Por: OjoPúblico
Compartimos este extracto de una investigación de OjoPúblico que analiza el paquete de proyectos de ley en discusión en el Congreso peruano y sus posibles efectos sobre la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. El artículo ofrece una mirada detallada a los cambios propuestos en la normativa forestal y a las preocupaciones expresadas por especialistas y organizaciones indígenas.
Foto: CAAAP
17:00 | 20 noviembre de 2025. – Una nueva propuesta de ley busca modificar la norma que protege a los bosques amazónicos. El proyecto pretende que parte de las 4,4 millones de hectáreas de bosque que Perú perdió entre 2001 y 2024 sea reclasificada como zona agropecuaria. La autora de la iniciativa, Jeny López Morales (Fuerza Popular), y su equipo técnico registran reuniones con líderes menonitas, representantes agrarios y ejecutivos de Ocho Sur, empresa dedicada a la palma aceitera. A su proyecto se suman otros 11 que debilitan la protección ambiental y los derechos indígenas.
En los últimos meses, el Congreso ha acelerado una agenda que podría cambiar las reglas de protección de la Amazonía. El pasado 13 de setiembre, mientras cientos de jóvenes protestaban en las calles de Lima contra el gobierno, la Comisión Agraria del Parlamento sesionaba de forma descentralizada en la ciudad de Aguaytía, en Ucayali.
En esta sesión aprobaron el dictamen del Proyecto de Ley 09653, al que las organizaciones ambientales han denominado la nueva “Ley Antiforestal”. La medida fue presentada por la congresista de Fuerza Popular, Jeny López Morales, con el argumento de “impulsar las actividades agrarias sostenibles y la formalización de tierras en la Amazonía”.
Sin embargo, especialistas en derecho ambiental advierten que, de prosperar, legalizará la deforestación y contribuirá a un cambio en el régimen forestal. El abogado César Ipenza señaló, por ejemplo, que permite otorgar títulos de propiedad sin estudios ni autorizaciones ambientales previas.
La promoción de esta iniciativa no es aislada. OjoPúblico identificó, al menos, 12 propuestas que buscan expandir el aprovechamiento de los recursos forestales al sector privado y modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Es decir, la misma ley que ya había sido modificada en enero de 2024 con cambios que, según expertos, facilitan la destrucción de la Amazonía.
Este paquete, impulsado entre 2022 y 2025, debilita al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y modifica la ley de protección de pueblos indígenas en aislamiento. Además, una de las iniciativas —ya aprobada por el Pleno— elimina la Comisión de Pueblos Indígenas y Ambiente en la futura Cámara de Diputados y Senadores.
“Si seguimos socavando la Ley Forestal, cada vez tendremos una norma menos capaz de cumplir su propósito de proteger y conservar el bosque a través de su uso sostenible. El panorama muestra que no serán solo los efectos de cada ley por separado, sino la suma de todas juntas”, advirtió Hugo Che Piu, director de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
En el centro de esta agenda legislativa destaca Jeny López Morales, actual presidenta de la Comisión Agraria y autora de uno de los proyectos más cuestionados. OjoPúblico detectó que la parlamentaria y su equipo técnico han sostenido reuniones con empresarios de la industria de la palma aceitera, como Ocho Sur, y con representantes de comunidades menonitas investigadas por deforestación en Ucayali.
Representantes de Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, la Bancada Socialista, Perú Libre, Somos Perú y del grupo parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial también han promovido iniciativas con impactos similares.
Según especialistas, los beneficiarios potenciales de este paquete legislativo van más allá del sector agrícola. “Al transformar tierras forestales en tierras agropecuarias, son dables de ser tituladas. Si eso ocurre, ya no son solo posibles tierras para agricultura, sino para cualquier otro negocio, desde lodges turísticos hasta inmobiliarios” explicó Richard O’Diana Rocca, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Los beneficiados
De aprobarse, el Proyecto de Ley 09653 favorecería, principalmente, a los monocultivos que operan en la Amazonía. En particular, al sector de la palma aceitera, actividad asociada a la pérdida de cobertura vegetal en los bosques tropicales. Esto fue advertido por especialistas y por la congresista Ruth Luque, cuando se aprobó el dictamen. “[Es] una ley a favor de las palmas aceiteras, ley pro deforestación. No es una ley para la Amazonía”, publicó en su cuenta de X.
El abogado Richard O’Diana explica que el impacto no se limita a un cultivo específico. “En general, todo monocultivo sería beneficiado. Estamos hablando de palma, evidentemente, que es tal vez la amenaza más grande de la Amazonía en términos de agricultura. Más allá de las extractivas, más allá de la minería ilegal, más allá del narcotráfico”, indicó.
El especialista Hugo Che Piu añadió que el texto promueve la creación de una Zona Agropecuaria Amazónica (ZPA), una figura que permitiría titular territorios actualmente bajo régimen forestal, abriendo paso a la privatización de grandes extensiones de terreno.
“Esta norma viene con la promesa de que va a solucionar el problema de [titulación de] los pequeños agricultores. Pero, en realidad, solamente va a resolver el problema de las grandes empresas que han hecho deforestación y que tienen procesos penales”, resaltó.
El politólogo Salvador Oré, quien forma parte del movimiento “No a la Ley Antiforestal”, coincidió en que el discurso que respalda esta norma mezcla demandas legítimas de los agricultores amazónicos con intereses de grandes grupos económicos.
“Han creado una polarización entre los campesinos, sobre todo los cafetaleros de la selva amazónica, y quienes defienden el bosque. Han querido aprovechar esa polarización, pero no a favor de los campesinos cafetaleros, sino a favor de la industria de la palma y otros monocultivos que destruyen la selva”, dijo.
Preocupación por eventuales cambios
El dictamen del Proyecto de Ley 09653 plantea una modificación profunda del régimen forestal de la Amazonía peruana. El aspecto más preocupante, según los especialistas, es la posibilidad de entregar títulos de propiedad sobre áreas deforestadas sin evaluación previa.
El texto considera la creación de dos nuevas áreas de zonificación para la Amazonía: la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA) —que incluye áreas con cobertura boscosa hasta el 31 de diciembre de 2024— y la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA) — que abarcaría suelos deforestados para esa fecha. En esta última, se otorgarán títulos para actividades agrarias, agroforestales o de plantaciones forestales.
“La zona agropecuaria amazónica es la punta de lanza para romper la protección que da la Ley Forestal”, advirtió el abogado Juan Carlos Ruiz. De acuerdo con un reporte de Global Forest Watch, Perú perdió 4,4 millones de hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2024. Parte de esa superficie podría reclasificarse como zona agropecuaria, si el proyecto se aprueba en el Pleno.
Juan Carlos Ruiz recordó que esta disposición contraviene el artículo 66 de la Constitución, el cual establece que esos recursos son patrimonio nacional. Además, agregó, legaliza una actividad que el Código Penal considera delito: “Es delito deforestar, cambiar de uso y comercializar bienes forestales. Con esto, tú estás legalizando una actividad ilegal”.
El abogado César Ipenza también cree que la norma abre un escenario de impunidad. “Si yo deforesté y estoy siendo procesado por un delito ambiental, inmediatamente puedo apropiarme del terreno y, por otro lado, sería legal haber deforestado y, por ende, ya no tendría ninguna sanción”, dijo.
Otro de los puntos críticos del texto es el que fija en 30% el porcentaje mínimo del predio que debe conservarse como área boscosa. Al respecto, el abogado Richard O’Diana destaca la falta de mecanismos de control o sanción. “Esto queda, como otras obligaciones, en la nada porque no se establecen plazos concretos”, apuntó.
El dictamen también omite la consulta previa a los pueblos indígenas, un paso obligatorio según el Convenio 169 de la OIT. La situación repite lo ocurrido con la modificación de la Ley Forestal, aprobada en enero de 2024.
Los especialistas consideran que esta nueva propuesta reproduce y profundiza las medidas introducidas con aquella modificación. Mientras la Ley Forestal original definía como bosque a cualquier terreno con aptitud forestal, las nuevas propuestas establecen que un área deja de ser bosque una vez que se retiró su cobertura vegetal.
El paquete legislativo
El proyecto de López Morales forma parte de un grupo más amplio de iniciativas que buscan cambiar las regulaciones ambientales y los derechos territoriales en la Amazonía. Un análisis de OjoPúblico encontró otras 12 propuestas en esa línea.
Una de estas —ya aprobada por el Pleno— elimina la Comisión de Pueblos Indígenas y Medioambiente en la nueva estructura del Congreso.
“Esta eliminación es parte de la nueva estrategia para aprobar de manera más expedita y acelerada normas vulneratorias de nuestros derechos, ya que no habrá comisión especializada que brinde asistencia técnica y política”, denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Otro proyecto está relacionado con un corredor ferroviario y dos iniciativas más, que modifican la Ley Forestal y declaran de necesidad nacional los proyectos Hidrovía Amazónica y Ferrovía Transcontinental, tienen orden del día y, por lo tanto, están listas para ser incorporadas en la agenda plenaria.
Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) advierte que los megaproyectos de infraestructura en la Amazonía suelen abrir camino para el avance de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y la ocupación de territorios indígenas.
Seis propuestas más están en discusión en las comisiones ordinarias del Legislativo. Una de ellas dispone que el Ejecutivo revise cada seis meses las reservas indígenas ya creadas. Para el abogado Hugo Che Piu, esta medida se complementará con otras.
“Esta norma [el proyecto de ley 09653] dice que la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA) no se aplica en las reservas indígenas y territoriales de los pueblos en aislamiento. Pero, luego, tienes esta otra que te dice ‘vamos a revisar cada dos años y ver cuándo eliminar una reserva indígena o territorial’. Por lo tanto, se podría ampliar la aplicación de estas áreas agropecuarias”, explicó.
También continúa en trámite un proyecto que busca modificar la Ley Forestal, transfiriendo a los gobiernos regionales la competencia para crear “bosques locales”, actualmente bajo responsabilidad del Serfor.
En el caso de la propuesta de Ley de la Minería a Pequeña Escala (MAPE), el último 30 de octubre, el presidente de la Comisión de Energía y Minas solicitó su archivo. La propuesta planteaba un nuevo marco normativo para la minería artesanal.
Aunque se presentó como una herramienta para promover la formalización, organizaciones ambientales advirtieron que podría permitir la expansión de la minería informal sin controles ambientales suficientes, sobre todo, en zonas de alta vulnerabilidad ecológica.
Según los especialistas consultados, estas 12 iniciativas buscan reconfigurar el marco forestal del país. “Estamos pasando de un régimen forestal a un régimen agrícola. El régimen forestal es de protección y el régimen agrícola tiene otra lógica, de explotación”, advirtió el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
OjoPúblico se contactó con los congresistas y voceros de las bancadas que han promovido estas iniciativas. Los representantes de Somos Perú y Acción Popular fueron los únicos que respondieron.
Edwin Martínez, vocero de la bancada de Acción Popular, envió una imagen en la que explica que el proyecto 12215 busca actualizar cada seis meses la categorización de los pueblos indígenas en aislamiento con la participación de un “equipo multidisciplinario”.
Añadió que el 8667 declara de interés nacional la Hidrovía Amazónica, condicionando su ejecución a la “factibilidad técnica, ambiental y cultural previa consulta a la población indígena”.
Por su parte, Ana Zegarra Saboya, de Somos Perú, señaló que su propuesta, que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Corredor Económico Chancay–Loreto–Brasil, no será vinculante.
“Es solamente una ley declarativa. Lo que buscamos es darle la importancia a la Amazonía peruana”, indicó. La congresista evitó pronunciarse sobre los incentivos que generan megaproyectos de ese tipo para actividades ilegales.
Si desean leer el reportaje completo y acceder a todos los detalles de la investigación, pueden encontrar el artículo original en Ojo Público:
https://ojo-publico.com/5973/los-rostros-detras-las-leyes-que-amenazan-la-amazonia
