Organizaciones indígenas presentaron el “Mandato de Acción Indígena: Amazonía en Emergencia y Libre de Minería”, exigiendo acciones urgentes del Estado peruano para frenar la minería aurífera, proteger la Amazonía y garantizar la defensa de los derechos humanos. En su pronunciamiento, denunciaron la devastación ambiental y la necesidad de fortalecer la organización indígena ante la emergencia que enfrenta su territorio.
Foto: Andina.
16:00 | 4 de octubre de 2024.- El 30 de septiembre y 1 de octubre de 2024 se celebró en Lima el “III Encuentro Nacional de Articulación de Estrategias en Defensa de la Amazonía ante el Infierno Minero”. En este evento, líderes y lideresas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), los gobiernos territoriales autónomos (GTA) y diversas organizaciones indígenas presentaron el «Mandato de Acción Indígena: Amazonía en Emergencia y Libre de Minería». Este mandato denuncia la devastación causada por la minería aurífera, que, según señalan, es responsable de la contaminación de 22 ríos, la deforestación de más de 115 mil hectáreas y la liberación de toneladas de mercurio en la Amazonía peruana.
El pronunciamiento demanda al Estado peruano acciones contundentes para detener las concesiones mineras y las actividades económicas ilegales, entre las que destacan: suspender la emisión de concesiones sobre territorios indígenas, cancelar el Registro Informal de Formalización Minera (Reinfo) y abrir investigaciones a funcionarios cómplices de delitos ambientales. Según remarcan, estas medidas son urgentes para evitar el punto de «no retorno» y responder a la situación de emergencia que atraviesa el territorio amazónico.
En este mandato, los representantes también enfatizaron la necesidad de fortalecer sus formas de organización y sus mecanismos de autodefensa como estrategia para enfrentar a la minería ilegal. Recalcaron que el Estado debe cumplir con sus obligaciones, pero que las respuestas deben ser lideradas por los propios pueblos indígenas, quienes han demostrado su capacidad para vigilar y proteger sus territorios de manera autónoma, a través de puestos de control y monitoreo ambiental, patrullaje terrestre, fluvial y con drones; así como la autodemarcación territorial.
Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para investigar la contaminación por mercurio y las redes criminales vinculadas a la minería ilegal que invaden sus territorios, afirmando que, en muchos casos, esto es propiciado por la compra de oro ilegal por parte de empresas internacionales y nacionales. En este contexto, solicitaron a las embajadas de Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita informar a sus Gobiernos sobre el rechazo indígena a que dichos países sean los principales compradores del oro peruano, a pesar de saber que el 45% de este proviene de la ilegalidad.
Las organizaciones también instaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) garantizar la implementación eficaz y oportuna del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. De igual manera, exhortaron al Estado peruano a ratificar el Acuerdo de Escazú y otros estándares internacionales que aseguran la protección de los derechos humanos y la defensa del territorio.
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