Durante dos días de reuniones en Lima, la jefa Maritza Díaz y su delegación obtuvieron el compromiso de instituciones del Estado para dar seguimiento a las medidas de protección en curso. En el transcurso de esa misma semana, la lideresa recibió las garantías personales previstas en el marco del mecanismo de protección.
23 de febrero 2026 | Lima. – El 11 y 12 de febrero, la jefa asháninka Maritza Díaz Contreras, junto a una delegación de comuneros y comuneras de la comunidad nativa Santa Rosa de Panakiari, en Satipo, y la vicepresidenta de la Organización de Comunidades Asháninka Río Negro (OCAR), Diana Shantiori, llegaron a Lima para reunirse con diversas entidades del Estado y alertar sobre la situación de riesgo que enfrenta su lideresa y la comunidad. La visita se produce tras recientes hechos de hostigamiento y vigilancia contra Maritza Díaz, en un contexto de creciente tensión vinculado a la disputa por una parte del territorio comunal. La delegación exigió medidas urgentes que garanticen su seguridad y el respeto a los derechos territoriales de la comunidad.
El conflicto se remonta a enero de 2024, cuando irregularidades en el proceso de georreferenciación de la comunidad excluyeron cerca de 3 hectáreas ocupadas ancestralmente por la comunidad, generando un vacío que facilitó intentos de apropiación por parte de terceros y una denuncia penal contra su jefa. Este hecho refleja una problemática creciente en la Selva Central, marcada por el tráfico de tierras, la lotización informal y la presión sobre territorios indígenas, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y el riesgo para sus líderes.
Se incrementan el hostigamiento y el riesgo en medio de la disputa territorial
En la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Panakiari, esta disputa territorial ha tenido consecuencias directas para la jefa comunal, Maritza Díaz Contreras, quien enfrenta un proceso penal por presunta usurpación, pese a que la documentación técnica y las pruebas de ocupación continua del área en litigio desmienten dichas acusaciones. La criminalización de su labor en defensa del territorio ha estado acompañada, en las últimas semanas, de episodios de intimidación y hostigamiento que han incrementado el clima de temor dentro de la comunidad.
En enero de 2026, un hombre se presentó en el ingreso de la Comunidad preguntando insistentemente por la jefa comunal y por su domicilio. El individuo afirmó ser miembro de la Policía Nacional, pero no presentó ninguna credencial que lo acreditara. Ante la actitud sospechosa y la ausencia de comunicación oficial, una comunera registró el hecho, grabando el rostro del hombre y la placa de su vehículo.
Días después, medios locales de Satipo informaron que ese mismo individuo fue hallado sin vida en la ciudad de Pichanaki, con un impacto de bala en la cabeza. Según los reportes difundidos en la zona, la víctima estaría vinculada a actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de tierras. Este hecho incrementó la preocupación y el clima de tensión en la comunidad, evidenciando la gravedad del contexto en el que se desarrolla el conflicto territorial y motivando la reciente visita de la jefa comunal y su delegación a Lima para solicitar la intervención de autoridades nacionales.
Reuniones con el Estado impulsan compromisos de protección y seguimiento
Durante su estancia en la capital, la delegación encabezada por Maritza Díaz, junto al abogado del caso, Breiton León, acompañados por parte del equipo técnico del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), sostuvo reuniones clave con el Mecanismo de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección de Garantías del Ministerio del Interior, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, y la Dirección de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura.
Asimismo, la delegación se reunió con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y con el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo , con el fin de exponer la situación de riesgo creciente que enfrenta la jefa comunal y solicitar el respaldo de estas entidades así como medidas concretas que garanticen su protección y el reconocimiento de los derechos territoriales de la Comunidad Nativa Santa Rosa de Panakiari.
Las reuniones permitieron activar el seguimiento institucional del caso y avanzar en medidas concretas para garantizar la protección de la jefa comunal y la comunidad. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Garantías y las prefecturas, se comprometió a notificar adecuadamente la resolución que denegó las garantías personales para permitir su apelación y gestionar su otorgamiento. Asimismo, se acordó coordinar con la Policía Nacional del Perú el despliegue de efectivos en Río Negro y establecer la articulación con la Seguridad Indígena Amazónica (SIA) para brindar resguardo a la jefa comunal y a la comunidad, además de realizar un seguimiento continuo del caso mediante reuniones periódicas. En paralelo, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República se comprometió a enviar oficios a diversas entidades estatales para respaldar estas medidas y promover acciones de fiscalización.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo se comprometieron a supervisar la actuación de las autoridades locales, canalizar el caso en espacios de coordinación interinstitucional y evaluar medidas adicionales de protección. Asimismo, se acordó impulsar el reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad, reiterando la necesidad de avanzar en la ampliación de su titulación ante la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) y de fortalecer la articulación con organizaciones indígenas. En esa línea, AIDESEP se comprometió a emitir recomendaciones sobre el caso y respaldar los diálogos entre la comunidad y las organizaciones indígenas regionales.
La visita a Lima coincidió con un avance importante: la noche del 11 de febrero, tras semanas de espera, Maritza Díaz fue notificada del otorgamiento de garantías personales en el marco del mecanismo de protección. Esta medida constituye un primer reconocimiento formal de la situación de riesgo que enfrenta la jefa comunal en el contexto del conflicto territorial.
En ese marco, la mañana del 12 de febrero, la jefa y el abogado Breiton León participaron en el programa radial No Hay Derecho de Radio IDL, donde reconstruyeron el caso y reiteraron que, si bien estas medidas son un avance, no serán suficientes mientras no se garantice la ampliación del título comunal y el archivamiento definitivo de la denuncia penal contra la jefa, medidas fundamentales para asegurar la protección integral del territorio y de la comunidad.
Exposición pública del caso incrementa respaldo, pero también amenazas
Los recientes avances del caso se dan en un contexto de creciente visibilidad pública de la situación que enfrenta Santa Rosa de Panakiari. La publicación de un reportaje que documenta el caso en el sitio web del CAAAP, institución que acompaña el caso de manera integral, permitió que diversos medios locales de Satipo replicaran la información, ampliando su alcance y posicionando el tema en la agenda pública local.
Esta exposición generó una amplia reacción en redes sociales y espacios digitales, con muestras de respaldo, pero también con comentarios que incluyen amenazas, expresiones racistas y la difusión sistemática de narrativas falsas contra la jefa comunal, promovidas por personas de la zona o por cuentas presuntamente vinculadas a la parte denunciante. Estas acciones buscan desacreditar la defensa territorial de la comunidad e incitan al hostigamiento público. La situación ha sido reportada formalmente a las autoridades pertinentes y continúa siendo monitoreada, debido al impacto que puede tener en la seguridad de la jefa y de la comunidad.
Frente a este escenario, la Comunidad Nativa Santa Rosa de Panakiari reitera su principal demanda: que la Dirección Regional de Agricultura de Junín avance de manera inmediata en la ampliación de su título comunal, a fin de restituir plenamente la seguridad jurídica de su territorio. Asimismo, exige el archivamiento definitivo de la denuncia penal contra su jefa comunal, reafirmando que su actuación responde al ejercicio legítimo de defensa de los derechos territoriales de su pueblo.
