La ejecución del proceso de consulta previa con participación de cinco comunidades indígenas para lograr la categorización del parque nacional Sierra del Divisor, ubicado entre las regiones Loreto y Ucayali, adyacente a la frontera con Brasil, destacó la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena.
Sostuvo que su sector monitorea al pueblo indígena que habita la reserva territorial isconahua, la cual vive en condición de aislamiento y antes de la creación del nuevo parque nacional estaban siendo amenazado por actividades nocivas, como la minería ilegal y la tala ilegal, entre otras.
La funcionaria recordó que con este propósito se realizó un proceso de consulta previa que culminó en 2014 y en el que participaron cinco pueblos indígenas. Allí se estableció este tipo de acuerdo entre estas comunidades y el Estado a favor de un objetivo común, que es la protección a la biodiversidad.
Protege biodiversad
“Lo que han hecho estas comunidades es decirle al Estado que también están a favor de proteger la biodiversidad que alberga el parque nacional y ceden sus derechos ancestrales para extraer los recursos naturales de esta zona porque reconocen la importancia de tener un parque nacional”, subrayó en diálogo con Canal N.
Enfatizó que al convertirse en parque nacional, Sierra del Divisor asume un nivel de intangibilidad y de regulación de actividades que pueden vulnerar esa condición, como la caza por ejemplo.
“Ellos van a ver reducidas su capacidad de cazar, puesto que puede haber un grupo de animales que pueden estar en riesgo. Lo mismo ocurre con la extracción de madera o la actividad agrícola extensiva. Por eso es importante señalar que el proceso de consulta previa permitió avanzar y ponerse de acuerdo en el objetivo común de preservar la biodiversidad de este parque nacional”.
Balbuena consideró que el régimen de visita a esta área natural protegida podría ser similar al que existe para los parques nacionales del Manu o Pacaya-Samiria.
“Corresponde al Ministerio del Ambiente establecer el plan de gestión de este nuevo parque nacional y las actividades que son posibles dentro de esta área natural protegida”, manifestó.
La viceministra afirmó que el sector Cultura trabaja con el portafolio del Ambiente en el propósito de proteger lo que se ha denominado “reservas territoriales”, que son una especie de parques nacionales, pero se diferencian de aquellos en que su finalidad es no solo proteger la biodiversidad natural, sino también a la población que vive en ese espacio, como ocurre con la población indígena isconahua, que reside en el parque nacional Sierra del Divisor.
La norma, que crea dicho parque fue publicada ayer y señala que el establecimiento del parque nacional Sierra del Divisor “deja a salvo los derechos colectivos y los derechos reales, uso y manejo de los recursos naturales renovables para su subsistencia a favor del pueblo indígena isconahua en situación de aislamiento.
Esfuerzo conjunto
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la publicación del decreto supremo que aprueba la categorización de la zona reservada Sierra del Divisor en parque nacional.
A través de su cuenta Twitter, subrayó que la referida norma es el resultado del esfuerzo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio del Ambiente y del Gobierno.
Pulgar-Vidal dijo que se trata de una extensión de más de 1’354,485.10 kilómetros cuadrados que serán importantes en las acciones que implementa nuestro país frente al cambio climático, en el marco de la COP21, que se inicia en París, Francia, a fines de noviembre.
El artículo 1 del decreto supremo, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que el parque nacional Sierra del Divisor comprende parte de los distritos de Callería y Contamana (región Ucayali) y de los distritos de Alto Tapiche, Maquía, Yaquerana, Soplín y Emilio San Martín, (región Loreto).
Spda y defensoría
El establecimiento del parque nacional Sierra del Divisor ayudará a poner en valor una zona única para el Perú y el mundo y, asimismo, a controlar las amenazas que afectan esta zona, como la tala ilegal y el cultivo ilegal de coca, sostuvo Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien saludó la categorización de esta área natural protegida por el Estado.
La Defensoría del Pueblo también saludó la decisión del Ejecutivo de promulgar el decreto supremo que crea dicho parque, cumpliendo los acuerdos de una consulta con los pueblos indígenas matsés, ashéninka, huambisa, isconahua y shipibo-conibo.
