A dos meses del derrame de petróleo en el río Amazonas, veintidós comunidades indígenas amazónicas y ribereñas siguen lidiando con serias afectaciones debido a la contaminación de su única fuente de agua. Los pobladores denuncian la falta de una respuesta efectiva, transparente y con garantías de reparación, que garantice la limpieza integral de la zona y la confirmación de que el río se haya recuperado.
Foto: Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
16 de junio de 2026, Yanashi (Loreto). – El 10 de abril, se produjo un nuevo incidente de derrame de petróleo en la confluencia del río Amazonas y el río Napo, en la provincia de Maynas, como resultado del choque de un convoy fluvial que operaba la empresa LM Navegación y Transporte LTDA bajo la supervisión de Petrotal, que transportaba alrededor de 50 mil barriles de crudo desde el lote 95, situado en la zona de Puhinahua, con destino a Manaos, Brasil. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),el volumen derramado asciende a 285 barriles, contaminando alrededor de 22 comunidades desde la comunidad nativa Capironal hasta la quebrada Yanashi.
Aunque la primera respuesta del gobierno peruano se produjo por medio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que llevó a cabo labores de supervisión y evaluación de la calidad del agua desde el 11 de abril, las comunidades indígenas y ribereñas reportan que, luego de dos semanas del suceso, recién se adoptaron medidas preventivas que exigían a la empresa LM Navegación y Transporte LTDA suministrar agua gratuitamente a las comunidades perjudicadas hasta que la calidad del agua fuese restaurada.
“La empresa ha distribuido el agua de forma tardía e irregular y ahora se está proporcionando una segunda dotación de 30 litros por familia para que puedan satisfacer todas sus necesidades diarias, lo que demuestra que no han respondido a la urgencia ambiental con la rapidez necesaria. Además, la distribución de víveres ya está por terminar y la empresa alega que era un compromiso voluntario, no una obligación establecida por OEFA, motivo por el cual se niega a continuar con la entrega.”, menciona Laizamon Torres Cumapa, representante de las comunidades afectadas.
Esta posición de la empresa reduce a un trámite administrativo lo que representa una crisis ambiental y de salubridad para las comunidades, cuya principal fuente de alimento, el río Amazonas, registra en los últimos meses una progresiva degradación, debido a la grave contaminación de hidrocarburos.
Las comunidades indígenas y ribereñas se organizan por sus derechos.
Ante la clara retirada de la empresa responsable de la limpieza del río, Clean Pacific, la comunidad se ha movilizado para denunciar que el río continúa mostrando señales de contaminación. “Aunque inicialmente parecía que la limpieza se había completado, el petróleo quedó adherido y con el aumento del nivel de agua no se percibía ningún rastro del crudo, pero después de la bajante, el crudo volvió a salir a la superficie y a seguir apareciendo en las riberas”, señaló el dirigente.
Frente a esta situación crítica, la población se organizó de manera autónoma a través del comité de autoridades, contando con apoyo legal para exigir un plan urgente de contención y remediación ambiental que determine las responsabilidades y la reparación de los daños ocasionados. Asimismo, se está pidiendo una sanción administrativa para las empresas LM Transportes y Navegación Ltda, Petrotal y la empresa compradora del crudo, por presunta negligencia en la selección y control de la embarcación. Según los representantes de las comunidades afectadas los transportistas no cumplían requisitos técnicos y documentarios, y tras el derrame siguió navegando sin activar un plan de contención, causando una contaminación de gran escala.
Foto: Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
Por otro lado, tras la visita de la OEFA y autoridades regionales a dos meses del incidente, las comunidades indígenas y ribereñas manifestaron gran descontento con las inconsistencias y la falta de informes exhaustivos con respecto al impacto del derrame por parte de organizaciones competentes. “Por un lado, la Autoridad del agua (ANA) había presentado un informe reconociendo la afectación; sin embargo el informe de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) indicaba que las áreas contaminadas ya están libres de hidrocarburos”, recalcaron los representantes de las comunidades afectadas.
En su pronunciamiento, manifestaron que las medidas de reparación han sido insuficientes, la población se encuentra abandonada y sin acceso al uso de agua potable para sus actividades diarias mientras siguen expuestos a riesgos para su salud y subsistencia.
“Desde el incidente solo se ha distribuido dos canasta con víveres y 30 litros de agua por familia, por lo que la población se ha visto obligada a usar el agua de las lluvias y, cuando esta se acaba, no queda de otra que usar el agua de las quebradas contaminadas para bañarse, cocinar y realizar sus actividades diarias”, señaló Cesar Caro, sacerdote y administrador apostólico del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, quien ha ido acompañando el proceso.
Ante la situación de emergencia, el 11 de junio se realizó una reunión de emergencia en la ciudad de Iquitos, congregando a diversas autoridades locales y regionales vinculadas al caso. En este espacio, se acordó una reunión el 28 de junio con representantes de la PCM y autoridades nacionales para definir las medidas de contención y reparación ante el derrame de petróleo del mes de abril, contando con un nuevo análisis del agua y la participación de todos los responsables.
Al cierre de la nota la empresa responsable, LM Transportes y Navegación Ltda, ha arreglado dos pozos antiguos para el suministro de agua potable mientras se continúa la limpieza de las áreas afectadas, y se ha comprometido a la creación de seis pozos más.
