Pueblo kichwa de San Martín exige la demarcación de su territorio ancestral en áreas protegidas

Juzgado tendrá la oportunidad de encaminar la conservación con respeto a los derechos indígenas en el país, al ordenar que las entidades demandadas cumplan con demarcar los territorios indígenas dentro de las ANPs, como ya lo permiten diversas normas.

Foto: CAAAP.

 

Por: Forest peoples program  

10:00 | 26 de junio de 2024.- Este jueves 27 de junio, el Segundo Juzgado Civil de Tarapoto realizará una audiencia en el marco de la demanda presentada por organizaciones del pueblo kichwa contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín (DRASAM), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y otras entidades estatales, en la que se exige que dichas instituciones cumplan con demarcar los territorios indígenas que sufrieron la superposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), violando sus derechos territoriales, así como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.

Esta acción judicial fue emprendida por el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM), junto con su base regional, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM).

En la región San Martín, el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) se crearon vulnerando derechos indígenas en los años 2001 y 2005, respectivamente. Estas áreas han excluido históricamente del adecuado acceso y gestión de recursos a, por lo menos, 72 comunidades kichwa de las tres federaciones demandantes, lo que pone en riesgo la subsistencia de comuneros y próximas generaciones.

De ese modo, a partir de esta semana, el Segundo Juzgado Civil de Tarapoto tendrá la oportunidad de encaminar la conservación con respeto a los derechos indígenas en el país, al ordenar que las instituciones demandadas cumplan con demarcar los territorios indígenas dentro de las ANPs, como ya lo permite, desde el año 2022, la Resolución Ministerial N.° 136-2022-MIDAGRI. 

Kichwas buscan que se cumpla con normas ya establecidas

 En concreto, las organizaciones kichwa buscan que las autoridades cumplan con lo establecido en la Constitución del Perú y en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dispone que los Gobiernos deben “tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Además, piden que se ordene a las entidades estatales que identifiquen el número de comunidades nativas cuyo proceso de titulación incluirá la demarcación del territorio superpuesto en la ANP, con el apoyo de las federaciones indígenas recurrentes; y que el territorio demarcado se entregue a través de contratos de cesión en uso de las áreas que constituyen territorio indígena al interior de la ANP, según corresponda.

 Cabe recordar que, durante varios años, el pueblo kichwa estuvo intentando conseguir la demarcación en espacios de diálogo, como en la Mesa de Titulación de la región San Martín y en la Mesa Técnica del PNCAZ; sin embargo, las autoridades no han querido cumplir las normas que permiten el reconocimiento de sus derechos territoriales. A ello se sumó el incumplimiento de acuerdos históricos por parte del Sernanp, que obstaculizó el avance en la demarcación de comunidades kichwa dentro del PNCAZ, en el bajo Huallaga.

 Van más de dos décadas en que el mundo va virando hacia la conservación de la biodiversidad con respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, el Estado peruano se mantiene rezagado entre reticencias, falta de voluntad y racismo estructural en las políticas y acciones de conservación, y en el reconocimiento de los territorios indígenas para cumplir sus compromisos climáticos y de conservación.

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