Durante la presentación del informe anual «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú», se denunció el impacto del debilitamiento institucional y las actividades extractivas en los derechos de los pueblos indígenas. De cara al censo 2025, el grupo también alertó sobre la falta de participación de estas comunidades en el diseño del censo, un proceso clave para garantizar políticas públicas inclusivas.
11.15 | 9 de enero, 2025.- El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (GTPPII) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó el 11 de diciembre su informe anual titulado «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú». El documento revela el grave impacto que generan el debilitamiento institucional, el avance de las actividades extractivas y la exclusión de las comunidades indígenas en la toma de decisiones clave.
Debilitamiento institucional y su impacto en los derechos indígenas
El informe subraya que la falta de implementación efectiva de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) ha debilitado los derechos de los pueblos indígenas. Aunque el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantiza este derecho, su aplicación se ve limitada por la ausencia de reglamentación adecuada y los recortes presupuestarios. En este sentido, el GTPPII denuncia que instituciones como el Ministerio de Cultura carecen de recursos y autonomía para liderar procesos inclusivos y efectivos. Asimismo, señala la necesidad de fortalecer la Comisión Multisectorial sobre la CPLI, liderada por el Ministerio de Cultura (MINCUL).
Otro punto crítico señalado es que la “cuota indígena” en las elecciones regionales y municipales, que establece que el 15% de los candidatos deben ser indígenas, es insuficiente para garantizar una representación real. Esta medida se ve debilitada por prácticas discriminatorias de los partidos políticos, como ubicar a los candidatos indígenas al final de las listas electorales. Ante esta problemática, el grupo enfatiza la urgencia de debatir proyectos de ley que establezcan un distrito electoral indígena, permitiendo así la elección de una representación indígena auténtica y legítima en el Congreso.
De cara a los Censos Nacionales: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, durante la presentación del informe se destacó que, a pesar de la grave situación de los pueblos indígenas descrita en el documento, estos no están siendo considerados en el diseño del censo 2025. Este instrumento es crucial para la formulación de políticas públicas efectivas dirigidas a los pueblos indígenas. Al respecto, Ana Leyva, co-coordinadora del GTPPII, expresó su preocupación al señalar: “En la Comisión que prepara este censo, no todas las organizaciones indígenas están representadas. De alguna manera, están siendo excluidas de la discusión sobre cómo se formularán preguntas relacionadas con identidad, idioma y autoidentificación”.
Extractivismo y economías ilegales: amenazas crecientes
Durante la presentación, Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC), destacó que los pueblos indígenas poseen cerca del 30% del territorio nacional, pero los procesos de titulación y saneamiento legal están paralizados. Este estancamiento fomenta invasiones y permite la expansión de economías ilegales, especialmente en la Amazonía. Normativas como la Ley Forestal han generado mayor vulnerabilidad, mientras que las concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos en tierras indígenas provocan despojo territorial y graves conflictos sociales. Como señala Hallazi: “Hay un incremento de concesiones mineras, forestales y para la extracción de hidrocarburos sobre territorios indígenas que crean situaciones de superposición de derechos”.
El avance de actividades extractivas y economías ilegales, como la minería y el narcotráfico, propició despojo territorial, violencia y degradación ambiental en territorios indígenas. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas actividades generan más de 33.000 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a casi la mitad del presupuesto nacional.
Esto refleja, según el GTPPII, una preocupante pérdida de control estatal y abandono de las comunidades indígenas, que enfrentan solas estas amenazas. Un ejemplo es el caso de Comainas, en Amazonas, donde mineros ilegales de oro han ingresado con maquinaria pesada al territorio peruano en la zona de Comainas, cerca de la comunidad de Antigua Canán, en Amazonas, sin que las autoridades intervengan.
Llamado a la acción
El informe concluye con una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas: reactivar los procesos de titulación de territorios, fortalecer la consulta previa, asegurar la inclusión de organizaciones indígenas en decisiones clave como el censo 2025 y crear mecanismos que garanticen una representación política auténtica. Este documento es una invitación a reflexionar sobre el compromiso del Estado con los derechos de los pueblos indígenas y a tomar medidas concretas para proteger su integridad y futuro.
Para conocer más sobre la situación actual de los pueblos indígenas, puede acceder al informe completo de la CNDDHH ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/kTEl
