Tras dos meses del derrame ocurrido entre el km 11 y 12 del Oleoducto Norperuano, el Ministerio del Ambiente declaró la emergencia ambiental en la zona. Las organizaciones indígenas lamentan el retraso y exigen acciones inmediatas de atención a las comunidades afectadas. Mientras tanto, continúa la minga indígena en los lotes 8 y 192, donde organizaciones y comuneros protestan por su derecho a la remediación ambiental y el cumplimiento de acuerdos por parte del Estado peruano.
Foto: 4 Cuencas
11.45 | 02 de diciembre, 2024.- El pasado 25 de noviembre, tras casi dos meses desde el desastre, el Ministerio del Ambiente emitió la Resolución Ministerial N° 00414-2024-MINAM en la que declaraba emergencia ambiental por un plazo de 90 días en la cuenca del río Pastaza, debido al derrame ocurrido el 3 de octubre pasado entre el kilometre 11 y 12 del tramo norte del Oleoducto Norperuano (ONP), administrado por la empresa estatal Petroperú.
Las organizaciones indígenas locales denuncian el retraso en el reconocimiento y la declaración de la emergencia, así como en la identificación de los riesgos para la salud de la población afectada. El Apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), organización que desde los primeros días después del derrame había solicitado la declaración de emergencia, destaca: ‘Se demoraron demasiado en hacer lo que debían hacer. ¡A nosotros nos desespera! El Estado es muy lento. Después del derrame, no sé qué más tenían que evaluar para cumplir con sus normas. Buscaron muchos argumentos para no declarar la emergencia, pero finalmente tuvieron que hacerlo. Ahora, esperamos que nos convoquen para sentarnos a dialogar sobre cómo piensan abordar la atención’.»
3 de octubre: día negro en el Pastaza
Según la Resolución Ministerial, que se basa en los resultados de las pericias realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el petróleo crudo derramado se desplazó por el río Pastaza a lo largo de 75 km desde el punto de falla, afectando ambos márgenes del río. Esta contaminación impactó aproximadamente 18.750 m² de aguas superficiales y vegetación ribereña.
Las comunidades nativas afectadas fueron Nuevo Porvenir, Nuevo Andoas, Los Jardines, Alianza Topal, Andoas Viejo, Capahuari Urko, Pañayacu, Nueva Vista, Huagramona, Naranjal Pastaza y Nueva Vida, todas ubicadas río abajo del punto de derrame. Para estas comunidades, el río Pastaza es su principal fuente de agua. Además, el impacto no se limitó solo a las comunidades cercanas al punto de falla. Las comunidades de Titiyacu, Aitmensa, Alianza Capahuari, Brillante de Andoas, Churus y Siwin también se vieron afectadas, ya que dependen del río Pastaza para realizar actividades vitales como la pesca, el aseo y el transporte.
Más allá de la identificación oficial de las comunidades afectadas, el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Aurelio Chino, destaca que, «Viendo la realidad, todas las comunidades asentadas en la cuenca y en las orillas del río Pastaza están afectadas. Todas las comunidades hasta el río Marañón, donde desemboca el Pastaza». La lenta reacción de la empresa operadora y del Estado han contribuido a la expansión del daño.
Ambiente y salud: “Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo”
En la Resolución Ministerial se indica oficialmente que “El objetivo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental es garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, realizando los trabajos de recuperación y remediación correspondientes para mitigar la contaminación ambiental, con el fin de proteger la salud de la población”. En este contexto, junto con la declaratoria de emergencia, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha publicado un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, en el que se identifican las actividades de asistencia a la población y los responsables de llevarlas a cabo. Según el Plan de Acción, las autoridades públicas, como el Ministerio de Salud (MINSA) y la Gerencia Regional de Salud (GERESA Loreto), son las encargadas de las actividades relacionadas con la salud de la población local, mientras que Petroperú se encargará de los trabajos de limpieza y remediación ambiental, así como de proporcionar agua adecuada para consumo a las comunidades afectadas.
Sin embargo, después de casi dos meses de demora para declarar la emergencia, los plazos establecidos en el Plan de Acción para llevar a cabo estas actividades han generado indignación en la población local. Estos plazos incluyen, por ejemplo, 30 días adicionales para realizar el monitoreo de la calidad del agua, para entregar agua potable a las comunidades y para establecer asistencia médica especializada. Sobre este tema, el Apu Aurelio Chino comenta: “¿Por qué tanto demoran? ¿Por qué tienen que pasar 30 días? ¿En 30 días cuánta gente estará tomando esta agua? Nosotros no podemos responder a estas preguntas, ¡porque nosotros no vivimos de sus normas! Nosotros vivimos tomando del río, comiendo del río, por eso tenemos una preocupación muy grande, y mientras pasa el tiempo, sigue la cólera.”
Apu Aurelio Chino – Presidente FEDIQUEP
Organizaciones indígenas de Loreto en movilización permanente
En este contexto, FEDIQUEP junto con las demás organizaciones indígenas de la plataforma 4 Cuencas, que incluye a la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes (FECONACOR), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), se encuentran en una movilización permanente en protesta por los impactos de las actividades petroleras en sus territorios y el incumplimiento de acuerdos por parte del Estado peruano.
Desde el 20 de noviembre, cuando iniciaron oficialmente las medidas de presión, las organizaciones se preparan para tomar el control territorial en los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza y Tigre. Actualmente, ACODECOSPAT ya ha asumido el control territorial en el río Marañón, a la altura de la comunidad de San Pedro de Urarinas.
Foto: 4 Cuencas – Inicio movilización en San Pedro de Urarinas
Respecto a la situación en la cuenca del Pastaza, Aurelio Chino afirmó: “Nuestra movilización también está relacionada con este derrame y con todos los demás derrames. Todo forma parte de esta lucha: todas las afectaciones causadas por la explotación petrolera en nuestro territorio son parte de nuestra reivindicación”.
Aunque las organizaciones indígenas están dispuestas a dialogar, la apática actitud del Estado frente a sus protestas augura el fortalecimiento de la movilización permanente. “Para el 6 de diciembre hemos convocado a las autoridades del Estado en José Olaya. Si vienen con respuestas concretas, serán bienvenidos. De lo contrario, tomaremos otras medidas y empezaremos a movilizarnos de manera más firme”, concluyó el Apu Chino.
