Comunidades advierten una crisis humanitaria y ambiental en Loreto, mientras la Iglesia denuncia “la muerte de la política” ante la indiferencia del Gobierno.
Loreto, 29 de agosto de 2025. – La huelga indefinida de las comunidades indígenas del río Tigre, en Loreto, cumple casi dos semanas sin respuesta efectiva del Estado, mientras crece la preocupación por los recientes hechos de violencia y el avance descontrolado de la minería ilegal en la zona.
Las comunidades bloquearon el paso fluvial en la cuenca como medida para frenar la proliferación acelerada de la minería ilegal en sus territorios. La decisión rige desde el 18 de agosto, día en que se interrumpió el tránsito de embarcaciones, y se mantendrá hasta que la fuerza pública expulse a los mineros ilegales.
Según información recibida por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP, en los últimos tres meses se viene produciendo una “corrida masiva” de la minería ilegal desde la cuenca del Alto Nanay hacia el río Tigre, de manera silenciosa y continua, sin que el Estado haya adoptado acciones para enfrentarla. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) respalda esta medida inédita en Loreto, que marca un precedente en la lucha indígena contra la minería ilegal.
Medios regionales informaron que en la comunidad nativa Libertad se produjo un enfrentamiento que dejó heridos a comuneros y tripulantes de una embarcación. Para las comunidades, este episodio refleja la desatención del Estado y la urgencia de sus demandas, orientadas a proteger la vida y el territorio frente a la minería ilegal.
La Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT) denunció la presencia de decenas de dragas ilegales que vierten mercurio en los ríos, afectando la salud de las familias, su seguridad alimentaria y los recursos de los que dependen. “Exigimos al Estado acciones inmediatas para garantizar derechos básicos y frenar la escalada de violencia”, señalaron en un pronunciamiento.
En la misma línea, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) demandó la instalación urgente de una comisión de alto nivel liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y sectores competentes que se traslade a la zona. “La prolongada indiferencia del Estado genera una situación insostenible. Los pueblos indígenas no buscan la violencia, sino el respeto a sus derechos colectivos, a sus territorios y a la vida”, alertó la organización.
Por su parte, la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos del Perú–Ecuador (OPIKAFPE) subrayó que los impactos de la contaminación se han extendido más allá de la cuenca. “Ya no solo es la contaminación petrolera de décadas, ahora está el mercurio por la contaminación minera. Esto está generando trata y prostitución de nuestras hijas y hermanas; conflictos entre hermanos, delincuencia y violencia por parte de gente foránea”, advirtieron, reafirmando su rechazo a la actividad minera en sus territorios.
La iglesia se pronuncia
En este contexto, el Obispo Vicario de Iquitos y presidente del CAAAP y REPAM Perú, Monseñor Miguel Ángel Cadenas, cuestionó duramente la ausencia del Estado:
“El paro en el río Tigre es una manifestación de la muerte de la política. Las demandas indígenas no suelen ser escuchadas, salvo en los enfrentamientos, y aun así no se solucionan los problemas de fondo. Es más lamentable aún saber que los pobladores solicitan frenar la minería ilegal y el Estado no reacciona. Un Estado que se pinta por sí solo. ¿Qué intereses hay?”, señaló.
Cadenas recordó que las cuencas del Tigre y Corrientes son de las más afectadas por la contaminación petrolera, y que los estudios técnicos independientes siguen siendo “papel mojado” al no traducirse en políticas públicas. Finalmente, llamó a no perder la calma ni la esperanza: “Los indígenas reclaman y merecen un espacio de respeto y ser escuchados en sus necesidades”.
La crisis en el río Tigre refleja una problemática de larga data que combina abandono estatal, contaminación ambiental y la amenaza creciente de actividades ilegales, y que hoy enfrenta a comunidades cansadas de décadas de indiferencia.
Más allá de la coyuntura actual, lo que está en juego en el río Tigre es la vida misma de pueblos enteros y su derecho a un futuro digno en sus territorios. La persistencia de la contaminación petrolera y la irrupción de la minería ilegal han creado un escenario de grave vulneración de derechos humanos y ambientales que amenaza la salud, la cultura y la seguridad de las comunidades. Frente a ello, las voces indígenas y eclesiales coinciden en exigir no solo la atención inmediata a la emergencia, sino también una respuesta estructural que garantice la protección del territorio, la erradicación de las actividades ilegales y el respeto a los derechos colectivos.
El Tigre se ha convertido en un espejo de lo que ocurre en otras cuencas amazónicas: un llamado urgente a que el Estado asuma con responsabilidad la defensa de la Amazonía y de sus pueblos.
