Ganadora del Premio Goldman 2015, logró que una empresa china y el Banco Mundial retiraran su apoyo a una polémica represa
Berta Cáceres, de 43 años, estaba amenazada y era cuidada de manera ocasional por la policía. (Foto: Goldman Environmental Prize).
La laureada dirigente indígena ambientalista Berta Cáceres, de 43 años, fue asesinada a tiros la madrugada de este jueves por desconocidos que invadieron su casa en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital de Honduras, denunciaron la familia y dirigentes populares.
La policía dijo que Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente, fue asesinada para robarle, relató a TV Globo su madre, Berta Flores, «pero todos sabemos que fue por (su) lucha».
«La policía dice que fue por robarle pero es un crimen político de este gobierno», afirmó a la AFP Carlos H. Reyes, presidente del sindicato de la Cervecería y dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
«La información de la policía es que (desconocidos) entraron a la casa por la parte de atrás y le dieron dos disparos, pero todos sabemos que es mentira, que la mataron por su lucha» en la protección del ambiente, denunció el dirigente obrero.
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Destruir la humanidad –
Como coordinadora del COPINH, Cáceres emprendió una lucha por la defensa del río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara (noroeste), donde una compañía pretende construir una represa hidroeléctrica que amenaza con dejar sin agua a cientos de indígenas lenca, a la que pertenecía.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Flores añadió que recientemente su hija «fue al río Gualcarque y tuvo un altercado muy grande con los militares y con los dueños de la empresa que está haciendo (la represa) sobre ese río, y ella me dijo que tenían que parar (la construcción) porque era destruir la vida, era destruir la humanidad», subrayó.
Según la madre de Cáceres, su hija «tenía (dictadas) medidas cautelares» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, informó que fue detenido como sospechoso el guardia de la colonia donde mataron a la dirigente, así como otra persona que resultó herida, pero declinó dar detalles con el argumento de que el caso está en investigación.
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Seguridad a medias –
La policía coordinaba con Cáceres su seguridad, explicó el ministro, pero la vivienda que tenía registrada está en el barrio El Calvario de la ciudad de La Esperanza, y que cuando fue asesinada estaba durmiendo en otro lugar, el residencial El Líbano, sobre el que las autoridades no tenían conocimiento.
Indicó que inicialmente se le había asignado una patrulla policial permanente «pero a solicitud de ella» se estableció un patrullaje ocasional.
«El gobierno, la policía y la Secretaría de Seguridad estuvieron siempre pendientes de la seguridad» de Cáceres y «la semana pasada tuvieron un reunión de coordinación» a causa de las medidas cautelares que ordenó la CIDH, enfatizó.
Pacheco prometió que «el gobierno está en la mayor disposición de aclarar este lamentable hecho».
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el «horrendo» crimen, que calificó también de «golpe a los derechos humanos del pueblo», y pidió «que se esclarezca ya» en un mensaje a través de Twitter.
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Fuente: EL Comercio/AFP
