Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos en las regiones de Junín, Ucayali y Loreto han provocado una grave crisis humanitaria en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado y la desatención histórica a las demandas de los pueblos originarios agravan la situación, poniendo en riesgo la vida, la salud y los derechos humanos de miles de personas, especialmente de los pueblos indígenas amazónicos.
En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.
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