Por Richard O’Diana Rocca[1]
Ismael Vega[2]
Este año se presenta particularmente complicado para los pueblos indígenas. La profundización del modelo de crecimiento implementado por el Gobierno de Humala en su último año de gestión y la mayor flexibilización en materia de derechos indígenas y estándares ambientales significan verdaderas amenazas a sus derechos y territorios.
Algunos de los temas y problemáticas más relevantes que el gobierno debe afrontar en relación a los pueblos indígenas, tienen que ver con el territorio y la consulta previa. Si no existe voluntad política del gobierno de Humala para solucionar algunos de estos problemas, nos veríamos en un escenario de conflictividad e ingobernabilidad en la Amazonía. Explicamos a continuación algunos de estos problemas.
Consulta previa en hidrocarburos
Hasta el momento se han realizado siete consultas previas en el país: dos de ellas en áreas naturales protegidas y cinco de ellas en el ámbito de hidrocarburos. Perupetro anunció a finales del año pasado que los cinco lotes consultados, lotes 169 (Ucayali), 195 (Ucayali y Huánuco), 164 (Loreto), 175 (Junín y Ucayali) y 189 (Ucayali), serán licitados en este 2015. Esta será la prueba de fuego para comprobar la eficiencia de los acuerdos alcanzados entre funcionarios y pueblos indígenas en las consultas señaladas. De los acuerdos a los que se llegaron dependerá mucho la legitimidad de alguna posible protesta en torno a estos lotes.
Pero además se implementará la consulta previa en hasta siete lotes petroleros: lotes 181 (San Martín y Loreto), 157 (Madre de Dios), 191 (Madre de Dios), 165 (Loreto), 177 (Loreto), 198 (Loreto) y 197 (Loreto). Mientras que resultó sintomático que cuatro de los cinco lotes consultados se encuentran (o al menos parte de ellos) en Ucayali, ahora el gobierno afrontará un reto mayor al consultar lotes en zonas tan conflictivas como madre de Dios (con toda la carga de la minería ilegal e informal) y Loreto, la cual afronta gran cantidad de retos y pasivos ambientales como veremos a continuación.
El lote 192
El lote 192 (ex lote 1AB) es uno de los lotes más importantes del país. Ubicado en el Datem del Marañón, Loreto, el lote 192 representa el 20% de la producción nacional. Pero a su vez ha significado casi cuarenta años de conflictos que afectan directamente a los pueblos indígenas Achuar y Kichwa, representados por las federaciones Federación de Comunidades Nativas del río Tigre (FECONAT), Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO), Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) de las comunidades indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
Los daños producidos primero por Oxy y luego por Pluspetrol han dejado una situación muy grave en la zona del lote, lo que provocó la declaratoria de emergencia ambiental y el establecimiento de una mesa de negociaciones entre las federaciones y la Presidencia del Consejo de Ministros. Al ser dejadas de lado las pretensiones de remediación ambiental, titulación e indemnización, las federaciones se encuentran preparando sendas demandas contra el Estado. Todo esto en medio de la urgencia por parte del Estado de buscar una nueva adjudicación o prorrogar el contrato de Pluspetrol en el lote 192, el cual vence en agosto de 2015.
La avalancha de demandas judiciales por omisión de consulta previa
Mientras el tema de la implementación de consulta previa avanza, por un cauce paralelo va el tema de aquellos proyectos que no han sido considerados como el Estado como potenciales medidas a ser consultadas. Recordemos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está vigente en el Perú desde 1995, pero a pesar de ello el Estado insiste en que la consulta previa solo puede haberse realizado desde el año 2011, año en el que entró en vigencia la ley 29785, ley de consulta previa. Esto se comprueba cuando diversas peticiones de consulta previa reciben, de parte del Ministerio de Energía y Minas y del mismísimo Viceministerio de Interculturalidad, la respuesta que la Consulta Previa está vigente desde el 2011 y que no puede consultarse alguna medida anterior.
Este desconocimiento por parte de las entidades del Estado ha provocado una serie de demandas de amparo que ya se han insertado en el sistema judicial, buscando la paralización de diversos proyectos y la realización de consultas previas. De esta forma, tenemos departamentos como Puno que tiene ya cuatro demandas por omisión de consulta previa en minería (comunidades Chila Chambilla, Arboleda Tiquillaca, San José de Llungo y las once comunidades de Atuncolla), o el caso del lote 116 en Amazonas, el cual presenta la primera demanda de amparo admitida por omisión de consulta en materia de hidrocarburos. Muestra paradigmática de lo importante que es hacer seguimiento de estos procesos es la sentencia del juez mixto de Nauta que declaró fundada la demanda de las comunidades Kukama y por la cual ordena a PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transporte a suspender y consultar el importante proyecto de Hidrovías.
Territorialidad y las nuevas propuestas
Finalmente, uno de los temas que marcarán la agenda este año serán las propuestas sobre territorio de los propios pueblos indígenas. En un contexto marcado por las propuesta de Ordenamiento Territorial de parte de la sociedad civil (y su consecuente resistencia por parte del Estado), las comunidades y federaciones están preparando propuestas en las que ellas mismas determinan las formas de regular su propiedad y sus territorios. Así, el pueblo Achuar busca que se le titule como dueño de un territorio integral y ya inició un procedimiento administrativo frente al Gobierno Regional de Loreto. Además, la Federación de Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y la de la Coordinadora Regional de Los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) ya han elaborado borradores de sus propuestas de la disposición sorbe sus territorios.
Como vemos, el 2015 se presenta con problemáticas y temas pendientes que de no solucionarse se traducirá en mayor conflictividad y confrontación entre el Estado y los pueblos indígenas. El último tramo de la gestión de Humala no será menos complicado que los anteriores. ¿Podrán la PCM, MEF, MINEM, MINAM, Viceministerio de Interculturalidad y los demás aparatos del Estado manejar con prudencia y muñeca estos temas?, teniendo en cuenta que estamos en un año pre electoral?
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[1] Abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
[2] Investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
