Solicita elaboren Plan Nacional y Regional de prevención y atención intercultural, que responda a realidad en comunidades, con participación de organizaciones indígenas a nivel nacional, regional y local.
Foto: DIRESA Loreto
10:50|05 de abril de 2020.- Mediante dos oficios especialmente enfáticos, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Viceministra de Salud Pública y al Gobernador Regional de Loreto, elaborar e implementar medidas que atiendan la realidad y escenarios de riesgo en comunidades indígenas a propósito de la emergencia sanitaria actual.
A casi un mes de detectarse el primer caso de Covid-19 en Perú, el gobierno, en sus distintos niveles, no posee una propuesta concreta que se oriente a contener la expansión y mitigar los posibles impactos de la pandemia en comunidades indígenas. Diversas organizaciones indígenas a nivel nacional, regional y local han hecho un llamado a las autoridades y exigido acciones, sin que exista aún respuestas concretas. Ahora, la Defensoría se ha sumado a las peticiones.
El oficio dirigido a Nancy Zerpa, actual Viceministra de Salud Pública, señala que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Cultura, gobiernos regionales y organizaciones indígenas, debe elaborar e implementar un plan nacional de prevención y atención intercultural del COVID-19, que aborde “el acceso, la disponibilidad y la calidad del derecho a la salud, así como el control y vigilancia de los principales accesos a las comunidades indígenas”, entre otros.
La solicitud de la Defensoría del Pueblo encuentra respaldo además en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que a final de marzo recomendó a los gobiernos, considerando el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, “incluir representantes, líderes y autoridades tradicionales indígenas en los comités o entidades de respuesta a la pandemia del COVID-19, durante la emergencia como en las acciones posteriores”.
“[El] Estado Peruano se encuentra obligado a atender, de manera eficaz y con pertinencia cultural, las necesidades y demandas que esta población requiera, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT y diversos organismos internacionales”, precisa el oficio. También recuerda que la Organización de Estados Americanos ha solicitado a sus Estados Miembros, ante la crisis actual, especial atención a pueblos indígenas “debiendo trabajar protocolos específicos orientados a resguardar su salud y bienestar”.
En el mismo docuento la Defensoría ha manifestado, ante las reiteradas denuncias de organizaciones indígenas, que le preocupa la falta de personal, insumos y medicamentos para responder a la pandemia, lo cual se agravaría si el flujo de atención y traslado de pacientes no es rápido ni adecuado.
Loreto, escenario de alto riesgo para pueblos indígena
La situación en Loreto despierta especial alarma. De acuerdo al último censo, la región alberga casi 60 mil indígenas que se establecen en 1560 comunidades pertenecientes a alguno de los 32 pueblos indígenas identificados en Loreto. A la fecha, cifras oficiales indican que son 144 los casos positivos de Covid-19 en la región y dos fallecidos. Cuatro de los casos positivos fueron hallados en Nauta, ciudad de gran presencia indígena y puerto principal que comunica a comunidades indígenas con centros urbanos.
En oficio del 2 de abril, la Defensoría del Pueblo precisa al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ocho recomendaciones, donde destacan también elaborar e implementar “un Plan de Contingencia Regional contra el COVID-19, con pertinencia cultural”, así como “coordinar y articular” con organizaciones.
El 24 de marzo, la Dirección Regional de Salud de Loreto remitió oficios a organizaciones indígenas de la región para implementar un “sistema de vigilancia complementario para casos de Coronavirus” denominado “notificación epidemiológica telefónica”, algo que que basicamente consiste en llamadas por teléfono a líderes indígenas para saber lo que sucede en sus comunidades.
La Defensoría también precisa que debe asegurarse “una adecuada ejecución de los 40 millones de soles destinados [por el gobierno nacional] a optimizar la capacidad operativa de los establecimientos de salud en la región”.
El oficio invoca a coordinar con los ministerios de Defensa y del Interior el reforzamiento de control del tránsito terrestre y fluvial, para cumplir las medidas de inmovilización social. En una reciente comunicación desde Nauta, Radio Ucamara reportó que el transporte fluvial y terrestre no ha tenido control en la zona, pues se han visto operando a empresas de turismo, de traslado de pescado y de pasajeros.
Organizaciones indígenas también exigen participación
Organizaciones como AIDESEP y ORPIO se han pronunciado frente al Estado reclamando una mayor participación en la planificación de acciones frente a la Emergencia del Covid-19. Las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, emitieron el 27 de marzo un pronunciamiento reclamando también participación y otras acciones, como abastecimiento de establecimientos de salud, bonos de apoyo a comunidades, entre otros; este pronunciamiento se remitió a funcionarios del MINCU y hasta el momento el ministerio no responde.
Hasta el momento, el Estado ha otorgado a las organizaciones indígenas básicamente un rol de informativo. Se conoce que hubo reuniones con la organización nacional AIDESEP, pero los resultados de esas reuniones no se han hecho públicos. Responsables del MINCU se han comunicado con federaciones como ACODECOSPAT, pero solo para recoger información, no con una voluntad de articular acciones.
De otro lado, la Ministra de Cultura no ha reportado a la sociedad civil sus gestiones ni avances en materia indígena en los reportes diarios que ha mediodía realiza el poder ejecutivo en el marco del actual Estado de Emergencia; a presar que desde el 25 de marzo, mediante la RM N° 109-2020-MC, tuviera acciones precisas en dicha materia.
El Convenio 169 de la OIT es claro al señalar, en su artículo 25, que «Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control» y que dichos servicios «deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales».
El escenario general en Perú, alertado con acierto y detalle por la Defensoría del Pueblo, evidencia una falta de reacción en todos los niveles del Estado, lo cual puede acabar en resultados lamentables. La expasión de la pandemia en comunidades generaría, en las condiciones actuales, nuevamente, dramáticas consecuencia en la población indígena. Se espera que las instituciones públicas tengan prontas y acertadas respuestas, cumplan sus obligaciones, aseguren derechos fundamentales y derechos de los pueblos indígenas.
Fuente: PUINAMUDT
