Las organizaciones indígenas, que representan a más de cien comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Loreto, han anunciado una movilización permanente ante el incumplimiento de compromisos por parte del Estado en los lotes 8 y 192. A finales de noviembre, la gran minga comuna l iniciará con un paro en los ríos, que se mantendrá hasta que las demandas de las organizaciones sean atendidas.
15.00 | 12 de noviembre, 2024.- Ante el incumplimiento del Estado en respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y en remediar los daños a la salud y al medio ambiente causados por más de 50 años de explotación petrolera, las organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón anunciaron una movilización permanente. También manifestaron su intención de realizar un paro a finales de noviembre para retomar el control de sus ríos e impedir el regreso de las actividades extractivas en los lotes 8 y 192.
Al respecto, el Apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), explicó: “No nos oponemos a la actividad petrolera, pero no podemos seguir siendo pacientes mientras nuestros familiares mueren, nuestros territorios se deterioran y nuestras generaciones y culturas se pierden. Tenemos que alzar nuestra voz y tomar el control de nuestros territorios, y lo haremos. No permitiremos más actividad petrolera en nuestro territorio si primero no solucionamos la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas”.
Alfonso López Tejada – Presidente ACODECOSPAT
La explotación petrolera en estas áreas ha impactado profundamente a la población local en estos de 50 años, ahora, las comunidades enfrentan la posibilidad de nuevas concesiones para la extracción de hidrocarburos, lo que extendería esta actividad por 30 años más. En particular, Petroperú, junto con su socio Altamesa, prevé reactivar la explotación del lote 192 a finales de este año, mientras que la empresa Upland Soil and Gas tiene un contrato de cuatro años firmado para la explotación del lote 8.
En el marco de la explotación de recursos en territorios indígenas, las autoridades han asumido diversos compromisos en respuesta a las demandas de las comunidades afectadas. Sin embargo, los representantes indígenas han señalado que estos compromisos no se han traducido en avances concretos. Un ejemplo clave es la falta de aprobación del presupuesto necesario para ejecutar el Plan de Salud 2022-2026, acordado en uno de los procesos de Consulta Previa. A esta situación se suma la falta de participación de funcionarios con poder de decisión en los Grupos y la Mesa de Trabajo para el seguimiento de los acuerdos en los lotes 8 y 192, lo que ha obstaculizado el avance en la implementación de dichos compromisos.
Por su parte, las organizaciones indígenas también insisten en que se cumplan compromisos estatales previos, como los proyectos de agua y saneamiento establecidos desde 2015 y las acciones de remediación ambiental, fundamentales para la protección de sus derechos y la sostenibilidad de sus territorios.
Foto: 4 Cuencas
Por ello, las organizaciones de la plataforma 4 Cuencas anunciaron que realizarán una minga, es decir una acción de protesta comunitaria, y tomarán el control de sus territorios, especialmente de sus ríos, para impedir la reactivación de la actividad petrolera en los lotes 8 y 192, hasta que las autoridades nacionales y regionales respondan a sus demandas.
Durante una conferencia de prensa el pasado viernes 8, los líderes indígenas anunciaron el paro indefinido. Sin embargo, señalaron que aún hay disposición al diálogo, siempre que los representantes estatales ofrezcan respuestas concretas. Las organizaciones indígenas de la plataforma 4 Cuencas habían dado al gobierno hasta el 31 de octubre para comenzar a cumplir con los acuerdos establecidos. Sin embargo, ante la persistente falta de respuesta estatal, decidieron tomar acción.
Por su parte, el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), el Apu Aurelio Chino, rechazó las etiquetas discriminatorias que se les asignan a los pueblos indígenas y recalcó que la disposición al diálogo de las organizaciones no ha sido atendida por las autoridades: “Nosotros no somos ‘salvajes’ ni ‘terroristas’. Necesitamos hablar con funcionarios y ministros que vengan con respuestas concretas, para poder entendernos. Sin embargo, hace unos días nos reunimos con treinta funcionarios del Estado y ninguno nos dio respuestas. Vinimos aquí para discutir nuestra agenda, pero parece no importarles, por lo que debemos presionar”.
Aurelio Chino – Presidente FEDIQUEP
En la misma línea, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), expresó su solidaridad con la lucha de las organizaciones loretanas: “Muchos hermanos indígenas tienen metales pesados en el cuerpo y necesitan atención médica; muchos ríos y quebradas están siendo contaminados. En esta situación, no se puede continuar con la actividad petrolera. No hay voluntad por parte del gobierno nacional y regional para llevar a cabo acciones de reparación. Esto lo entendemos como falta de respeto y de voluntad política. Se trata de discriminación, porque da la impresión de que al Estado no le interesa la salud de los pueblos”.
El Apu Alfonso López, recalcó que la lucha de las organizaciones indígenas es contra el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno nacional y regional. Señaló que las empresas contaminan sus territorios debido a la falta de capacidad de las instituciones del Estado para fiscalizar adecuadamente. Además, destacó que los incumplimientos no solo se refieren a procesos de consulta previa o a la relación entre pueblos indígenas y empresas, sino también a responsabilidades directas del Estado, como la construcción de hospitales y escuelas. “Esta lucha es contra el abandono del Estado, para decirle que voltee la cara” sentenció el líder.
La perspectiva legal
La abogada y especialista del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Verónica Shibuya, señala que al incumplir los compromisos asumidos, el Estado está vulnerando derechos fundamentales. “Es importante destacar que al incumplir los compromisos que asumió, el Estado está vulnerando derechos. No hablamos simplemente de servicios, sino del deber del Estado de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de cada individuo en el territorio nacional”, explica Shibuya.
Ante esto, los líderes de las organizaciones indígenas han decidido centrarse en la incidencia territorial, ya que su principal objetivo es llamar la atención del gobierno y provocar acciones rápidas y efectivas.
De esta manera, las organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corriente, Tigre y Marañón exigen el respeto a sus derechos fundamentales por parte de un Estado incumplidor. Aunque mantienen abierta la puerta al diálogo, también han dejado clara su determinación de buscar justicia mediante medidas de fuerza, incluyendo la toma de control de sus territorios, si no se cumple con sus demandas.
