonía de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas: Defensores de la salud y el ambiente».
El objetivo de este espacio fue profundizar en los casos específicos que forman parte de la Plataforma, conocer los objetivos, actividades, y metas de la misma, y socializar el contenido del Plan Especial Multisectorial (PEM), así como la Ley n° 31189 y su reglamento. También se buscó socializar el estado actual de las demandas de la Plataforma, conformada por representantes de 14 regiones del país, en la zona amazónica.
La apertura y saludo al evento estuvo a cargo de Félix Suasaca Suasaca, secretario nacional de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas del Perú, y Matut Micaela Impi Ismiño, waisam (vicepresidenta) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA). La presentación pública de la Plataforma la realizó Eusebio Cuñachi, secretario de Actas y Archivo, y Milton Saquiray, fiscal de la Plataforma.
En su discurso inicial, Suasaca resaltó la importancia de que los dirigentes y dirigentes continúen a pie de lucha para defender la Amazonía y sus derechos. En ese sentido, indicó que el Estado debe atender a los afectados y afectadas por la contaminación de los derrames de crudo. «En la región Loreto y Amazonas tiene que implementarse la Ley y atenderse a las comunidades. Basta de que los hermanos de la Amazonía estén siendo contaminados y el Estado no haga nada», sostuvo.
Los participantes llegaron desde las comunidades de Morona, en Loreto, y de Chiriaco, Amazonas. Ambos grupos compartieron sus experiencias en cuanto a la situación de sus territorios, así como las diferencias y similitudes que los unen respecto al estado actual en el que se encuentran sus demandas y el nivel de atención recibido por las autoridades locales, regionales y nacionales, tras haber sido afectados por el crudo.
Según Eusebio Cuñachi, Secretario de Actas y Archivo de la plataforma y representante de las cuatro comunidades afectadas por el derrame en Chiriaco, sostuvo que durante los dos días se recogieron los testimonios de los afectados para poder llevar esas propuestas hasta la plataforma, teniendo en cuenta las diferencias que se viven en cada territorio. «Hemos visto los pedidos y reclamos, y como Plataforma debemos ver a qué instancias debemos acudir para que nos atiendan», mencionó.
Sentencia sin atención
El abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Segundo Herrera Mejía, recordó la sentencia emitida por el Poder Judicial, en julio de 2022, que confirmó que el derrame de petróleo de más de 3000 barriles en Chiriaco afectó la salud del pueblo awajún. «Tenemos una sentencia firme. Pero el problema no es lograr que la sentencia se dé, el problema es que se ejecute, lo que se hace aquí y cómo lo entienden los médicos», explicó el letrado.
Herrera Mejía mencionó que pese a que la investigación para este proceso judicial se basó en las muestras extraídas a 24 niños y niñas que confirmó que tenían en la sangre plomo, mercurio, bario y otros metales por encima de los niveles normales, los especialistas en salud no opinan lo mismo. «Los funcionarios entienden que la exposición al crudo no es tóxica ni peligrosa. Que si la gente está enferma o tiene metales pesados por encima de lo permitido es porque se consume agua sin tratar».
A más de un año de la emisión de la sentencia, aún no ingresa ninguna brigada medica a hacerles las pruebas a los afectados por el crudo, señaló el abogado del CAAAP. «Lo que se tiene que hacer es vigilancia médica para ver si hay un impacto en la salud. Nos preocupa es que a esos 24 niños detectados con metales pesados no se les ha hecho hasta ahora ningún tipo de seguimiento», añadió.
Compromisos no cumplidos
Por su parte, Milton Saquiray, fiscal de la Plataforma y presidente de la Federación Organización Única del Morona, mencionó que las afectaciones de ambos territorios tienen similitudes, como la contaminación de los ríos que son fuentes de alimentación y vida para las comunidades indígenas. En ese sentido, resaltó que los compromisos por parte del Estado para atender a los afectados aún no se han cumplido.
El representante de la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Clinton Vásquez, se refirió a los dos casos de derrames que se encuentran en un proceso legal para conseguir la atención debida de la población afectada por los derrames de crudo que iniciaron en 2016 en el río Morona, cuando más de 1000 barriles de petróleo del Oleoducto Nor Peruano (ONP) fueron vertidos. Mencionó que, desde entonces, se está trabajando demandas de indemnización por daños y perjuicios, daño patrimonial, moral y personal, con ocho comunidades.
Por una Amazonía libre de derrames
Luego de este encuentro, los representantes y líderes de las regiones participantes elaboraron un pronunciamiento para exigir una Amazonía libre de derrames, donde se defienda su derecho a la salud y el medio ambiente. Como integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, demandaron acciones en el marco del Plan Especial Multisectorial y la Ley n° 31189 y su reglamento.
En cuanto a salud, exigieron una atención integral con la implementación de infraestructuras adecuadas en los puestos de salud, garantizando la entrega de medicamentos y la realización periódica de pruebas toxicológicas para monitorear los niveles de contaminación de los afectados por metales en las comunidades. Respecto al tema medioambiental, solicitaron la remediación de las áreas afectadas por el crudo, utilizando tecnología especializada y adecuada para atender los derrames.
Finalmente, exigieron la instalación de servicios de agua potable y saneamiento a nivel domiciliario en todas sus comunidades, así como el mejoramiento de las fuentes de captación de agua para asegurar su calidad y disponibilidad, e instaron al Estado peruano a tomar acciones inmediatas y contundentes para abordar estas problemáticas, garantizando la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios.
A continuación, lee el pronunciamiento de forma íntegra: