El censo se aplicó a 2.703 comunidades indígenas de la selva. Foto: MDS
Los resultados de 2.703 comunidades indígenas de la selva y 6.682 comunidades campesinas forman parte del tercer Censo de Comunidades Nativas y el primero de Comunidades Campesinas, realizados en el marco del empadronamiento nacional del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En el caso de las comunidades amazónicas, los mayores conflictos se producen con otras comunidades (44,8%), personas particulares (27,4%), comuneros de la misma comunidad (23,5%), empresas madereras (14%), empresas petroleras (7,3%), empresas mineras (5%) y mineros informales (1,6%).
De la misma forma, las disputas territoriales de las comunidades campesinas se presentan en un 56% de los casos con otras comunidades, un 29,6% con otros miembros de la comunidad, 26,8% con personas particulares ajenas a la comunidad, 11,6% con empresas mineras, 4,2% con mineros informales y un 0,9% con madereras.
Voceros del INEI explicaron a Ojo-Público que los participantes tuvieron la opción de brindar una respuesta múltiple, es decir que una comunidad puede tener más de una disputa. Las preguntas se realizaron a los apus, presidentes o jefes de comunidad.
El tercer censo de comunidades amazónicas registra 917 comunidades más que la encuesta realizada el 2007, en la que figuraron 1.786. Los resultados del I Censo de Comunidades Campesinas revelan que Puno y Cusco concentran la mayor cantidad de estas, con 1.352 y 969, respectivamente.
Sin reconocimiento
Del total de 9.385 comunidades censadas, 9% no están reconocidas por ninguna entidad del estado: 10% en el caso de las comunidades amazónicas y un 8% de las campesinas declaran no estar reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Cofopri, gobiernos regionales y el Proyecto especial de titulación de tierras (PETT). El reconocimiento es el paso previo a la inscripción en registros públicos y la posterior titulación de sus tierras. Esta situación coloca a las comunidades en un escenario de vulnerabilidad frente a problemas limítrofes o de superposición de derechos.
Los casos más relevantes corresponden a los pueblos indígenas Kandozi (Loreto) y Awajún (Amazonas). En el primer caso, el 38,9% de sus comunidades (21) no están reconocidas. Con los segundos, de las 419 comunidades censadas, 55 no lo están.
Los resultados indican también que el 23% de todas las comunidades amazónicas que sí están reconocidas no tienen título de propiedad, documento que registra el derecho sobre sus tierras.
En comunicación con Ojo-Público, Pedro Tipula, especialista del Instituto del Bien Común, señaló que los títulos a comunidades fueron entregados sin hacer un adecuado trabajo de campo, lo que genera disputas ocasionadas por las mismas autoridades. «Es importante precisar que aquellas que están reconocidas y tituladas, en su gran mayoría no están georreferenciados y ni registradas en un catastro. Si hay superposición de derechos, hay conflictos», indica.
Acceso a servicios básicos
La metodología empleada en los censos del 2017 permitió obtener respuestas múltiples a la consulta por los conflictos que mantienen por el acceso al agua. A través de un análisis de la información brindada por el INEI, Ojo-Público pudo conocer que las comunidades Quechuas de las regiones de Cusco y Apurímac son las que presentan mayor cantidad de conflictos asociados a este recurso.
A diferencia de las encuestas realizadas en 1993 y el 2007, esta vez las comunidades nativas y campesinas no fueron entrevistadas por el acceso a servicios básicos como agua y luz. El último censo solo incluye preguntas relacionadas a los servicios en colegios y centros de salud.
Consultados sobre el tema, voceros del INEI señalaron que estos datos fueron recogidos en la cédula del Censo de Población y Vivienda a nivel regional y distrital, sin embargo, al revisar la encuesta Ojo-Público determinó que esa información no tiene el detalle a nivel de comunidades.
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Fuente: Leslie Searles (Ojo Público)
