El posicionamiento ecopolítico presentado por los pueblos del centro del país marca un paso clave para fortalecer la articulación regional frente a la crisis climática. Con una postura firme ante la indiferencia y el abandono estatal, las voceras y los voceros reafirmaron que son los pueblos quienes proponen, exigen y resisten desde sus tradiciones y cosmovisiones.
Foto: CAAAP.
10:00 10 abril de 2025.– La ciudad de Huancayo fue escenario del encuentro “Ruta de los Pueblos: Audiencia Ambiental y Climática – Macrocentro”, que reunió los días 7 y 8 de abril a líderes y lideresas de comunidades indígenas, organizaciones sociales y colectivos ambientales de las regiones de Junín, Pasco, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima e Ica.
Durante dos intensas jornadas, más de un centenar de participantes construyeron colectivamente una agenda socioambiental y climática, basada en las urgencias compartidas por los territorios: la crisis del agua, la contaminación por actividades extractivas, el debilitamiento de las políticas públicas, la inseguridad alimentaria y la falta de reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho.
«Somos pueblos en resistencia y exigimos justicia ambiental y climática», fue una de las frases más repetidas en la audiencia pública realizada en el auditorio del Instituto Continental. Las organizaciones firmantes de la declaración final expresaron su rechazo a la criminalización de defensores y defensoras ambientales y exigieron la ratificación del Acuerdo de Escazú como herramienta clave para garantizar la justicia ambiental y la participación ciudadana.
La audiencia concluyó con una conferencia de prensa, en la que participaron más de una docena de medios de comunicación. Frente a la consulta de algunos periodistas sobre si esta era una acción orquestada por organizaciones no gubernamentales, las vocerías respondieron con firmeza que son los pueblos quienes lideran y definen las propuestas.
“Si bien es cierto, a veces interpretamos mal el rol de las ONG. Para nosotros, la sociedad civil, las ONG son aliados, ponen en debate estos temas importantes, pero este es un rol que le corresponde al gobierno, pero no lo hace. Hago un llamado a todos a sumarse a nuestras demandas, porque si nosotros no lo hacemos, el gobierno no lo hará”, expresó Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), organización que representa a 79 comunidades nativas de la Selva Central. “Seguiremos buscando espacios de diálogo, pero si no nos hacen caso, buscaremos otras estrategias para llamar la atención”, agregó.
Teddy Sinacay – Foto: CAAAP
Desde la zona andina, Elsa Benavente, vocera de la Plataforma Nacional de Personas afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PLANAMETOX), también fue clara: “No somos títeres de nadie. Este no es solo un evento. Nosotros estamos planteando, proponiendo, pero, sobre todo, ESTAMOS EXIGIENDO. Se nos criminaliza por exigir un derecho constitucional. Tenemos derecho a la vida, derecho al agua, a un ambiente sano”, afirmó.
Uno de los puntos resaltados por los participantes fue la necesidad de reconocer la diversidad de voces dentro de la macrorregión centro, que incluye también territorios amazónicos. En ese sentido, se subrayó la importancia de incorporar también los enfoques de los pueblos de la Amazonía en la gestión de los recursos naturales. Por ello, la participación de lideresas como Susana Pérez, presidenta de la Organización de Comunidades Asháninka Río Negro (OCAR), y Palmira Chiricente, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka (FECONACA), permitió reforzar una mirada integral y plurinacional frente a la crisis.
Asimismo, a través de la participación de presidentes y representantes de la Asociación de Vivienda de Shipibos en Lima (AVSHIL), la Asociación de Artesanos Shipibos Residentes en Lima Pro Vivienda (ASHIREL V), la Asociación de la Comunidad Urbana Shipibo-Konibo de Lima Metropolitana (ACUSHIKOLM) y la Asociación Comunidad Shipibo-Konibo Cantagallo (ACSC), se visibilizó la situación de los pueblos indígenas que se han desplazado y migrado a zonas urbanas. Esto permitió repensar la relación entre la Amazonía y las grandes ciudades en el contexto de la actual crisis ambiental y climática.
Foto: CAAAP.
Demandas urgentes desde el corazón del país
Entre las propuestas consensuadas, se destacan:
- Protección de las cabeceras de cuenca y aplicación efectiva de la Ley de Recursos Hídricos.
- Titulación y georreferenciación de territorios indígenas y modificación de la Ley de Tierras.
- Reconocimiento de comunidades como guardianas del agua y los bosques, frente al Estado e inversiones privadas, y compensación mediante incentivos estatales.
- Acceso equitativo al agua potable, remediación de pasivos ambientales y fortalecimiento de la agroecología.
- Inclusión efectiva de pueblos indígenas en la toma de decisiones políticas, mediante un distrito electoral indígena y paridad.
- Reconocimiento legal de la naturaleza y la biodiversidad como sujetos de derecho.
- Implementación efectiva del Plan Especial Multisectorial para atender a las personas afectadas por la contaminación por metales y otras sustancias tóxicas.
«No hay justicia climática sin justicia social, ni defensa ambiental sin los pueblos», recalcaron al cierre del evento, que marca un hito en la construcción de una agenda macrorregional desde los territorios.
Lee la declaración completa a continuación:
DECLARACION-MACRO-CENTRO-1
