Desde el Foro Social Panamazónico en Bolivia, la lideresa indígena de la región Amazonas se pronunció para exigir que el ministro de Educación se rectifique de las declaraciones que estigmatizan la cultura awajún y normalizan la violencia sexual contra las mujeres. “Mientras no lo haga, no tendremos diálogo”, sostuvo.
FOTO: FOSPA
15:00 | 17 de junio de 2024.- La situación de violencia sexual en las escuelas del pueblo awajún ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una crisis profunda que afecta principalmente a niñas y adolescentes. Recientes informes han revelado alrededor de 500 casos de abuso sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes en los distritos de Río Santiago, El Cenepa y Nieva, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.
Las primeras denuncias de estos abusos se remontan a 2010, cuando emergieron evidencias de violencia sexual sistemática en los colegios y centros de residencia (internados) de la región. Los agresores, en su mayoría docentes, han dejado secuelas devastadoras en la salud física y mental de las víctimas, incluidas enfermedades de transmisión sexual, embarazos adolescentes y suicidios.
El Consejo de Mujeres Awajún ha sido una voz activa en la denuncia de estos abusos, presentando los casos en diversos espacios nacionales e internacionales. El pasado viernes 14 de junio, el caso se presentó en el Tribunal de Justicia, Defensa y Derechos de las Mujeres de la Panamazonía, celebrado durante el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA) en Bolivia, un espacio internacional para la defensa de la Amazonía y de quienes la habitan.
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Durante su exposición, la lideresa indígena y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, comentó: “No es un cuento, tampoco una película. Está sucediendo en nuestros territorios. Frente a estas violencias, hemos denunciado pero nunca hemos tenido respuesta por parte de las autoridades por eso es que ahora recurrimos a los medios de comunicación y a espacios como este foro. No vamos a parar hasta detener esta violencia”.
El impacto en las víctimas es profundo: muchas son obligadas a abandonar sus estudios, enfrentan problemas de salud y a menudo toman decisiones drásticas, como el suicidio o la aceptación de múltiples parejas sexuales a temprana edad. Al respecto, la lideresa awajún denunció que “producto de estas violaciones han aumentado los contagios de VIH. Incluso hay niñas de 5 años que han fallecido con sida”.
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Pese a las reiteradas denuncias, la resolución ha sido decepcionante para las mujeres awajún. Ni la justicia indígena ni la ordinaria han logrado detener estos abusos ni garantizar protección para las víctimas. Frente a los participantes del FOSPA, Rosemary Pioc recalcó: “Si las mujeres existimos es porque resistimos. Frente a la falta de justicia, unámonos como países para detener esta violencia. No podemos permitir más impunidad”.
Rechazan que sea práctica cultural
Mientras las mujeres awajún hacen lo posible por dar a conocer su caso y defender sus derechos, los altos funcionarios del gobierno peruano han generado controversia y rechazo con sus declaraciones frente a esta grave denuncia. La ministra de la Mujer Ángela Teresa Hernández, repitiendo los comentarios del ministro de Educación Morgan Quero, insinuó que los abusos sexuales podrían ser parte de «prácticas culturales» de los pueblos indígenas awajún y wampís, estigmatizando así a todos los pueblos indígenas.
Estas afirmaciones fueron rápidamente desmentidas y condenadas por los líderes indígenas. “Pedimos respeto por nuestros derechos como pueblos originarios y pedimos al ministro de educación que se pronuncie y se ratifique. Rechazamos la discriminación y la estigmatización de nuestras culturas. Desde nuestra cultural no practicamos la violencia sexual, es un delito que no se acepta en ningún espacio”, remarcó Rosemary Pioc.
Según la lideresa awajún, el ministro de educación la ha llamado para conversar tras sus declaraciones en los medios de comunicación. Pero la respuesta de las mujeres awajún es enfática: “No habrá diálogo con el ministro hasta que se ratifique y pida disculpas públicas a las mujeres indígenas”.
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Por su parte, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se pronunciaron en contra de las declaraciones de los ministros, desmintiendo que la violencia sexual sea una práctica cultural, exigiendo que se disculpen públicamente y rectifiquen sus declaraciones. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otras organizaciones de la sociedad civil pidieron la renuncia del ministro y la atención inmediata de la violencia denunciada por las mujeres awajún.
Demandas de los pueblos afectados
Ante la cantidad de denuncias y la gravedad de la situación actual, las mujeres awajún han presentado una serie de propuestas y exigencias en el marco del FOSPA Bolivia 2024. Entre las principales demandas se encuentra la creación de albergues, propicios para la sanación con atención especializada y acompañamiento cultural. Además, buscan implementar programas educativos que eviten el abandono escolar y respondan a las necesidades de los pueblos indígenas, así como asegurar una atención médica integral adecuada, especialmente en casos de embarazos precoces.
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También exigen la reestructuración del sistema legal para que las víctimas de agresión sexual reciban una atención eficaz, culturalmente adecuada y con políticas públicas accesibles. Proponen también cambios en los reglamentos internos comunales para asegurar sanciones ejemplares a los agresores y evitar arreglos económicos entre las víctimas y los perpetradores. Finalmente, demandan que los presidentes comunales (Apu) que no denuncien estos hechos sean sancionados de manera ejemplar, garantizando así la protección y justicia para las víctimas dentro de la comunidad.
La denuncia hecha por las mujeres awajún requiere una respuesta integral que incluya no solo justicia para las víctimas, sino también un cambio en las políticas públicas y el apoyo efectivo a los pueblos afectados. Es esencial que el Estado peruano y la sociedad en su conjunto reconozcan la gravedad del problema y actúen en consecuencia para garantizar un futuro digno para los niños, niñas y adolescentes de la Amazonía peruana.
