A través de un comunicado, la institución propuso sostener «un diálogo abierto e informado» sobre los alcances reales de este tratado internacional.
10:30 | 02 de septiembre de 2022.- El Ministerio del Ambiente (Minam) se pronunció a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú, y propuso sostener «un diálogo abierto e informado» sobre sus alcances para la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Por medio de un comunicado, la institución resaltó la importancia de este tratado internacional que busca fortalecer la Democracia Ambiental a través de la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
Uno de los alcances de este Acuerdo Internacional es contribuir a generar un marco de protección a favor de las y los defensores ambientales, pues en los últimos años, personas pertenecientes principalmente a los pueblos indígenas de la Amazonía han sido asesinadas, añadió la institución. Consecuencias que están seriamente vinculadas a actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal, y el narcotráfico.
En ese sentido, reiteraron que el Acuerdo de Escazu «apunta a proteger a este grupo vulnerable de modo que el Estado en su conjunto y no sólo las entidades del Poder Ejecutivo implementen medidas eficaces para lograr la protección efectiva y plena de las defensoras y defensores ambientales»; así como a «garantizar los derechos más esenciales de las personas a vivir en un entorno saludable y en armonía con la naturaleza».
Finalmente, el Ministerio del Ambiente expresó su intención de que el Acuerdo de Escazú pueda revisado y ratificado por el Congreso de la República, para de esa forma contribuir al desarrollo de una sociedad «más responsable con el medio ambiente y uniendo esfuerzos para proteger a aquellos que con su vida vienen protegiendo el patrimonio natural de todos y todas, como son las personas defensoras ambientales».
Cabe resaltar que el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado, hasta el momento, en 13 países de Latinoamérica y el Caribe. En el Perú, el pasado 11 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República decidió su archivamiento.
