A pesar de los compromisos asumidos por el Estado, las federaciones y organizaciones indígenas de San Martín alertaron que los avances del Mecanismo de Protección siguen siendo mínimos y burocráticos, sin respuestas reales frente a las amenazas de economías ilícitas que ponen en riesgo la vida de defensores y defensoras. Durante la sesión plenaria de la Mesa Regional, líderes y lideresas denunciaron demoras, falta de voluntad política y una profunda brecha entre lo acordado y la protección efectiva en el territorio.
Por: José Luis Ricapa Ninanya y Elena Alessandra Fanti – CAAAP San Martín
Foto: CAAAP San Martín.
El pasado 28 de noviembre de 2025, se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto la segunda sesión plenaria 2025 de la Mesa Regional de San Martín para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, donde estuvieron presentes representantes de las federaciones y organizaciones indígenas de la región San Martín, junto con autoridades nacionales y regionales. Este espacio convocado por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sirvió para compartir los avances de la implementación del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos” en la región San Martín, así como para que las líderes, lideresas de las federaciones indígenas, y los familiares de las y los defensores, pudieran levantar su voz de reclamo y alerta del estado de desprotección en el que aún se encuentran.
El representante del Ministerio de Justicia, Diego Reátegui Rengifo presentó los avances de la implementación de los acuerdos pactados en la sesión anterior de la Mesa del 12 de febrero de 2025, lo que conllevó una reacción de frustración y molestia por parte de los participantes de las federaciones. Y es que en efecto, el avance reportó tan sólo un 33% de los acuerdos y varios de ellos referidos a asuntos burocráticos (o de procedimientos de gestión), más que a acciones concretas para la implementación del protocolo de atención a las y los defensores o la desactivación de actividades amenazantes de las economías ilícitas en la región.
Las organizaciones indígenas expresaron una profunda preocupación por la brecha entre los compromisos del Estado y la realidad en el territorio, y cuestionaron la efectividad y avances presentados en el mecanismo de alerta temprana. De igual manera, el anuncio respecto a la demora por parte del Gobierno Regional San Martín para la aprobación de una ordenanza que oficialice el funcionamiento de la Mesa generó indignación.
Samuel Pinedo, Apu de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM) indicó que los avances sólo se refieren a trámites y que por tanto, tienen que enfrentar las amenazas con acciones propias de defensa. Ener Tuanama, Apu de la Federación Kichwas Huallaga Dorado (FEKIHD) llamó la atención respecto a la ausencia de alcaldes provinciales y distritales en este espacio y su inacción también ante los riesgos de las y los defensores.
Por su parte, Marisol García, Apu de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) señaló que es “una falta de respeto que los defensores estén esperando más de dos años la activación del proceso”, refiriéndose a la implementación del Mecanismo y exigió al Gobierno Regional, que como muestra de buena fe aprueben la ordenanza de la Mesa este año, y que el desarrollo de la misma se realice cada tres meses, “no tiene sentido reunirse 1 o 2 veces al año”, sentenció. También alertó que para tomar acción frente a las amenazas “no tenemos recursos, logística, nos dejan solos” y solicitó la participación del Ministerio de Economía en la Mesa para garantizar presupuesto para la protección de las y los defensores indígenas.
Denunció también que, lamentablemente, hay entidades de las instancias del Estado en el territorio vinculadas a las economía ilícitas y que su organización viene recibiendo amenazas de mineros ilegales.
Por otro lado, Kevin Inuma, de la comunidad Santa Rosillo, hijo del líder indígena Kechwa Quinto Inuma asesinado precisamente hace dos años, indicó: “queremos defensores vivos, no muertos, recibimos condolencias y reconocimientos pero sólo en ese momento, luego quedamos desamparados, al final el Estado nos sigue dando la espalda. A nosotros no nos pagan por defender nuestras tierras, somos sinchi warmi, sinchi runa. Muchos callan por temor a denunciar, los papeles no nos defienden, queremos acciones concretas.”
Foto: CAAAP San Martín.
Julián Gonza, líder indígena de la comunidad Anak Kurutuyaku y representante del Sindicato de Defensores Ambientales de la Región San Martín compartió que está siendo desplazado de su comunidad precisamente por amenazas de personas vinculadas al narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras: “esperamos alcanzar justicia, a pesar de que tengo el mecanismo, en la práctica en el campo, no nos sirve de nada”, y agregó “no queremos salir a los medios porque nos da más temor. Ahora en la comunidad tenemos un conflicto latente por invasores de tierras” señala.
Por su lado, la abogada Cristina Gavancho, del equipo técnico legal de algunas de las federaciones alertó sobre las inconsistencias que existen por parte del Estado:“es alarmante como el Estado no defiende a los defensores. Hay cuestiones estructurales, instancias que solo creen que hay que apoyar a las comunidades cuando tienen un reconocimiento público del Estado, pero no, las comunidades existen desde antes, eso no se entiende […], aunque no tengan reconocimiento, no significa que no tengan derechos, eso incluye los derechos territoriales, no necesitan un título para ser atendidos […]. Esta Mesa no va a lograr objetivos si el Gobierno Regional no se sincera en formalizarla”.
También advirtió que se puede estar incurriendo en omisión de funciones por parte de los responsables públicos para la implementación del Mecanismo, y recordó que existe una sentencia judicial por una demanda de las organizaciones indígenas que ordena al Ministerio del Interior la aprobación de “lineamientos de actuación para que la Policía Nacional del Perú (PNP) brinde atención especializada a todas las personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional que sufran cualquier tipo de agresión, amenaza o riesgo” (IDL, 2025). “Hay dinero para reprimir protestas pero no para atender a defensores”, reclamó.
Al finalizar la sesión se aprobaron 17 acuerdos para dar continuidad a la implementación del Mecanismo y las entidades participantes se comprometieron a atender dichos acuerdos e informar las acciones implementadas para su cumplimiento en un plazo de 90 días calendario y trasladar esa información a la organizaciones representativas de las comunidades indígenas en la región. Asimismo, se acordó que la siguiente reunión de la Mesa Regional se lleve a cabo en el primer trimestre del año entrante.
La voz de las federaciones indígenas insistirá en la demanda de transformar dichos acuerdos en acciones inmediatas y efectivas, de modo que la Mesa Regional no permanezca como un espacio meramente formal, sino que se convierta en un verdadero instrumento de protección a las y los defensores de sus territorios.
