Por: CAAAP
El nuevo informe “Voces silenciadas” de Global Witness revela información sobre asesinatos de defensores ambientales en el 2023. En América Latina, la región donde ocurrieron la mayoría de los casos a nivel global, los defensores y defensoras indígenas son los más expuestos a riesgos. El Perú es el décimo país con más casos reportados a nivel mundial desde 2012, y los datos oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirman esta tendencia.
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13.10 | 9 de octubre. – Colectivos y líderes indígenas están entre los más expuestos a riesgos por defender la naturaleza y los derechos de sus pueblos. Así lo confirma los datos recogidos desde el 2012 y actualizados hasta el año 2023, presentados en el último informe de Global Witness “Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”, publicado en septiembre de este año.
Según reporta el informe, América Latina es la región más peligrosa a nivel global, con 193 casos de asesinatos de personas defensoras del medioambiente en el año 2023, que corresponden al 85 % del total. Pero eso no es todo: el 43 % de estas personas eran indígenas. Los datos presentados en el informe destacan como líderesas y líderes indígenas, debido a sus esfuerzos para proteger sus derechos y los de la naturaleza, se encuentran en la mira de redes criminales, quienes están detrás de las actividades económicas que invaden y depredan sus territorios.
Aunque los porcentajes difieren según el contexto, la tendencia confirma que son los colectivos y líderes indígenas quienes se encuentran en mayor riesgo en Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia, con 79 defensoras y defensores ambientales asesinados, es el país con el mayor número de casos. Aquí los asesinados se concentran en las regiones de Cuaca, Nariño y Putumayo, que constituyen o incluyen territorios pertenecientes a la Amazonía. En Centroamérica, región habitada por el 1 % de la población mundial, ocurrieron en el año 2023 el 20 % de los asesinatos de defensoras y defensores en el mundo, en casi la mitad de las ocasiones las víctimas eran indígenas.
En México, la situación para los pueblos indígenas ha sido aún más grave en proporción: en 2023, representaron el 70 % de quienes perdieron la vida defendiendo sus territorios. En Nicaragua, durante el mismo año, todas las personas defensoras ambientales asesinadas, un total de diez víctimas, eran indígenas. En este país, desde 2012, han sido asesinadas 70 personas defensoras, de las cuales 69 eran indígenas.
El Perú representa el décimo país en el mundo con más casos de defensores y defensoras ambientales asesinados en el periodo comprendido entre el 2012 y 2023. Se trata, según Global Witness, de 58 asesinatos, de los cuales 4 ocurrieron el año pasado. En línea con otros países de América Latina, los pueblos indígenas son los más afectados, en particular de la región amazónica, donde se encuentran 51 de los 55 pueblos indígenas registrados en el Perú.
Defensores y defensoras de la Amazonía peruana en grave riesgo
Según el análisis realizado por Ojo Público1 a partir de los datos del registro de situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia, entre enero de 2019 y mayo de 2024, se han registrado 373 situaciones de riesgo que afectan a 656 personas defensoras de derechos humanos, y a sus familiares, en todo el país. Las regiones amazónicas de Ucayali, San Martín y Amazonas encabezan la lista de lugares con más amenazas registradas, siendo Ucayali la región con el mayor porcentaje, pues acumula el 34,9 % de los casos. Las principales amenazas provienen de economías ilícitas, como la tala ilegal y el narcotráfico, que representan el 22,44 % del total de situaciones de riesgo.
Al respecto, Graciela Reátegui Mori, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), comentó: “Los mayores riesgos derivan de los narcotraficantes que invaden los territorios de las comunidades indígenas. Frente a estas y otras amenazas somos nosotros quienes cuidamos el medio ambiente. El Estado no lo está haciendo, al contrario, vende concesiones y vende los territorios indígenas”. “Nosotros luchamos porque nuestro territorio es nuestra vida”, recalcó la presidenta.
A pesar de la gravedad de la situación, los asesinatos de defensores indígenas continúan. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en la última década 35 defensores amazónicos han sido asesinados en el país, lo cual evidencia el nivel de peligro que enfrentan al luchar por la protección de sus derechos y sus territorios.
Así lo confirman también las experiencias de los defensores como Marcelino Vilela Neira, dirigente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), quien vive en la comunidad San José Obrero, en un área gravemente impactada por la deforestación, en el distrito de Barranquita, región de San Martín: “Cuando te opones a quienes depredan la Amazonía, corres muchos riesgos: te secuestran, te mandan a matar. ¡Cuántos defensores están muriendo por defender la Amazonía! Pero si no hay bosque, no hay agua y no hay vida, entonces tenemos que protegerlo”.
Organizaciones indígenas: el Estado no se compromete lo suficiente con la protección as personas defensoras amazónicas
En este contexto opera en Perú el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual incluye a defensoras y defensores ambientales indígenas, así también, responde al derecho a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” garantizado en el artículo 2 de la Constitución peruana y a los estándares internacionales suscritos por el país. Pese a la implementación de esta normativa, los atentados en contra de colectivos y personas defensoras de los derechos humanos no cesan.
AIDESEP, una de las organizaciones más grandes de la Amazonía peruana, denuncia que el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos no está funcionando de manera efectiva debido a la falta de financiamiento adecuado y al desinterés del Estado. Además, alerta sobre la criminalización de colectivos y personas defensoras indígenas en el país. En mayo de este año, AIDESEP se pronunció en la Declaración del II Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Indígenas, advirtiendo sobre el aumento de actividades ilícitas y depredadoras que ponen en peligro a los pueblos amazónicos. La organización también denunció que las autoridades estatales están facilitando estas actividades, mediante modificaciones en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
II Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Indígenas – Foto: AIDESEP
Para mejorar la protección de la Amazonía y sus pueblos, AIDESEP exige que las entidades pertenecientes al Mecanismo Intersectorial y las mesas regionales rindan cuentas. Además, solicita un incremento en el presupuesto destinado a implementar medidas preventivas para salvaguardar a los colectivos y personas defensoras indígenas.
Al respecto, Graciela Reátegui Mori de FECONAU comentó: “No hay la atención del Estado, como pueblos indígenas somos discriminados por las autoridades. Necesitamos protección permanente en las comunidades, no solo documentos y papeles: diez hojas escritas no van a proteger tu vida. Como organizaciones indígenas, nosotros buscamos otras formas y alternativas para protegernos, pero siempre estamos en riesgo”. Por ello, AIDESEP exige que el Estado no solo implemente acciones, sino que también reconozca los sistemas de protección autónomos creados por las organizaciones amazónicas y su plataforma de defensores indígenas, lasson esenciales para la defensa de sus territorios y la protección de sus vidas.
Los datos y los testimonios presentados en este artículo evidencian la urgencia de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y los territorios, especialmente para los colectivos, líderes y lideresas indígenas tanto en América Latina como en el Perú.
