En conferencia de prensa, representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos advirtieron que la eliminación de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República representa un grave retroceso en la defensa de sus derechos. Asimismo, denunciaron la inejecución del Plan Especial Multisectorial para la atención de personas afectadas por metales tóxicos, situación que profundiza la crisis sanitaria y ambiental en los territorios contaminados.
Foto: CAAAP.
16:00 | Lima, 3 de noviembre.– En un contexto de grave crisis de contaminación y ausencia de justicia ambiental, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (PLANAMETOX), que agrupa a representantes de 14 regiones del país, alzó su voz para repudiar el intento del Congreso de eliminar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, considerada el único espacio legislativo que atiende las problemáticas de las poblaciones afectadas por la contaminación y la exclusión estructural.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), donde se realizó una conferencia de prensa el pasado 29 de octubre, los voceros calificaron la medida como un atentado contra la vida y una muestra del desprecio del Congreso hacia los pueblos originarios y las comunidades expuestas a sustancias tóxicas.
“Es atentar contra nuestra voz”
“Eliminar esta comisión significa atentar contra nuestra voz, es atentar contra nuestro existir”, afirmó Antony Oscátegui, de la región Pasco, secretario general de la Plataforma. Agregó que la medida “condena a las siguientes generaciones a silenciarlas, a callarlas”, y alertó que su eliminación “daría pie a un Congreso autoritario que apruebe leyes transgresoras de los derechos”.
Por su parte, María Chirinos, representante de la Macro Centro, expresó que esta iniciativa “refleja un total desprecio por los derechos humanos”, mientras que Delia Alarcón, delegada por la Macro Sur, señaló estar “indignada” y sentirse “discriminada”: “Nosotros estamos huérfanos, huérfanos de estos señores que se hacen llamar padres de la patria”, declaró.
Milton Saquiray, delegado de la Macro Amazonía, advirtió que esta decisión “es de mucha preocupación para los pueblos originarios”. Cuestionó duramente a los parlamentarios de su región que apoyaron la eliminación: “Ya vemos congresistas de nuestras mismas regiones que se llaman ser hijos del pueblo. En campaña te dicen que somos iguales, pero cuando llegan al poder ya no nos miran de la misma manera”.
“Lo que traigo acá es la voz de mi pueblo que clama detrás de mí”, agregó Saquiray, al recordar que los pueblos amazónicos continúan sufriendo por la contaminación que los deja sin agua limpia, sin salud y sin justicia.
Milton Saquiray – Foto: CAAAP
El Plan Especial Multisectorial: cuatro años de abandono estatal
La Plataforma también denunció la inejecución del Plan Especial Multisectorial (PEM) para la atención integral de personas afectadas por metales pesados, aprobado en 2021. A casi cuatro años de su creación, el plan —que debía articular acciones entre ministerios e instituciones públicas— no presenta avances significativos.
“La implementación se muestra claramente con un déficit. No hay avance, ni siquiera llegamos al 10% del plan especial multisectorial”, señaló Oscátegui, criticando la falta de coordinación entre ministerios y la desidia del Estado.
“El gobierno no está haciendo nada para atender la contaminación que venimos sufriendo hace décadas”, reclamó Saquiray, recalcando la grave crisis que se vive a lo largo del territorio amazónico. “Hasta el día de hoy, el Ministerio de Energía y Minas no nos contesta los documentos que enviamos. Ellos están más interesados en extraer petróleo que en minimizar los daños que están causando”, agregó.
El vocero también recordó que la minería informal se extiende por los principales ríos amazónicos: “Se están dando varias actividades de minería en los ríos Ucayali, Madre de Dios, Marañón. Son ríos principales de nuestra diversidad, de donde nos alimentamos, de donde sacamos peces. El agua que consumimos está contaminada por mercurio”.
Saquiray lamentó haber viajado nueve días para llegar a Lima “sin encontrar resultados fructíferos para nuestros pueblos” y exigió la ampliación y extensión del plan multisectorial a perpetuidad. “Ya va por sus cinco años, y no hay interés ni voluntad política del Estado para implementarlo”, señaló con indignación.
La cruda realidad: salud colapsada, ecosistemas envenenados
El abandono estatal se refleja también en los territorios. “La mayoría de personas en nuestras regiones están contaminadas, tienen metales en su sangre”, denunció Delia Alarcón, quien además compartió un testimonio personal: “Vivo con dolores y en mi comunidad varios experimentan síntomas raros”.
Relató que los ríos en el sur “han cambiado de color, se ven blancos, mostaza, leche cuando antes eran transparentes” y que los cultivos ya no producen igual, afectando no solo su alimentación sino también su economía.
Delia Alarcón – Foto: CAAAP.
En la Amazonía, la situación sanitaria es igual de alarmante. “Nuestros establecimientos de salud no tienen condiciones para atendernos. En un puesto de salud atiende solo un personal técnico, no hay médico ni obstetra. Una emergencia demora cuatro o cinco horas en llegar en bote, y en algunos casos nuestros pacientes ya llegan muertos”, relató Saquiray, al evidenciar la precariedad que enfrentan las comunidades amazónicas contaminadas por petróleo y metales pesados.
Demandas urgentes
Entre otras cosas, la Plataforma exigió al Estado peruano:
- La retractación inmediata de los congresistas que apoyaron la eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología y su restitución.
- La extensión e implementación efectiva del Plan Especial Multisectorial.
- Denunciar las alianzas corruptas que obstaculizan la implementación del plan.
- La protección de las cabeceras de cuenca y la remediación ambiental inmediata.
“Queremos la ampliación inmediata de nuestro plan, porque nuestra lucha es por la vida”, reafirmó Saquiray, en nombre de las comunidades amazónicas. “El Estado debe entender que no se trata de cifras ni documentos, sino de personas que están muriendo por contaminación. Nosotros existimos, y exigimos respeto a nuestra vida y a nuestros territorios”.
La conferencia culminó con un mensaje unánime: “Nuestra lucha es la vida”, una demanda que recuerda al Estado su obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano y a la justicia ambiental en todo el territorio peruano.
