Comunidades Achuar, Urarina y Kukama-kukamiria, a través de sus organizaciones indígenas representativas, consensuaron junto a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Perupetro el plan de consulta previa del Lote 8. Se trata de una serie de criterios que buscan que se garantice el respeto de los derechos de los pueblos indígenas durante el proceso de consulta para la explotación de petróleo por 30 años más en sus territorios.
Pueblos indígenas Kukama-Kukamiria y Urarinas tras la aprobación del plan de consulta previa con el Estado. Foto: CAAAP
Por: CAAAP
12:00 | 06 de junio de 2023.- Comunidades nativas y ribereñas pertenecientes al ámbito de influencia del Lote 8, en Loreto, elaboraron y suscribieron con representantes del Estado el plan de consulta previa. El documento tiene como objetivo que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos durante el proceso de consulta previa para la explotación de hidrocarburos por 30 años más en sus territorios ancestrales.
Este instrumento, utilizado para garantizar la participación y el consentimiento informado de las comunidades en las decisiones o proyectos que puedan afectar sus derechos, territorios o recursos naturales; establece los procedimientos, criterios y etapas para llevar a cabo la consulta, y busca asegurar que tengan la oportunidad de expresar sus opiniones, conocer los impactos potenciales y negociar acuerdos justos y equitativos.
Tras 50 años de explotación de hidrocarburos en sus territorios, los pueblos indígenas de la Amazonía peruana tienen presente la responsabilidad del Estado por la contaminación ambiental y la vulneración de sus derechos, así como el beneficio desigual de las actividades extractivas. Por esta razón exigen que la consulta previa se desarrolle respetando la institucionalidad indígena, el acceso a la información rigurosa, una traducción adecuada, la participación de sectores del Estado, entre otros.
En ese contexto, del 29 de mayo al 2 de junio, en el distrito de Nauta, Loreto, las comunidades representadas por la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes (FENACO) y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FENACOR), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), así como la comunidad Kichwa Francisco Bolognesi, sostuvieron reuniones preparativas con representantes del MINEM, a través de su Oficina de Gestión de Diálogo y Participación, y Perupetro. El Ministerio de Cultura también estuvo presente como asesor técnico.
Representantes de una comunidad Kichwa y 14 comunidades Achuar participaron de las reuniones con el Estado. Foto: Diario La Región
El objetivo era elaborar y aprobar el plan de consulta previa del Lote 8, consensuando el contenido de cada una de las partes del proceso y el rol de cada actor involucrado. Los acuerdos permitieron establecer un cronograma general, así como el compromiso de actuar con la debida diligencia y colaborar con el cumplimiento de las tareas mencionadas en el plan de consulta aprobado por los pueblos indígenas asentados en los distritos de Trompeteros, Urarinas y Tigre de la provincia de Loreto.
“El Estado, Perupetro y el MINEM han pretendido hacer de oficio la consulta porque es un mandato de la ley que tiene la obligación de consultar a los pueblos. Han traído un modelo de plan que han pretendido imponer a las comunidades. No ha habido buena fe. Las federaciones indígenas, por su parte, han participado contando con una voluntad de unidad que busca lo mismo”, mencionó Peter Rodríguez, asesor técnico de la plataforma PUINAMUDT.
Clausulas sociales y ambientales
Siguiendo esa línea, en la etapa de diálogo del plan de consulta se menciona que los acuerdos que resulten de este proceso serán de carácter obligatorio. Según la Ley de Consulta Previa y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a pedido de las federaciones indígenas, se estableció que el Estado deberá respetarlos incluso si implica la modificación del proyecto de contrato entregado en el proceso de consulta previa.
Líderes indígenas de la plataforma Cuatro Cuencas durante las reuniones preparatorias con el Estado. Foto: CAAAP.
Del mismo modo, en esta etapa se incorporarán cláusulas ambientales y sociales que serán consensuadas entre el Estado y los pueblos indígenas. Un antecedente de esta situación que ya se ha dado también en el caso del Lote 192. Estos acuerdos serán incluidos en el contrato de licencia temporal del Lote 8, si corresponde, de acuerdo con lo que establece el plan de consulta previa.
Remediación y reparación
Asimismo, en el diálogo con los funcionarios del Estado, las federaciones indígenas solicitaron el cambio y renovación de las tuberías del oleoducto norperuano, así como la remediación de los sitios impactados y la atención en salud de la población. También se pidió informar sobre los avances de la remediación ambiental de los sitios impactados en el Lote 8 y el Plan de Abandono de Pluspetrol, y asegurar un compromiso concreto respecto a la atención en salud y el acceso a agua potable de los poblaciones indígenas u originarias durante las próximas décadas.
Teobaldo Flores, apu de la comunidad de San José de Saramuro, perteneciente a ACODECOSPAT, recordó que han tenido que pasar 50 años para que se desarrolle un proceso de consulta previa y se incluya la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. El dirigente enfatizó que es necesario que se cumpla con la reparación y remediación de los sitios contaminados por el crudo antes que entre otra empresa para seguir explotando.
Como se recuerda, desde que Pluspetrol Norte, empresa hoy en liquidación, empezó a operar los lotes petroleros de la Amazonía peruana, se han devastado los ecosistemas y puesto en peligro la salud de más de 60 comunidades nativas de la región Loreto. Son más de quince años de derrames petroleros que han liberado en sus ríos metales pesados como plomo, cadmio, bario y arsénico.
Durante la pademia de la COVID-19, se registraron 45 derrames de hidrocarburos en la región Loreto, solo de marzo de 2020 a julio de 2021. Casi la mitad de ellos ocurrieron en el Lote 8. Además, un informe gubernamental de 2019 atribuyó múltiples cánceres, enfermedades congénitas, trastornos cognitivos y altas tasas de mortalidad a la contaminación causada por Pluspetrol.
